16J, 30J y Dos Documentos

Estamos en el punto en que creo que es necesario hablar más frecuentemente de dos temas neurálgicos: ¿Cómo salimos de esta crisis?, de la situación política que vive el país, y ¿Qué viene después?, o cómo reconstruimos el país. Aunque los dos temas son urgentes e importantes, el primero es mucho más espinoso, más difícil de abordar y encierra mucha más polémica y desacuerdos.

Ciertamente ha llegado el momento, aunque los más radicales de ambos lados no lo admitan, de sentarse a evaluar cómo se termina este conflicto. Y no es ningún secreto que ambas partes por su cuenta, están discutiendo el punto y evaluando que estará pensando la otra parte y algunos hasta piensan en cómo se podrían tender algunos puentes. Y aun cuando estén ocurriendo algunos contactos, en algún nivel, obviamente ninguna de las partes va a admitir que esto sea así. Por lo tanto, examinemos lo que está ocurriendo en uno de los sectores, en este caso el opositor.

En este sentido, el 10 de julio, aparecieron dos documentos, firmados por actores y personas distintas, y proponen algunas alternativas para salir del conflicto. No voy a cometer el abuso de decir que son documentos “de la oposición”, pero si es válido decir que hay mucho interés entre sus firmantes en que el movimiento democrático opositor, ese que se congrega alrededor de la MUD, los considere. Como quiera que los dos documentos tienen la misma fecha, los comentare en el orden en que llegaron a mis manos. No pretendo hacer un examen exhaustivo de los mismos, los resumiré brevemente sobre todo en aquellos aspectos sobre los cuales hare mis comentarios, lo que significa que obviamente resaltare algunos –los que me interesan– y omitiré otros, por lo que e invito a quienes me lean a buscar los documentos, que seguramente serán fáciles de encontrar.

El primero de ellos, denominado: “Llamado al Entendimiento Nacional”, está firmado por unas 60 personas, personalidades conocidas del mundo político, intelectual, académico, etc. que sería largo e innecesario enumerar. En el documento se hace un análisis muy somero de la situación del país, a la que sin embargo se califica de “inédita crisis política, económica y social… la mayor… de los últimos cien años de nuestra historia republicana…” y afirma que sin duda se agravara si no hacemos algo por evitar “…la escalada de la confrontación”. Esta alusión es muy clara, pero no se detiene mucho este documento en analizar o pormenorizar las características de la crisis que vive el país. En un párrafo resume a los principales males que aquejan a la población: el alto costo de los bienes, el desabastecimiento, el deterioro de los servicios públicos y la necesidad de ocuparse de manera prioritaria de “… los problemas económicos, financieros y sociales, en particular lo relacionado con alimentos y medicamentos…”.

Lo político es, para mí, lo más llamativo y destaca de manera especial este documento –y al hacerlo obviamente los condena– los infaustos hechos de violencia protagonizados “…por grupos armados al Capitolio Federal y a los diputados, invitados y periodistas…” el pasado 5 de julio. Se pronuncia también porque todos nos orientemos “… a asegurar el pleno funcionamiento de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho…” y destaca como regla básica de la democracia “…que el pueblo se exprese libremente y de que su voluntad sea respetada…”, que es toda una declaración, a mi modo de ver, de una de nuestras carencias políticas básicas y que caracterizan la dictadura bajo la cual vivimos.

En mi opinión el énfasis del documento –al menos en lo que a mi interés concierne– está en el llamado que hace “…a abordar sin demora alguna la búsqueda de entendimientos mínimos sobre las materias controversiales conforme a una agenda convenida de común acuerdo.” Y a eso me referiré a continuación.

Lo primero que resalta es la necesidad de “remover obstáculos” y como tal califica a la convocatoria de la ANC, por lo que propone al régimen suspender la elección del 30 de julio. Naturalmente estoy de acuerdo. Tanto la intención de esa convocatoria, como la forma, sus bases comiciales, etc. son no solo una violación de la constitución, sino la flagrante demostración de que vivimos en una dictadura en la que el poder, sustentado únicamente en las armas, pretende imponerle a la mayoría del país los deseo de una minoría, de un minúsculo grupo enquistado en Miraflores, el TSJ, el CNE y en parte del Poder Ciudadano.

Concluye el documento proponiendo un mecanismo para llegar a acuerdos, integrado este mecanismo por la Santa Sede, como mediador que “… ayude a construir confianza, a acercar posiciones y a promover acuerdos” y que actuaría también como vocero, complementado con un grupo de “países amigos” escogidos de mutuo acuerdo entre las partes, que además “… actúen como garantes” para verificar que se cumpla lo acordado. En síntesis, creo que este es el propósito del documento, una propuesta de mediación, previa remoción de obstáculos como la elección de la ANC.

Naturalmente esta propuesta tendrá que vencer dos resistencias iniciales de las malas experiencias anteriores. Una, la ronda de “dialogo” que se celebro entre octubre y diciembre de 2016, con actores algo similares –la Santa sede y tres expresidentes– que fue un estruendoso fracaso por el incumplimiento por parte de Gobierno de los acuerdos a los que se había comprometido en las reuniones de dialogo. Y dos, la experiencia que tuvimos como resultado de las rondas de negociaciones de 2003 – la que encabezó Gaviria, por parte de la OEA– y que se demoró más de un año en aplicarse lo acordado, sin que los “países garantes” o “amigos” hicieran nada por impedir ese retraso lo que dio tiempo al gobierno de Hugo Chávez Frías de desarrollar una serie de políticas populistas para recuperar su imagen y ganar el referendo revocatorio. Si esa “resistencia” se vence, en lo personal creo que el camino de la mediación puede ser adecuado, siempre y cuando las partes, especialmente la dictadura, que es quien tiene que ceder más en una serie de puntos, cumpla con lo que se acuerde.

El segundo documento, está encabezado por la frase:“Detengamos la violencia con un diálogo nacional incluyente” y viene firmado por un grupo de organizaciones entre las que destacan –sin ser las únicas– las integradas por ex altos funcionarios y ministros del gobierno de Hugo Chávez Frías; entre las organizaciones firmantes se encuentran Alternativa 1, De Frente con Venezuela, Fundahumanos, La Plataforma Ciudadana de Defensa de la Constitución, Movimiento Amplio Desafío de Todos, Movimiento al Socialismo y Soluciones.

En la parte descriptiva con relación a la crisis, no tengo mayores diferencias, excepto algunos matices, que no viene al caso resaltar. En materia política los firmantes del documento se declaran: “partidarios de un diálogo y un acuerdo nacional, que incluya al Gobierno, a la MUD y a los sectores políticos y sociales no polarizados, que permita iniciar el rescate de Constitución” y señalan que esa posibilidad se dificulta por la convocatoria a  “…elegir una Constituyente monopartidista el próximo 30 de julio, y la convocatoria por la dirección de la MUD de un plebiscito para la conformación de un ‘gobierno de unión nacional’”, que de concretarse produciría “… un ‘gobierno paralelo’ claramente inconstitucional versus un gobierno real autoinvestido con ‘poderes supra constitucionales’ ” que al extremarse podría concluir en una guerra civil. Esta caracterización política me parece un tanto dura con la MUD, al calificar su opción como “gobierno paralelo claramente inconstitucional” y una tanto “blanda” al caracterizar de “gobierno real autoinvestido con poderes supra constitucionales” a lo que no es más que una dictadura. Pero entiendo que la MUD ocupa el espacio político que este grupo desea ocupara, en tanto que el régimen, para una buena parte de ellos fue su referencia durante casi tres lustros y no es algo de lo uno se desprende fácilmente.

De allí pasan a concretar sus propuestas, y aquí si debo decir que me parecen sesgadas y desubicadas; en síntesis, y con mis comentarios, el documento propone a la oposición que:

  • dejen la calle –que ha sido uno de los factores que en esta fase ha acorralado a la dictadura– y vengan al dialogo, del cual la oposición salió apaleada la última vez
  • desmonten el plebiscito del 16J, que es claramente una propuesta que ha descolocado a la dictadura, que no encuentra como manejar
  • abandonen la solicitud de que Maduro se vaya, que es uno de los elementos de fuerza de la oposición desde que el régimen cancelo inconstitucionalmente el referendo revocatorio
  • incorporen en la discusión y negociación a otros grupos, empezando obviamente por ellos, que ya algunos se quejaban de no haber sido incluidos en las pasadas sesiones de dialogo de finales de 2016

Y a cambio de eso, la propuesta hacia el gobierno de Nicolás Maduro seria que:

  • abandone la convocatoria a la ANC; que debo decir que es un acontecimiento sobrevenido con el cual la dictadura se pretende defender del apuro en que la colocó la oposición tras tres meses de protestas
  • se realicen las elecciones de gobernadores y alcaldes; que en realidad son un derecho constitucional que el régimen arrebató al país
  • Maduro se quede hasta el 2019; al frente de una dictadura que trae sobre sus espaldas, además de la ineficiencia de varios años, 3 y 1/2 meses de protestas, mas de 90 muertos, miles de heridos, cientos de presos políticos, la AN asaltada 2 veces, dirigentes políticos inhabilitados, etc.

La propuesta de este documento, en mi opinión, solo restablece la situación al momento en que se iniciaron las protestas en el mes de abril. Menciona apenas de pasada el desconocimiento a la AN, pero nada dice de las sentencias 155 y 156 del TSJ que siguen vigentes y utilizándose, tampoco de las sentencias anteriores del TSJ, dictadas desde diciembre de 2015, que vulneran todo el estado de derecho; tampoco habla de los diputados de Amazonas; tampoco dice nada del nombramiento del vicefiscal ni el antejuicio de mérito a la fiscal, ni menciona a los presos políticos, ni a los inhabilitados, ni menciona nada del desarme de los paramilitares del régimen. Plantea una amenaza de guerra civil con participación extranjera, pero no menciona tampoco que es el régimen el que tiene las armas a su disposición (los fusiles que ahora menciona Arias Cárdenas) para someter a sus opositores.

Creo que es un documento, sin decir que ese sea su propósito, que por la manera en que se formulan sus propuestas, estas favorecen la opción del gobierno actual, desconoce el escalamiento que la dictadura ha hecho del conflicto y toma poco en cuenta los avances de la MUD y la sociedad civil en la lucha contra la dictadura.

@Ismael_Perez

Plebiscito, la Consulta Popular

Vale la pena destacar que, a pesar de la violencia desplegada por los agresores de la dictadura, no pudieron evitar que el pasado 5 de julio –además de escuchar el magnífico discurso de Inés Quintero– la Asamblea Nacional alcanzara otro de sus objetivos ese día: aprobar un Acuerdo sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución, por el cual se convoca a la consulta popular que había sido solicitada un par de días antes en un acto de la sociedad civil y los partidos de oposición.

Dicha consulta, que algunos denominan plebiscito, será nacional, se llevará a cabo el 16 de julio, en Venezuela y por todo el mundo, y constará de tres preguntas, que al mismo tiempo se constituyen en el programa de acción de la oposición para salir de la dictadura; se preguntará: 1) si se rechaza o no la elección de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva constitución; 2) si se aprueba o no que la Fuerza Armada Nacional y todo funcionario obedezca y defienda la actual Constitución Nacional; y 3) si se aprueba o no la renovación de los Poderes Públicos mediante elecciones libres y –sobre todo– la conformación de un Gobierno de Unión Nacional para restituir el orden constitucional del país. Dicho mas resumidamente: rechazo a la ANC madurista, apelación a la FAN y empleados públicos para que defiendan el orden constitucional vigente y conformación de un gobierno de unidad nacional.

No dedicaré tiempo a explicar los aspectos jurídicos de esta consulta, que el propio texto del Acuerdo explican y varios notables juristas han hecho y están haciendo, entre ellos recomiendo el texto de José Ignacio Hernández.

(http://prodavinci.com/blogs/sobre-la-constitucionalidad-de-la-consulta-popular-del-16-de-julio-por-jose-ignacio-hernandez/ )

Tampoco dedicaré tiempo a justificar las implicaciones y ventajas políticas de esta actividad. Baste decir dos cosas, una, que es una extraordinaria manera de movilizar, organizar y poner a participar a varios millones de venezolanos, para decirle al país, a la FAN, al régimen dictatorial y al mundo, que el tiempo de la dictadura llega a su fin y hay varios millones de venezolanos que así lo declaran, lo desean y están comprometidos en lograrlo. Y dos, que no dudo que será una masiva movilización con el entusiasmo y la motivación ciudadana, equiparable a la de las últimas jornadas de recolección de firmas para dar inicio al proceso de referéndum revocatorio –inconstitucionalmente suspendido por el CNE, en complicidad y bajo órdenes de la dictadura– y que se lograrán varios millones de votos y firmas a nivel nacional y sin duda una cifra cercana al millón de votos y firmas  en el exterior, en cada rincón en donde haya un venezolano, ratificando y rescatando de esta manera el valor del voto.

Precisamente porque se vislumbra ese éxito, es bueno dedicar tiempo entonces  a analizar cuáles serán los esfuerzos que desarrollará el régimen para tratar de impedir –que no podrá– o mitigar el impacto político de esta consulta popular.

El régimen inmediatamente entendió el impacto de esta actividad y el riesgo político que representa para él. No es “tolerable” para la dictadura el espectáculo de un país movilizado, masivamente, haciendo largas filas, para expresar su rechazo al actual régimen, ante los ojos del mundo, de sus cada vez más escasos seguidores y las FAN, su único soporte efectivo. No es difícil anticipar, por tanto, que el régimen hará lo posible, como dije, por intentar detener la consulta o mitigar su impacto político. Ahora que ya no cuenta con recursos económicos para comprar tiempo, apelará a sus “armas” acostumbradas: la amenaza, la intimidación y sobre todo la violencia directa de sus cuerpos represivos, o la de los matones armados con los que cuenta y que hemos visto actuar contra los manifestantes en estos tres meses, o sin ir muy lejos, contra la AN el pasado 5 de julio.

Sin caer en triunfalismos, generación de falsas expectativas o estimular excesos de confianza que hagan bajar la guardia, esta vez, no será  fácil el empleo de la violencia, al menos generalizada geográficamente, por parte del régimen y sus matones. Son muchos los “puntos soberanos” en los cuales la gente estará ejerciendo su derecho a elegir y son puntos que se pueden “mover” fácilmente hacia lugares más seguros, de ser el caso. Además, será muy fácil para quienes viven en barriadas o en zonas muy populares, en donde los malandros del régimen ejercen la intimidación y el “control” político, moverse a votar y firmar hacia zonas de la ciudad donde ese “control” no es posible ejercerlo. Ya eso lo hemos visto y vivido en procesos anteriores de recolección de firmas.

La intimidación y la generación de confusión, será entonces, el arma más eficaz. Y en ese sentido, tres han sido ya las reacciones inmediatas. Primero una declaración de Nicolás Maduro, al día siguiente del anuncio de la oposición, afirmando que: “… nadie puede pretender convocar consultas públicas que tengan carácter vinculante violando la constitución…”. ¿Quién le abra dicho a Nicolás Maduro que se pretende hacer una consulta “vinculante” para él? si todos sabemos que para él y su régimen nada es “vinculante”, comenzando por la Constitución y las leyes, que violan cómo y cuando les parece. El carácter “vinculante” que él teme lo determinará la decisión de un pueblo dispuesto a rescatar la democracia y acabar con la dictadura y la consulta popular del 16 de julio será un paso muy importante en esa dirección. Aunque puedo entender que su temor real lo expresa esta frase, dicha el mismo día: “Nadie puede pretender instalar un Estado paralelo, ilegal, inconstitucional, improvisado”. Ese si es el temor de todo dictador que ha usurpado el poder y sabe que eso ocurrirá en la medida en que su dictadura siga cerrando todas las salidas democráticas, como ha sido, por ejemplo, cerrar la vía del voto. Pero sin duda lo que pretende el dictador con esta declaración es justificar las acciones que pueda emprender para impedir que se celebre esta consulta, amenazando a quienes la lleven adelante, entorpeciendo la libre circulación por el país el 16J, impidiendo el ingreso al país de periodistas y observadores invitados, con la excusa de que se trata de una actividad “ilegal”, o no amparada por el CNE, etc. Tratar de impedir esta consulta, sería como tratar de impedir que alguien hiciera una encuesta de opinión o seria violar todos los derechos políticos de los venezolanos que, entre otros, consagran la libertad de asociarse y la libre expresión de las ideas.

Otra reacción característica fue la del Alcalde del Municipio Libertador, jefe del comando de campaña Zamora 200, Jorge Rodríguez, quien rechazó la consulta popular afirmando que: “Esa pantomima del 16 de julio, no es más que un golpe de Estado”. Pero ojo, que con esta frase introduce un elemento adicional de amenaza, pues si se sienten muy presionados nada de raro tiene que empiecen o continúen los allanamientos de viviendas, apresamiento injustificado de opositores, sin pruebas y sin ordenes de tribunales –como es el caso de Roberto Picón Herrera, ilegalmente encarcelado en el SEBIN– para acusarlos de delitos como traición a la patria, subversión, o como dijo Rodríguez, de intento de golpe de estado.

Por último, está el intento de confundir. Mata Figueroa, Gobernador de Nueva Esparta y figura del PSUV anuncia en su cuenta de tuiter que para ese mismo día 16 de julio realizarán un “simulacro electoral para la constituyente”. No sé si esto es una decisión ya tomada y si contará con la complicidad del CNE, o si se trata de un evento regional o nacional, pero encaja perfectamente con las estrategias o respuestas que han hecho otras veces para provocar o sabotear eventos opositores, proponiendo actividades similares para el mismo día.

Como ya he dicho, para el régimen no es tolerable que a los ojos de sus partidarios y del mundo se vean multitudes haciendo largas filas expresando su rechazo al actual régimen; como creo que la violencia no les dará resultado –como ya han constatado tras tres meses de brutal represión a las manifestaciones opositoras, sin que estas mermen significativamente– una alternativa es generar confusión y seguramente sus medios televisivos –VTV y Telesur– y sus redes sociales saldrán diciendo que toda esa multitud que se ve en las calles por todo el país son los partidarios del régimen “apoyando la ANC”. Ya Telesur lo ha hecho en otros eventos opositores, que se los atribuyen como pro gobierno, y nada de raro tiene que lo vuelva a hacer.

Pero esta estrategia de intimidación y violencia será derrotada por los venezolanos, por ese 85% que quiere cambio, con millones de votos y firmas que se recogerán el 16 de julio, día que se expresará ese venezolano cansado de la falta de comida y medicinas, acorralado por el hampa, harto del alto costo de la vida y malos empleos, cansado de quedarse sin agua, sin gas y sin luz, mientras ve como se dilapidan los ingresos petroleros, harto de falsas promesas y de que ahora le vengan a decir que después de 18 años todo se va a resolver con una Asamblea Constituyente, que ni siquiera le consultaron si la quería convocar.

Pero eso solo será posible si mantenemos claro que el objetivo es realizar un evento masivo, que movilice millones de venezolanos en Venezuela y en el exterior; y para ello se requiere aplicar y mantener algunas reglas elementales:

  • Que se garantice el secreto del voto y la confidencialidad de los que firmen el Acta Compromiso, para que nadie sienta temor de votar y firmar, dada la desafortunada y trágica experiencia de la “Lista Toscón”.
  • Que estemos conscientes de que no se trata de complicar el proceso, como usualmente hace el CNE, sino mantenerlo simple y directo, para que la mayor cantidad de venezolanos, inscritos o no en el REP, se puedan expresar y lo hagan rápidamente.
  • Que se mantengan “flexibles” los llamados “puntos soberanos” para que puedan moverse rápidamente en el caso de agresiones.
  • Que para que los venezolanos se puedan expresar libremente, se deben poder desplazar a sitios seguros a votar y firmar; para ello es importante que en el encabezado del Acta de Compromiso, a firmar después de la votación, no se identifique estado, municipio o parroquia, datos que no agregan nada a la consulta, pues por ser una consulta nacional, no importa donde se vote o firme.
  • Que a quienes se acerquen a votar y firmar en el exterior solo se les exija C.I. o pasaporte, para comprobar su identidad y edad; los problemas de residencia que puedan tener es algo que solo conciernen al expatriado y el país anfitrión.
  • Que se facilite un mecanismo de “voto a distancia” en el exterior, para aquellos que no se puedan desplazar físicamente a los puntos designados.

Si estas reglas se mantienen, se dispone del material suficiente y se apela a la voluntad organizativa de los miles de venezolanos que se han manifestado en similares eventos anteriores y que durante estos tres meses han resistido la brutal represión del régimen, sin ceder espacios, el éxito estará garantizado.

@Ismael_Perez

La Fiscal General

Cedo a la tentación de comentar el episodio aún muy confuso del helicóptero,  –ya hay bastantes análisis e hipótesis circulando– y el de las intentonas de golpes de estado –en el que por cierto este régimen es experto– y prefiero referirme a un tema muy importante, lo que está ocurriendo con la Fiscal General de la Republica, Luisa Ortega Díaz, porque desde su aparición en la escena política oponiéndose a algunas medidas inconstitucionales del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, se ha suscitado una discusión que es bueno poner en contexto.

En este momento, más allá de los objetivos que persigue la oposición con la movilización emprendida hace más de 90 días (reconocimiento de las atribuciones de la AN, apertura de canal humanitario, libertad de presos políticos, restitución de los derechos de los inhabilitados, fijación de un cronograma electoral y desarme de los colectivos paramilitares) el objetivo inmediato más importante, de todos los venezolanos y no solo de la oposición representada en la MUD, es oponerse al proceso de elección e instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como la que está planteada.

Si esa Asamblea llega a instalarse, estará en grave peligro lo que queda de democracia y estado de derecho. Más allá de las amenazas que el régimen, a través de conspicuos voceros, como Cabello, Jaua, Istúriz, Rodríguez o el propio Nicolás Maduro, han hecho a la Fiscal General, a la Asamblea Nacional y a los diputados, es un hecho objetivo e innegable que la ANC puede cambiar a su antojo, capricho y conveniencia todo el ordenamiento jurídico del país y profundizar el llamado “proceso revolucionario” para convertir a Venezuela en una sucursal del totalitarismo mas abyecto que hayamos conocido. No vale la pena caer en mayores descripciones y caracterizaciones.

Por lo tanto, en el proceso de lucha contra este ominoso proceso de una minoría en el poder por instaurar una ANC en contra de la voluntad de la mayoría del país, ninguna ayuda es despreciable. Vendrá luego algún momento para ajustar las cuentas que sea necesario ajustar, para hacer verdadera justicia, que no venganza, y poner las cosas en su sitio.

Ese es el contexto en el que debemos entender las actuaciones de la Fiscal, Luisa Ortega Díaz. Sin duda las posiciones de la Fiscal son tanto jurídicas como políticas. Jurídicamente hablando, mientras tengamos este TSJ tienen muy pocas probabilidades de obtener decisiones favorables las demandas y recursos de la Fiscal; como cualquier demanda o recurso que intente algún opositor o cualquier persona que no esté acorde con la “revolución”. Pero políticamente hablando, el impacto de lo que haga la Fiscal es otra cosa.

La posición crítica hacía el régimen de Maduro de parte de la Fiscal General tiene algún tiempo desarrollándose; veamos algunos antecedentes. Desde hace un par de años, Luisa Ortega Díaz comenzó un proceso de distanciamiento o diferenciación con el “madurismo”. No olvidemos que su última designación en diciembre de 2014, por la Asamblea Nacional que presidia Cabello, ya fue muy polémica y contra la candidata del madurismo, una comadre de la “primera combatiente”, Miriam Morandy, ex magistrada del TSJ y juez de los casos de Iván Simonóvis, Henry Vivas, Lázaro Forero y “Mazuco” y se recordará que fue partícipe de un escándalo en Maiquetía cuando fue vista viajando con un narcotraficante, en 2015.

Después del nombramiento vendrían otros “enfrentamientos” de la Fiscal con el Gobierno. Sin hacer un listado exhaustivo, destaquemos algunos casos; por ejemplo con ocasión de la Resolución 8610 del Ministerio de la Defensa, de enero de 2015, que permite –contra lo establecido en el artículo 68 de la Constitución– que se utilicen armas de fuego para el control de las manifestaciones. También se han mencionado algunas actuaciones de la Fiscalía oponiéndose a ciertas actuaciones o acusaciones contra opositores al régimen, como fue el caso de su oposición a las citaciones al Sebin de los alcaldes Ocariz y Smolansky; y lo que se ha conocido recientemente acerca de su posición en diciembre de 2015 con la inconstitucional designación de los actuales magistrados del TSJ.

Y por supuesto, están sus últimas acciones, comenzando por sus declaraciones públicas en contra de la ruptura del orden constitucional, la más reciente después de las sentencias 469 y 470 en la cuales se crea una especie de Fiscalía paralela, confiriendo atribuciones propias del Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo (Sentencia 469) y la anulación –sin que nadie lo solicitara– del acto por la cual la Fiscal nombra al Vice Fiscal (Sentencia 470); recordemos también las declaraciones en contra de las sentencias 155 y 156 del TSJ, las declaraciones en contra de la convocatoria de la ANC, sus declaraciones contra la represión del Gobierno en las manifestaciones recientes –especialmente sobre las causas de la muerte del joven Juan Pernalete– y por supuesto, más allá de las declaraciones, su actuación con las demandas contra las bases comiciales de la ANC, la convocatoria de la ANC, contra la designación ilegal de los Magistrados del TSJ y su solicitud de antejuicio de mérito contra los magistrados de la Sala Constitucional.

Todo eso, sin duda, ha tenido un impacto político importante e innegable, que ha sacudido buena parte de las bases del Chavismo y ha puesto en dificultades al régimen madurista. ¿Cuáles son las intenciones de la Fiscal, más allá de lo aparente? ¿Tiene una vocación política de poder que motive estas actuaciones? ¿Hay algún grupo importante de chavistas, no maduristas, que la apoyan y que tienen interés político en el país? ¿Es Rodríguez Torres el “poder detrás del trono” que apoya a la Fiscal? ¿Tienen la Fiscal y el grupo que la apoya alguna carta escondida o documentos o pruebas comprometedoras en contra de los altos funcionarios del régimen? ¿Si es así porque no las han utilizado todavía? Para todas esas preguntas y parecidas, muy legítimas, no tengo ninguna respuesta, pero no me quitan el sueño.

Lo que sí confieso es que me pareció fuera de lugar en su última rueda de prensa su alusión negativa hacia la Asamblea Nacional (AN) y los diputados cuando hizo referencia –acertada por demás– al tema del “desacato” como no ajustado a derecho; porque eso es desconocer o negar lo que ha venido haciendo la AN, oponiéndose y negando el desacato, rechazando y desconociendo las sentencias del TSJ e invocando los artículos 333 y 350 de la constitución, mucho antes de que la Fiscal comenzara a actuar y criticar a la dictadura. Pero esa “velada” crítica tampoco me quita el sueño.

Como tampoco me lo quita que sus seguidores la promuevan y endiosen, mientras en la oposición democrática representada en la MUD, nadie se ponga a “glorificar” su actuación, ni trate de convertirla en la “heroína de turno” de la política venezolana; y –por los vientos que soplan por los lados del TSJ que ya ha fijado su juicio y ha tomado medidas en su contra– tampoco traten de convertirla en una Juana de Arco de la lucha contra la dictadura madurista.

Independientemente de sus reales intenciones, las que estén detrás de sus recientes actuaciones, si es que hay algunas intenciones ocultas, es innegable que no se trata de cualquier funcionario; se trata de un altísimo funcionario del Estado, que hasta hace muy poco era de la confianza del régimen y en su carácter de Fiscal General fue responsable o corresponsable de muchas acusaciones y detenciones de políticos opositores o ciudadanos comunes.

Lo cierto y lo importante es que la Fiscal ha dicho, con mayor o menor tino, lo que muchos abogados, políticos, periodistas y “formadores de opinión” u “opinadores” de oficio hemos dicho y denunciado sobre el régimen dictatorial, la ilegal convocatoria de la ANC, la eliminación del derecho a manifestar, la brutal actuación de la fuerza pública, la corrupción del Gobierno, etc., pero qué duda cabe que el impacto cuando lo dice la Fiscal –especialmente en el denominado sector chavista– es mucho mayor. Y es eso lo que nos debe importar.

La invocación de los artículos 333 y 350 que han hecho, primero la Asamblea Nacional y luego la Fiscal, no es un acto demiúrgico, como muchos esperaban y piensan. La dictadura no va a caer y desaparecer por la sola mención e invocación del derecho a rebelión y a restablecer el mancillado orden jurídico que plantean estos artículos constitucionales. Requiere mucho más que eso y es una lucha muy desigual.

En esa desigual lucha contra la dictadura, que cuenta con los recursos económicos del Estado, los medios de comunicación y el resto de los poderes públicos –sobre todo el CNE– para imponer su Asamblea Constituyente, no podemos despreciar el apoyo de ningún aliado, circunstancial o no, como es el caso de los ex ministros chavistas que se oponen al madurismo, algunos conspicuos representantes del chavismo, organizaciones como Marea Socialista u otras y, por supuesto, la Fiscal General.

@Ismael_Perez

333 y 350

Finalmente, lo que tanto clamaron muchos, llegó. El pasado martes 20 de junio, la MUD, por boca de uno de los voceros más calificados de la oposición, el Presidente de la Asamblea Nacional, nos convocó a todos los venezolanos a “…lograr la sustitución del régimen dictatorial y la restitución del orden constitucional… a enfrentar y desconocer activamente el fraude constituyente en todo el territorio nacional… (y) al desconocimiento a la convocatoria de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente”, invocando los artículos 333 y 350 de la Constitución.

El análisis jurídico de los artículos constitucionales y todos sus vericuetos legales –que son varios, incluida una sentencia del TSJ del año 2003– lo dejo a los juristas expertos en la materia. Yo prefiero reflexionar el tema desde un punto de vista más político y sobre todo del significado de esa invocación del 333 y el 350 desde un punto de vista práctico.

Lo convocatoria de la MUD es a defender el orden constitucional, la Constitución de 1999. Y aquí nos encontramos con una primera paradoja: defender algo a lo que muchos nos opusimos en 1999. En efecto, en 1999, un millón trescientos mil venezolanos, votamos NO, por la actual Constitución, tres millones trescientos mil votaron SI, y seis millones de venezolanos se abstuvieron.

Pero allí no terminó la historia, porque en el año 2007, cuando Hugo Chávez Frías quiso reformar “la mejor Constitución del mundo” –lo que hoy muchos chavistas no “maduristas” consideran su “legado”– entonces cuatro millones y medio de venezolanos, entre los que seguramente estábamos los que nos opusimos en 1999, votamos porque NO se reformara esa Constitución y ganamos el referendo; mientras que casi cuatro millones cuatrocientos mil votaron a favor de que SI se reformara y siete millones cuatrocientos mil se abstuvieron, el 46% de los electores.

A estas alturas muchos se preguntarán porque este rodeo por cifras y resultados de votaciones. Muy simple, porque al final de todo este proceso, y como bien fue dicho por Borges, el vocero de la MUD, llegaremos “…a nuestro fin más importante: tener elecciones para restituir el orden constitucional”. Por eso quiero resaltar que estamos defendiendo una Constitución que le es indiferente, en promedio, al 30% de los electores del país, y en consecuencia al 30% del país. Ese es el “peso muerto” que arrastramos en casi todos los procesos electorales. Una población indiferente, que no la ha movido nadie, ni el “chavismo” en su mejor época, mucho menos el “madurismo”, y tampoco la oposición. Y ese “peso muerto”, junto con los que ahora quieren una nueva Constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que deben ser, siendo magnánimos con el “madurismo”,  un máximo del 15% de los electores, suman casi un 45%. Un peso en contra a ser tomado en cuenta para todas las acciones y movilizaciones que se vayan a realizar.

Entrando ya en el 333 y el 350, para algunos pareciera ser una palabra mágica, que al haber sido invocada, confían en que producirá un efecto inmediato y masivo de movilización que arrastrará al pueblo a la calle y a los soldados a salir de sus cuarteles a defender la Constitución, como se los ordena el artículo 328. No creo que eso sea así y espero que los dirigentes de la oposición así lo crean también, porque entenderlo de otra manera conduciría a peligrosos errores de estrategia.

Sin caer en el manido e irónico interrogante de ¿Con qué se come eso?, es necesario responder de manera seria, ¿Qué significa invocar el 350 y el 333, desde un punto de vista práctico?, porque decir que se trata de un derecho a rebelarse, a la desobediencia civil, puede significar mucho o nada. De lo que se trata es de su sentido de eficacia. Razones para protestar –y eso es “desobedecer” en un país donde ninguna protesta es autorizada– sobran en el país: violación de derechos constitucionales, políticos, sociales y la masiva corrupción pública son el motivo para algunos; la falta de comida y medicinas, de gas para cocinar, los continuos cortes de luz y de agua, la falta de seguridad personal, los pésimos servicios públicos, y paremos ya de contar, son los motivos para otros.

Protestas hay todos los días desde hace tiempo, según nos lo reportan algunos organizaciones especializadas en la materia, el problema es su sentido de eficacia política. Cómo convertir esas protestas en motor de cambio. Cómo extender la conciencia a nuestros compatriotas de que solo con un cambio de régimen político se podrá comenzar a poner remedio de todos esos males.

Según las encuestas, al 85% del país no le agrada el Gobierno de Nicolás maduro; y el 92% piensa que la solución no está en una ANC. Pero cómo hacer para que la parte de la población, que fue simpatizante del chavismo y hoy se opone a Nicolás Maduro, se decida a respaldar a la oposición, al país que se opone a que se instale la constituyente.

Por eso, más allá de proclamar el derecho a rebelión invocando artículos de la Constitución, la verdadera tarea es organizar a la población para que la resistencia, la rebelión, la desobediencia civil, o como lo queramos llamar, sea una actividad eficaz, que nos conduzca a ese fin de “…tener elecciones para restituir el orden constitucional.” y llegado ese momento que esté dispuesta a apoyar electoralmente a un candidato de la oposición.

Creo que ya no basta solo con convocar a manifestaciones de calle, ya no basta ampliar geográficamente la protesta, hay que extenderla también masivamente y para eso debe insistirse en un mensaje que cale mucho más en otros sectores sociales de la población, cuyo interés inmediato no es solamente la lucha por la libertad, por los derechos civiles, políticos y humanos violados, sino probablemente los derechos sociales y económicos, que son los problemas reales a los que se enfrentan cada día. Ya no basta con convocar “trancazos”, de la noche a la mañana confiando en las redes sociales, es preciso organizarlos y planificarlos por todas las ciudades para que sean mucho más eficientes y paralicen mucho más al país.

Si ya no basta solo con convocar manifestaciones, tampoco es suficiente con invocar artículos de una ley, o dar ejemplos de las cosas que resultaron o no en otros países y de medidas o acciones que se podrían tomar; es preciso organizar a la gente, no asumir que sabemos hacerlo; enseñar a la gente como se llevan adelante medidas concretas de desobediencia civil, que sean eficaces, sustentables en el tiempo y con mínimos riesgos para la población, porque no todas lo son o nos sirven para la causa inmediata.

Claro que un artículo no es el medio para hacer descripciones de las actividades que se deben realizar o poner ejemplos de las mismas; pero si para exponer y discutir algunas ideas.

Desobediencia civil es –siguiendo a San Agustín, Luther King y Gandhi– desobedecer leyes injustas o medidas injustas. Por ejemplo, tenemos un problema inmediato, en el que se debe concentrar el esfuerzo de desobediencia civil: evitar que se lleve a cabo el proceso electoral de la ANC, y si el Gobierno se empeña en llevar adelante un proceso espurio al que concurran menos del 10% de los electores, estar preparados para desenmascarar ese proceso y resistirse a que la ANC se instale y funcione. Eso es desobedecer un decreto presidencial, el decreto que convoca a una ANC y establece sus bases comiciales, que ha sido avalado por el CNE, violando todas sus leyes, lapsos y procedimientos; que ha sido “bendecido” de manera ilegal e inconstitucional por las Salas Constitucional y Electoral del TSJ. Actuar contra la ANC, por todos los medios posibles, los que estén al alcance de cada quien, es un acto de desobediencia civil.

Se ha dicho también, y es una buena idea, que el pueblo se debe reunir en Asambleas de Ciudadanos, que es un medio de participación política, y allí rechazar la ANC; de igual manera los alcaldes pueden reunir a sus ciudadanos en cabildos abiertos, que son también medios de participación política, para igualmente rechazar la ANC; ambos, asambleas y cabildos, están contemplados en el artículo 70 de la Constitución como medios de participación política y sus decisiones son de carácter vinculante. Estas y otras ideas que se han asomado son ejemplos concretos de actos de rebelión y desobediencia civil.

Pero el problema insisto, es que no basta con mencionarlos, esos y cientos más y esperar a que la gente de manera espontánea se organice, es allí donde deben intervenir los partidos políticos, sus dirigentes, los diputados de la Asamblea Nacional, para organizar a los ciudadanos, en sus propios ámbitos de actividad, en los sitios donde viven, donde trabajan, donde estudian, en las tareas de resistencia y desobediencia civil que pueden llevar adelante.

@Ismael_Perez

Resistencia y Presión (2/2)

Cerrada momentáneamente la vía electoral, el pueblo y la oposición venezolana han cambiado de estrategia para combatir la dictadura: la estrategia se resume ahora en una palabra: ¡Resistencia!

La semana pasada me referí a este tema y concluía que resistencia no es solo la que se libra en las calles enfrentando la crueldad de las fuerzas represivas del estado, sino también la que tiene todo un país, que sin alimentos suficientes y caros, sin medicinas, sin servicios públicos, sin seguridad social y personal, sobrevive y trata de llevar una vida “normal”.

(https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2017/06/10/resistencia-y-presion-1/)

No pretendí hacer una lista exhaustiva de acciones y formas de resistencia, sino reflexionar en el conjunto de actividades que conforman la actividad de una población, “que no es solo esa importante batalla, en las calles, confrontando sin armas a la GNB/PNB y los grupos paramilitares del régimen, sino también todo ese conjunto de actividades más silenciosas, calladas, cotidianas, que despliegan los ciudadanos para restituir el estado de derecho y la democracia”. Ahora quiero continuar la reflexión de ese otro término: Presión, que anuncio en el titulo y que mencioné la semana pasada.

Es difícil explicar la diferencia entre ambas palabras, que en realidad son un continuo de una misma actividad. La resistencia nos conduce a mantener la presión sobre la dictadura y ejercer esa presión es una forma de resistir. Por tanto, vamos a diferenciarlas en cuanto a lo que se persigue al mantener la presión.

La presión es necesario mantenerla en dos ámbitos. El ámbito interno y el ámbito internacional. En el ámbito interno se persiguen varios objetivos:

1) Lograr una masiva incorporación a la lucha contra el régimen. Después de 77 días de lucha, enfrentados a una represión salvaje e inhumana, que a todas luces lo que busca es intimidar, atemorizar y desmoralizar, la gente sigue en las calles, atendiendo el llamado de los líderes de la oposición y saliendo a manifestar, a marchar, a realizar actividades, a sabiendas de que será reprimida violentamente. Pareciera que hay una relación inversamente proporcional a la violencia: más reprimen, mayor es la furia, la rabia de la gente, las ganas y el deseo de salir a protestar y además de manifestarlo a viva voz o por escrito, por cuanto medio se encuentra disponible para hacerlo.

Quiero detenerme un poco para hacer una reflexión sobre el tema. La protesta se ha extendido geográficamente por el país y especialmente en Caracas. En la capital, sede del poder ejecutivo de la dictadura, ya no es solo un fenómeno del “este de la ciudad”, de las zonas de clase media, como lo era en el pasado, sino que se ha extendido al Oeste, Sur Oeste, Centro de la ciudad y varias barriadas populares. Pero debemos reconocer que no se ha extendido masivamente. Ejemplifico claramente lo que quiero decir; se habrá extendido masivamente cuando en plaza Catia y la Ave. Sucre, o en Caricuao, desde la UD4 hasta la entrada de la autopista, se reúna una concentración de gente como la que hemos visto desde el Distribuidor de los Ruices hasta el Distribuidor Altamira. Y no me refiero a ganar electoralmente en esas zonas de la ciudad, que ya se ha logrado, me refiero a que la gente esté dispuesta en esas zonas a salir como lo hacen en el este de la ciudad, en Montalbán, El Paraíso y La Candelaria, por citar algunos ejemplos.

Para que eso ocurra el mensaje opositor debe calar más, mucho más y para que eso ocurra se requiere de más acciones como las que hemos visto en los últimos días de los diputados y dirigentes opositores recorriendo el metro o algunas barriadas. Es decir, seguir en estaciones del metro y medios masivos de transporte, en mercados municipales, grandes paradas de autobús y busetas, recorrer barriadas y urbanizaciones populares, casa por casa, zonas industriales, plazas públicas, etc.  Pongo como ejemplo a Caracas, pero es válido para todo el país y sus ciudades más importantes.

No digo que no se esté haciendo. Digo que hay que hacerlo más, de manera más efectiva y creativa, que se vea, y medir los resultados a la hora de una convocatoria. Motivar y dar ideas para que cada quien en su ámbito, donde vive, trabaja, estudia, se incorpore a difundir el mensaje de la necesidad de un cambio urgente e impostergable para sacar al país de la ruina y detener la instalación de una constituyente que agravará y profundizará las penurias y miserias del país y no aportara ninguna solución. Millones de venezolanos, léase bien, millones, aun no tienen idea de qué se trata lo de la ANC y como eso los va a afectar en su vida cotidiana, en su día a día. ¿Qué esperamos para explicarlo?

2) Presión sobre el chavismo para que se profundicen las fisuras internas y la separación con el “madurismo” que empezó a manifestarse desde las elecciones parlamentarias y se agudizó desde la propuesta de una ANC.

En eso puede jugar un papel importante las acciones que ha emprendido la Fiscal, Luisa Ortega Díaz. No sé cuales sean sus intenciones últimas o cual pueda ser su agenda política, si es que la tiene; pero en este momento todo el que contribuya a impedir que se logre instalar la ANC debe ser bienvenido y ese debe el objetivo de los acercamientos que se puedan dar –y que se deben dar– con los disidentes chavistas del régimen para incluirlos en la lucha contra la ANC.

Creo que tenemos algo en común con el llamado chavismo disidente, la defensa y aplicación de la Constitución que ellos impulsaron en 1999 y a la cual me opuse con millones de venezolanos, votando en contra, pero que en 2007, también millones de venezolanos, nos pronunciamos porque se mantuviera, cuando el propio Chávez intentó modificarla.

Se me hace difícil entender que exista un “legado” chavista que quieran defender, cuando muchos de ellos, por ejemplo Héctor Navarro, hablan del fracaso de la revolución bolivariana y hasta el propio Chávez que pretendió cambiar su constitución en 2007; pero no es ese mi problema. Es obvio que buscan sobrevivir a una debacle que ven venir y eso nos lleva a coincidir en dos cosas vitales en este momento, oponernos a la ANC y buscar una salida a la dictadura de Nicolás Maduro. Más allá de eso, no nos debe importar la agenda del chavismo disidente, eso será parte de la lucha política que se dará al recuperar la democracia. Lo importante ahora, reitero, es frenar la aspiración de la dictadura de consolidarse a través de la modificación de la Constitución.

3) Presión sobre el único soporte real que tiene la dictadura: el sector militar. Es una tarea compleja, dado el grado de involucramiento y complicidad de los militares con el régimen, que algunos califican –y me incluyo– como una dictadura militar, pero es preciso demostrarle al estamento militar la perdida de soporte popular que enfrenta el Gobierno y que lo ha deslegitimado por completo para seguir gobernando.

Durante 18 años hemos visto fracasar la gestión gerencial y administrativa de altos componentes del sector militar en tareas de Gobierno; hemos sido testigos de su ineficacia y de acusaciones de graves y escandalosos actos de corrupción y hasta involucramiento en narcotráfico. Si a eso sumamos lo visto estos dos meses, con la represión violenta e inhumana al pueblo de uno de sus componente, la GNB –y repito, la GNB es uno de los componentes de la FANB–  si la FANB no quiere ser arrastrada en la caída del oprobioso gobierno de Nicolás Maduro y quiere diferenciarse de esas “atrocidades”, si quiere desligarse de su fracaso en la gestión del Gobierno durante los últimos 18 años y demostrar que aun tiene cabida en la nueva sociedad que se diseñe, debe dar el paso de exigir que se cumpla la constitución. No le veo otro papel, ni creo en soluciones militares que vayan más allá de lo que les establece la constitución actualmente.

En el ámbito internacional, en vísperas de la reunión de cancilleres de la OEA, es importante mantener la presión para profundizar el aislamiento al que está sometida la dictadura. Pero debemos estar conscientes en que la acción internacional en este tipo de casos, dictaduras, regímenes de fuerza, etc. es limitada. Como se ha dicho, los organismos multilaterales son clubes de Gobiernos y tienen capacidad limitada para interferir en asuntos internos de sus miembros. Pero lo pueden hacer.

Nadie quiere un vecino políticamente inestable, donde su Gobierno no tenga cabal control de lo que ocurre en su territorio y del que se puedan producir desplazamientos de población ante crisis humanitarias. Esa es una situación peligrosa. Nadie quiere tampoco un vecino declaradamente “comunista” o “revolucionario” y al que le gusta inmiscuirse en asuntos internos de otros países para exportar “su forma de gobierno” y que tenga, al menos potencialmente, recursos económicos para hacerlo. A nadie le gusta tampoco tener un vecino al que se le acusa de apoyar regímenes terroristas o al que involucren a sus altos funcionarios en el tráfico de narcóticos.

Del lado más positivo o altruista, no es tampoco bien visto un país en el que se violan flagrantemente los derechos humanos, que mantenga presos políticos e inhabilitados y que su Gobierno no tome ninguna medida para reconocer y corregir esta situación.

No obstante, dudo mucho que se pueda producir algo mas allá de una declaración general sobre presos políticos, DDHH y restitución del orden democrático, que pueda eventualmente incluir una solicitud de suspensión de la convocatoria a una ANC. Pero ya eso es bastante.

En materia de acciones concretas pudieran proponer una “misión internacional” que visitara el país para ver la situación in situ y contactar a las partes en conflicto, pero eso no es posible sin el consentimiento del Gobierno de turno, y eso es algo que no podemos esperar que el régimen acepte. Otra de las acciones concretas que podríamos esperar y en la cual pudieran participar algunos multilaterales como la ONU y la OEA –y eventualmente el Vaticano– es que se produjera algún acuerdo para proponer la formación de un “grupo de amigos”, seleccionados entre las partes, como ya ha ocurrido en el pasado en Venezuela y como parece que algunos países están pensando, sugiriendo incluso candidatos como Justin Trudeau.

Pero lo más importante en materia internacional es lo que la denominada “diáspora” puede hacer en el exterior para denunciar a la dictadura venezolana y dar a conocer a la población y el Gobierno del país en el que residen cuál es la situación que se vive en Venezuela en cuanto a ausencia de democracia, violación de derechos humanos y crisis humanitaria.

¿Cuál sería la finalidad de esta presión nacional e internacional? Muy simple, fortalecer a la oposición venezolana de cara a que se produzca cuanto antes el único proceso que puede traer paz al país y en el cual desembocan todos los procesos políticos de crisis como la que vivimos en Venezuela: una negociación.

El fracaso del diálogo de finales del año pasado es un tema que aun pesa en el país, pero como ya he dicho en otros artículos, el tema de una “negociación” ya está menos satanizado, aunque todavía hay algunos sectores radicales e intransigentes que no sé cómo se imaginan que se va a producir una salida a todo lo que estamos viviendo, como no sea a través de algún tipo de negociación, que implique ceder de parte y parte.

(https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2017/05/20/buscando-una-salida/)

La negociación implicaría, reitero, ofrecer algún tipo de salvoconducto a los principales “líderes” del actual gobierno, a cambio de que dejen el poder de inmediato. Es un inevitable trago amargo que habrá que tomar para evitar que continúen los derramamientos de sangre.

@Ismael_Perez

Resistencia y Presión (1)

 

Al momento de escribir esta nota la oposición a la dictadura lleva 70 días, en múltiples ciudades y pueblos del país y en algunas zonas rurales, protestando enfrentando a la GNB, la PNB y a grupos paramilitares armados por el Gobierno, que actúan con total impunidad. Más de 70 muertos, miles de heridos y cientos de detenidos sometidos a procesos judiciales irregulares o simplemente detenidos sin formulación de cargos es el balance trágico de esta situación.

Por los resultados es claro concluir que se trata obviamente de una lucha desigual; paradójicamente la tan temida por el régimen “guerra asimétrica”, que el Gobierno ha cacareado por años, solo que es él quien dispone de la parte mejor armada de la misma –en fuego y poder– y la masiva población civil y desarmada, la peor.

Pero el trágico y luctuoso resultado no es el único. Un resultado en sí mismo es que a pesar de la brutal y desproporcionada represión, las campañas de intimidación, persecución y amedrentamiento, los ciudadanos no ceden en su empeño de salir a manifestar, no cesan de denunciar los atropellos del Gobierno, no ceden, no claudican en su derecho de reclamar lo fundamental de todas las peticiones: el derecho de tener democracia, que se respete la constitución y vivir en libertad.

Día y noche, las protestas y manifestaciones se suceden. Multitudinarias concentraciones, manifestaciones y marchas durante el día y cada día en múltiples ciudades y poblados, que usualmente terminan en cruda represión y refriegas, en donde suelen participar muchos ciudadanos y los más jóvenes opositores, los llamados “guerreros”, entre los cuales suelen estar las victimas asesinadas. Y durante la noche, hasta la madrugada, barricadas y cacerolazos, igualmente reprimidas de forma brutal, pero en zonas mucho más céntricas y populares de las principales ciudades del país. Por ejemplo en Caracas y sus zonas aledañas: en Guarenas, San Antonio, Los Teques, Santa Fe, Baruta, Altamira, Chacao, El Valle, Coche, La Urbina, Petare, Mamera, San Bernardino, La Candelaria, San José, Panteón, San Juan, El Paraíso, Cota 905, Montalbán, La Vega, San Martin, Caricuao, sectores del 23 de Enero y otras que escapan a mi memoria, pues la idea no es hacer un recuento exhaustivo, sino destacar que desde hace mucho tiempo la protesta, al menos en Caracas, dejó de ser un problema del Este de la Ciudad y ya está bien asentada en el Oeste, Sur Oeste y Centro de la Capital, muy cerca de Miraflores, lo que sin duda debe tener muy preocupado al Gobierno.

La idea es aportar elementos a la reflexión y el primero es constatar el hecho de que, a pesar de la represión, de los muertos, del temor al uso desmedido de la violencia por parte del Gobierno y sus seguidores, el ánimo de la gente luce incólume, inquebrantable y la rabia e indignación in crescendo. Pero ese no es el único elemento sobre el cual reflexionar. Hay dos conceptos o elementos sobre los cuales vale la pena detenerse: Resistencia y Presión, que se han vuelto claves en lo que está ocurriendo. Empecemos con la “resistencia” y reflexionemos sobre ella en el resto de este escrito.

Resistir no es únicamente lo que ocurre usualmente al final de las manifestaciones y marchas y que se prolonga por varias horas, en el combate desigual que se libra entre manifestantes “armados” solo de escudos, cascos, piedras y alguna molotov, contra escuadrones de GNB, y PNB –protegidos con equipamiento militar– y eventualmente motorizados paramilitares, apoyados además con tanquetas, ballenas, bombas lacrimógenas, gas pimienta, escopetas de perdigones, cohetones, helicópteros de apoyo y –como hemos visto en algunas manifestaciones y en los techos de algunos edificios públicos– vigilancia de francotiradores y armas de fuego

Resistir es también tratar en la medida de lo posible de llevar una vida “normal”; tratando de trabajar y proveerse para subsistir en ciudades con las calles trancadas por el Gobierno, sin medios de transporte, con alcabalas y eventuales barricadas de manifestantes.

Resistencia, y heroica, es la de los que a duras penas y con muchos sacrificios logran conseguir comida, escasa y cara –pues esto no ha mejorado ni un ápice, ha empeorado– para mantener a sus familias, para que sus integrantes puedan salir a protestar y manifestar. Resistencia es tratar de hacer esa vida “normal” en ciudades con pésimos servicios públicos: con cortes de luz y agua, sin gas para cocinar alimentos, sin asistencia médica ni seguridad, etc.

Resistencia es también la de los que se han organizado para asistir y ayudar a los que resultan heridos y lesionados en las refriegas, los cascos verdes y azules, los que llevan a hospitales y sobre todo clínicas privadas a los heridos, para que los atiendan, donde son tratados sin costo y sus doctores los cuidan y protegen mas allá de lo que demanda su deber profesional y los ciudadanos se desvelan por conseguir medicinas para curarlos o atender su convalecencia, en un país que muere de mengua sin medicinas, sin hospitales, con clínicas colapsadas y sin equipos de rayos x, resonancia, etc.

Es también resistencia la actividad  de los que asisten legalmente, día y noche, siete días a la semana, para sacar de la cárcel a los manifestantes encarcelados injustificadamente y a quienes se les violan todos sus derechos.

Es también resistencia la de los que denuncian sin cesar los atropellos, los que graban y fotografían todo lo que ocurre, desde sus automóviles, en la calle, desde las ventanas de sus casas y oficinas, a riesgo de su integridad personal y física y a quienes nadie les repone sus equipos de teléfonos y cámaras que la GNB/PNB les destruye o roba y peor aún, a los que les incendian apartamentos  con bombas lacrimógenas y cohetones, o les destruyen sus vehículos en los estacionamientos.

Resistencia es la de los que ayudan y protegen a manifestantes cuando los cuerpos represores los persiguen y terminan contemplando como las hordas de delincuentes arrasan y saquean sus locales, impunemente y a la vista de la “autoridades” o a los que los cuerpos de “seguridad” les allanan sus oficinas y negocios, sin orden judicial, persiguiendo manifestantes a los que brindaron protección.

Resistencia es lo que hacen los venezolanos de la diáspora, en todos los rincones del mundo, recogiendo y enviando dinero, comida y medicinas a sus familiares y amigos en Venezuela para que estos puedan sobrevivir; que participan de todas las actividades y manifestaciones de apoyo a la protesta de Venezuela; que constantemente están pendientes de las actividades propagandísticas del régimen para asistir y denunciar lo que ocurre en el país; los que aprovechan sus posiciones en empresas, medios de comunicación, universidades, o en el mundo profesional de la academia y la medicina para informar en conferencias, charlas, congresos, etc. sobre la situación del país y denunciar los atropellos de la dictadura.

Resistencia es la actividad desplegada por la Asamblea Nacional, frente a los otros poderes del estado, legislando, investigando, pasando leyes que son desconocidas y rechazadas, realizando su tarea legislativa sin presupuesto y sin que sus diputados reciban ninguna remuneración. Resistencia es la tarea desplegada también por los partidos políticos de oposición, que sin mayores recursos, ni acceso a medios de comunicación para divulgar sus ideas y posiciones, les toca enfrentar los desmanes y ataques de la dictadura y muchas veces la incomprensión y criticas injustificadas desde las propias filas opositoras.

Resistencia, en síntesis, es la que tiene todo un país, que sin alimentos suficientes y caros, sin medicinas, sin servicios públicos, sin seguridad social y personal, contempla como el régimen regala dólares a bancos extranjeros o importa material para reprimir manifestaciones, en lugar de dedicar esos recursos a satisfacer las necesidades de alimentos y medicinas del país.

Y pudiéramos hacer una lista interminable de tareas y actividades desplegadas por ciudadanos, partidos, empresarios de la ciudad y el campo, profesores, estudiantes, congregaciones religiosas, gremios, deportistas de alta competencia en el exterior, etc. pero no es la idea; la idea es detenernos a reflexionar que hay un conjunto de actividades que conforman la resistencia de un país, que no es solo esa importante batalla, en las calles, confrontado sin armas a la GNB/PNB y los grupos armados del régimen, sino también todo ese conjunto de actividades más silenciosas, calladas, cotidianas, que despliegan los ciudadanos para restituir el estado de derecho y la democracia.

Que la oposición masivamente se mantenga en las calles manifestando y los muchachos batiéndose con las fuerzas represoras del Gobierno en las manifestaciones, tras las barricadas, es posible gracias a esa “resistencia”, menos glamorosa y que no sale en los noticieros internacionales y no es fácil expresarla en una foto o en un video que “ruede” viralmente por las redes sociales.

Algunos ven en estos actos verdaderas demostraciones de “desobediencia civil”, aquella de la que hablaba Thoreau y que sin duda practicaron, entre otros, Luter King o Gandhi. Conservando las distancias con estos símbolos de las luchas por los derechos humanos, no cabe duda que el comportamiento –casi heroico de los manifestantes venezolanos– de enfrentar inermes a un poder de fuego y de represión infinitamente superior, podría ser comparado con el de esos héroes de los derechos civiles pues la resistencia en Venezuela ha roto paradigmas y está dando ejemplo al mundo en lucha cívica y ciudadana.

No cabe duda que en algún momento esta “resistencia” pasará a una fase superior de lucha, aquella de la que hablaba San Agustín, que se resume en que ningún hombre justo obedece una ley injusta, pues una ley injusta no es ley, y que sí podría considerarse entonces un acto de “desobediencia civil”, con todas sus consecuencias, sobre todo si el régimen persiste en imponer mediante una minoría, una constituyente y una constitución que afectarán y cambiarán la vida y el contrato social a toda una nación en detrimento de su futuro, libertades y derechos.

Que la resistencia alcance otros niveles de lucha dependerá de ese otro vocablo, concepto y acción: la presión, de la cual nos ocuparemos la próxima semana.

@Ismael_Perez

Yo el Supremo

La Sala Constitucional del TSJ acaba de dictar sentencia, la número 378.

( http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/199490-378-31517-2017-17-0519.HTML )

Era la que todos esperábamos, para completar la trampa, no es ninguna sorpresa. La sentencia, en síntesis, señala lo que ya sabíamos que señalaría cualquier decisión del TSJ sobre esta materia: que para convocar la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no hace falta realizar un Referéndum Consultivo.

Les confieso que me costó entender la solicitud del demandante, pero con respecto a lo dictado por el tribunal, no tuve ninguna duda; he leído sentencias absurdas, raras, y ésta. Las 15 páginas se pueden resumir en estos dos párrafos:

“De tal manera que, el artículo 347 define en quien reside el poder constituyente originario: en el pueblo como titular de la soberanía. Pero el artículo 348 precisa que la iniciativa para ejercer la convocatoria constituyente le corresponde, entre otros, al “Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros”, órgano del Poder Ejecutivo, quien actúa en ejercicio de la soberanía popular…

En los términos expuestos anteriormente, la Sala considera que no es necesario ni constitucionalmente obligante, un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, porque ello no está expresamente contemplado en ninguna de las disposiciones del Capítulo III del Título IX.”

Es decir, como en el artículo 347 de la Constitución en ninguna parte dice expresamente que hay que hacer un referéndum consultivo y como el Presidente ejerce la soberanía popular y ya convocó una Asamblea Nacional Constituyente, no es necesario realizar ningún referéndum consultivo. Punto final.

Estamos frente a una versión moderna de aquella mítica frase atribuida a Luis XIV, el famoso Rey Sol: L’État, c’est moi, “El estado soy yo”, cuya traducción en términos “revolucionarios” es “el pueblo soy yo”. El Presidente es el pueblo y el pueblo es el Presidente. Queda todo dicho.

Con esta sentencia queda sellada una vez más la sumisión del poder judicial al poder ejecutivo y consumada la eliminación del estado de derecho, el desconocimiento y perdida de la soberanía popular y los vestigios que quedan de democracia, pues el derecho al voto universal y directo ya lo eliminaron con la sentencia 355 del 16 de mayo pasado. Esta de ahora, la 378, es una mera formalidad.

Por su parte el CNE, otra pieza de los poderes del Estado de Miraflores, ya se terminó de quitar la careta y montó su propio sainete. Antes de que se pronunciara el TSJ, sin ni siquiera aprobar en su Directorio las bases comiciales presentadas por el Presidente Maduro, y sin ni siquiera fijar la fecha de los comicios para elegir los “constituyentistas”, ya dio inicio en su página Web al proceso de inscripción de los candidatos. Y no seamos ingenuos, no importa si la página está todo el día colapsada, al final el resultado será el mismo, porque esos candidatos están previamente decididos y esa base de datos es alimentada por gente pagada para eso; dicen que ya hay varios miles de inscritos y se prolongó un día más el proceso de inscripción.

Finalizada esta parte, esos “precandidatos” –novísima figura, no contemplado en ninguna ley o reglamento, inventada ad hoc por el CNE– saldrán a recoger las firmas para postularse de manera definitiva; pero no habrá colas, no habrá nada de ese engorroso proceso que vivimos cuando intentamos hacer un referéndum revocatorio, ni siquiera habrá capta huellas para verificar la identidad de los firmantes que apoyan sus postulaciones y luego serán validadas por el CNE en una semana, lo que para el RR tomaba 4 meses; desde ya quedan aceptadas como válidas todas las “firmas planas”. Montada la trampa mayor por el Presidente y el TSJ, estas trampitas son un juego de niños para el CNE.

Desde otro de los poderes públicos, la Fiscal General de la República introdujo un escrito solicitando la aclaratoria de varios puntos de la sentencia 378. Pero el meollo está en su solicitud de aclaratoria con respecto a la progresividad de los derechos humanos, pues afirmó que dicha sentencia es un retroceso en esa materia. Y no me cabe la menor duda de que eso es así. Probablemente la acción de la Fiscal tendrá un impacto político importante en las filas del chavismo, cuyas consecuencias no se pueden adelantar en este momento; pero de lo que sí no me cabe ninguna duda es que legalmente no tendrá ningún impacto y que el TSJ realizará todas las “aclaratorias” y ratificará su sentencia, que ya hasta la debe tener redactada. A menos, claro está, que ésta acción de la Fiscal produzca cierto cataclismo político en las filas del chavismo que repercuta en el país y que afecten al régimen. Veremos.

Por lo pronto la sentencia 378 del TSJ no hace más que confirmar que estamos bajo una tiranía, una dictadura militar, que aunque encabezada por un civil, solamente se sustenta en el poder de las armas. Estamos bajo un régimen que no tiene ningún escrúpulo en violar de manera reiterada y continuada la Constitución como ha quedado demostrado con esta fraudulenta convocatoria a una ANC, que fue rápidamente avalada por el CNE, el Poder Moral y ahora por el TSJ.

El gobierno de Nicolás Maduro, que perdió ya toda legitimidad de origen y de desempeño, no tiene ningún soporte popular importante como está quedando en evidencia y se sustenta únicamente en el poder que tiene sobre casi todas las instituciones del Estado y sobre todo en la fuerza de las armas. Es decir, se sustenta solo en la violencia, en la fuerza, en la represión y su capacidad de perseguir, amenazar, de matar y apresar, como estamos viendo en las calles durante estos dos últimos meses.

Mi duda en este momento es: ¿Cuándo terminará esta “ópera bufa”, trágica, –pues nada tiene de cómico– según la cual el Presidente hace lo que le da la gana con el estado de derecho, con la constitución y las leyes, y el TSJ a las pocas horas dicta sentencia ratificando esas violaciones y dándole la razón? Pronto, será pronto.

De darse la instalación de la ANC, en cualquier momento el Presidente –que según el TSJ es ahora la encarnación del pueblo– dará un paso más “atrevido”. No nos extrañe ver pronto al Presidente, por ejemplo, destituir a algún Gobernador o Alcalde, de oposición u oficialista, poco importa, y designar uno a dedo. O verlo remover y designar jueces a su antojo; o destituir a uno o varios magistrados del TSJ y reemplazarlos por otros que le satisfagan mejor sus caprichos y veleidades; o mejor aún, lo veremos destituyendo a uno o varios constituyentistas de “su” ANC que le salgan díscolos y respondones y designando a otros más dóciles, digamos, parientes suyos o de su esposa. ¿Qué o quién se lo impedirá? Ya no habrá límites o muros de contención. Estamos otra vez frente al redivivo José Gaspar Rodriguez de Francia: “Yo el Supremo”, de la famosa novela de Augusto Roa Bastos. Estamos frente a un poder sin límite, únicamente contenido por su escasa imaginación.

Esto de oponerse a la Constituyente es un tema más árido, que probablemente no concite a la calle, de la misma forma que lo hacen las causas y consignas  por la que ahora luchamos; pero si los venezolanos no tomamos conciencia de la necesidad de salir a hacerle frente a lo que ahora está ocurriendo, a las violaciones del Gobierno a la Constitución y al estado de derecho, si no nos constituimos en un frente amplio de defensa de la democracia, del país, donde participemos todos los que nos oponemos a este estado de cosas e impedimos que se realice el proceso constituyente, ilegalmente convocado, estaremos entregando el país a un poder despótico que terminará de acabar con todas las instituciones y con la democracia, representativa, protagónica, participativa, o como queramos llamarla, se habrá disuelto la Republica.

El régimen ha tratado de callar la calle con ruido de balas, bombazos y gases y la resistencia activa no ha dado tregua ni parece amainar, todo lo contrario por cada caído salen mil en su lugar; pero eso no basta, para oponernos a la Constituyente debemos salir millones. La Resistencia debe sumar más, a muchos más, a todos, de forma unitaria y multiplicar su impacto, su fuerza y su presencia con organización, solidaridad y estrategia, ésta es la única fuerza capaz de detener el poder desbocado y sin frenos del régimen.

El país está amenazado, los venezolanos, sin importar el bando político, somos todos víctimas de este régimen. Oponernos activamente es nuestra única opción en este punto de no retorno.

@Ismael_Perez

¿Final de la Democracia?

No se trata de un trapo rojo. La propuesta de Nicolás Maduro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es un deliberado plan para modificar la estructura del estado, acabar con la democracia y terminar de instaurar una dictadura totalitaria y militarista. Hay que decirlo claramente, pues algunas personas parecen no haber comprendido la gravedad y alcance de la situación.

Todo lo que diré les sonará excesivamente dramático o extremo a algunos, pero no es así. Pretende, sí, advertir, alertar, sobre un devenir que será inexorable si no reaccionamos pronto, si no tomamos conciencia y le explicamos al país lo que nos estamos jugando y no encontramos una manera eficaz, unificada, de detener el proceso constituyente planteado.

Cuando se comenzó a analizar la propuesta de realizar una ANC, rápidamente salieron los argumentos obvios acerca de su inconstitucionalidad, que se resumen en un solo argumento contundente: el Presidente de la Republica no tiene facultades para convocar una Asamblea Constituyente, pues solo el pueblo lo puede hacer. Luego, esa convocatoria es inconstitucional.

Pero el Presidente lo hizo. Y lo que es más grave, el Poder Moral lo avaló, el CNE lo aceptó y la Sala Constitucional del TSJ ha guardado silencio frente a esta flagrante violación y desconocimiento de la Constitución. Y los demás poderes públicos, tanto el Legislativo como la Fiscal General, han manifestado su desacuerdo con esta fraudulenta convocatoria y su carácter ilegal, inconstitucional.

Pero repito, el Presidente lo hizo. La “convocatoria” de una ANC está allí, no podemos ignorar ese hecho político. El Presidente Maduro puso en marcha no solo la convocatoria a una Asamblea Constituyente, a la que no tiene derecho a convocar, sino que por el momento luce indetenible el que se vaya a reunir esta Asamblea, que dictará una nueva Constitución, que además ni siquiera será aprobada por los venezolanos. Léase bien. No solo es que no se va a consultar al pueblo si quiere o no la realización de una asamblea constituyente, sino que una vez que la misma apruebe la nueva constitución, entrará en vigencia automáticamente cuando así lo decida la propia ANC, sin que el pueblo venezolano se pronuncie acerca de si está de acuerdo o no con su texto, con su contenido.

Yo estaba equivocado hace tres semanas cuando afirmé en Constitución fallida,  que: “…más tarde o más temprano, el pueblo deberá pronunciarse, a favor o en contra de su convocatoria o a favor o en contra de la Constitución que de allí surja…”  (https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2017/05/06/constitucion-fallida/ ) No, no será así, al menos no en las urnas. Como están planteadas las cosas, los venezolanos nunca nos vamos a pronunciar electoralmente acerca de la nueva constitución que apruebe esta asamblea constituyente, así de claro.

Eso es ni más ni menos lo que contemplan las bases comiciales que presentó el Presidente de la República y que el CNE presurosamente está aprobando, ya hasta ha fijado una fecha aproximada para elegir los representantes a esa asamblea constituyente y –por declaraciones de su Presidente, aunque ha sido desmentida por otro rector– hasta han fijado fechas para “pre inscripción” de candidatos y número de representantes a ser elegidos en algunos de los sectores planteados.

Entiéndase bien. Al estado de derecho como lo conocemos, lo que queda de él, le resta poco tiempo de vida. Tiene fecha de caducidad: lo que tarde esa asamblea, que se elegirá a finales de julio, en aprobar la nueva constitución. Que no dudo ya está elaborada, redactada, con base a las reformas que pretendió hacer Hugo Chávez Frías en el año 2007 y que fueron negadas por el pueblo en un referéndum. Por lo tanto, no se trata ya de si el Presidente tiene el derecho o no de convocar a una asamblea constituyente o si solamente tiene la iniciativa para hacerlo, se trata de que el Presidente Nicolás Maduro, en la práctica –con complicidad del CNE y silencio igualmente cómplice del TSJ– propuso la disolución del estado de derecho.

Tal y como está planteado en las bases comiciales, con la anuencia y complicidad de los poderes públicos –a excepción del Poder Legislativo y la Fiscal General– aquí se elegirá una ANC que tendrá facultades para:

– Disolver a la Asamblea Nacional, lo que no ha podido hacer todavía el Gobierno a través del TSJ;

  • – Elegir un nuevo titular para la Fiscalía General, que ahora no pueden hacer pues no cuenta con los 2/3 de la Asamblea;
  • – Disolver todos los poderes intermedios, quitar competencias o cambiar sus formas de elección o designación, es decir, Gobernadores y Alcaldes, Asambleas Legislativas y Concejos municipales, pues ya las Juntas Parroquiales prácticamente quedaron disueltas o en poder de las llamadas Juntas Comunales o comunas, de acuerdo con la sentencia 355 del TSJ, que eliminó de paso el voto directo al darle cabida al voto indirecto para elegir las Juntas Parroquiales; y
  • – Todo lo demás que se le ocurra al régimen: disolver partidos políticos, gremios, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, eliminación del sufragio directo para designar cargos, modificación de todos los derechos de los venezolanos, en fin, todo lo que al actual régimen se le ocurra para terminar con el estado de derecho y terminar de implantar una tiranía de “nuevo cuño”, pues ni la comunista cubana habrá sido tan “perfecta” como la que aquí se pretende desarrollar e imponer al pueblo.

De paso, de elegirse los miembros de la asamblea constituyente, de acuerdo con las bases comiciales propuestas, además de eliminar el voto “directo” –que, repito, ya eliminó el TSJ con la decisión 355– se estará eliminando el carácter “universal” del sufragio, pues esos miembros se estarán eligiendo no de acuerdo con una base poblacional, como se establece en nuestra legislación, sino con base en una arbitraria y absurda división municipal y con base en unos sectores, arbitrariamente escogidos por Nicolás Maduro.

Los miembros escogidos por municipios serán con base en un criterio que iguala a todos los municipios, sin importar el número de habitantes, da lo mismo que el municipio tenga 3 mil habitantes que 200 mil, municipios con 3 mil habitantes elegirán la misma cantidad de representantes que municipios con 200 mil habitantes.

Los elegidos por sectores lo serán de acuerdo con unos criterios corporativistas –valga decir fascistas– y listados que el propio Gobierno proveerá, en donde obviamente no estarán incluidos todos los venezolanos pertenecientes a esos sectores, sino aquellos que el gobierno decida conforme a sus simpatías ideológicas y políticas. Ya tenemos amplia “experiencia” con las “listas” que elabora este régimen.

Por otra parte, sobre la posibilidad de controlar la asamblea constituyente por parte de la oposición al régimen, ésta es casi nula. De acuerdo con las reglas o bases comiciales para escoger los miembros presentadas y aprobadas por el CNE, éstas garantizan que el gobierno controlará fácilmente la asamblea constituyente, ya que:

  • Para elegir los representantes de los municipios, la base poblacional que se tomará en cuenta no es la establecida en la legislación electoral, sino una que favorece los pequeños municipios y poblaciones rurales que controla el gobierno; y en aquellas que no controla, en los municipios de las grandes ciudades, por el sistema de representación proporcional el oficialismo se garantiza que al menos sacará la mitad de los miembros a elegir, pues es muy difícil que la oposición pueda obtener en algún municipio el doble de los votos que el oficialismo.
  • Se elegirán unos representantes por la población indígena y los denominados representantes sectoriales serán seleccionados de esas “corporaciones” que decidió el Presidente y cuyo listado de electores elaborará el CNE con base en la información que le proporcionen los organismos oficiales, es decir el propio gobierno, que como ya dije, obviamente tendrá buen cuidado de seleccionar los miembros de esos sectores de acuerdo con sus inclinaciones políticas en favor del proceso revolucionario.

El guion de este plan está siendo puesto en escena con toda la maquinaria del poder haciendo su parte. Le ha dado al régimen un propósito y coherencia, reagrupando como cuerpo al círculo más comprometido y en riesgo. Le ha dado una actividad política que manipula un mensaje de “diálogo” y “paz”, tratando de pasar a segundo plano la represión y la violencia que han desatado y el hambre que asola a los más pobres del país. Pero igualmente ha producido fracturas internas de grupos en pugna que no comparten la propuesta de ANC aunque no vemos aun acciones claras para enfrentarla.

Se trata, en síntesis,  de una propuesta fraudulenta, como se ha dicho, sobre la cual ni siquiera se podrá pronunciar el pueblo y que en caso de que lo hiciera, debería rechazar junto con sus bases comiciales, pues en ningún caso se puede participar de un proceso electoral con semejantes arbitrariedades. La conclusión es simple, la propuesta es inaceptable y como quiera que no se va a llevar a referéndum, la forma de rechazarla es no participar y oponerse a ella por todos los medios de que disponga cada quien.

Les presento una desoladora pero realista visión, que se desprende del análisis de las últimas actuaciones del Gobierno: la brutal represión en las calles a toda disidencia, la sentencia 355 de la Sala Constitucional del TSJ, la presentación de las bases comiciales para la ANC que propone Nicolás Maduro y las declaraciones de la Presidenta del CNE, obviamente sesgadas pro gobierno.

Nunca como en este momento ha sido más importante la acción mancomunada,  contundente, expresada a través de la mayoría que somos la oposición, la unidad de criterios, decidida y firme de nuestros dirigentes políticos, posponiendo cualquier diferencia y sumando con todos aquellos que, sin importar su origen o procedencia, crean en la democracia y el estado de derecho, pues eso es lo que nos estamos jugando.

@Ismael_Perez

 

Buscando una Salida

Desde el 29 de abril, durante dos semanas he publicado sendos artículos con relación a la necesidad de tender puentes hacia la “élite” del régimen dictatorial que nos gobierna para lograr que abandonen el poder al menor costo posible en sufrimientos y vidas humanas; y lo de vidas humanas no es un recurso retórico, todos conocemos, sufrimos y lamentamos la irrecuperable perdida de jóvenes venezolanos, asesinados en el último mes y medio.

El objetivo de ambos artículos era contribuir a la discusión, incipiente en ese momento, sobre el punto de la necesidad de negociar una salida con el actual gobierno que permita una transición sin más derramamientos de sangre. En las tres últimas semanas, desde que publiqué el primer artículo, ya son varios los que han opinado y se han referido al tema, varios analistas y algunos dirigentes políticos y diputados. Creo que el tema de una “negociación” ya está menos satanizado, aunque todavía hay algunos que no sé cómo se imaginan que se va a producir una salida a todo lo que estamos viviendo, como no sea a través de algún tipo de negociación, que implique ceder de parte y parte.

No se requiere de mucha imaginación para entender que las solicitudes de la oposición democrática que han animado las protestas de las últimas semanas (Fijación de un cronograma electoral, devolución de las atribuciones de la Asamblea Nacional, libertad de los presos políticos y apertura de un canal humanitario para socorrer a la población venezolana) conducen al fin del llamado socialismo del siglo XXI y a la salida del poder del actual régimen de una manera inexorable.

A esas razones, que ya eran suficientes, hay que agregar lo que ha ocurrido durante las últimas semanas, en las cuales se ha hecho evidente la violación de otros derechos ciudadanos y humanos fundamentales, como el derecho a manifestar y la libertad de expresión, al no permitir manifestaciones y reprimirlas brutalmente; el derecho al debido proceso, al detener ilegalmente manifestantes y mantenerlos encarcelados, sin las debidas ordenes y procesos judiciales; el derecho a la vida, al reprimir brutal e inconstitucionalmente las protestas con un saldo de vidas humanas, heridos y lesionados.

De acuerdo a las encuestas y lo que hemos visto en las calles durante el último mes y medio, parece ser, además, el sentir y exigencia de la mayoría del país el que se encuentre lo antes posible una fórmula para salir de este gobierno, de este régimen dictatorial, que ha perdido toda legitimidad y se restituya el estado de derecho, el régimen de libertades y la democracia en nuestro país.

En otras palabras, lograr los objetivos que la oposición se ha trazado en este proceso de protestas y manifestaciones, implica concluir en un proceso de negociación, en el que se acuerden las formulas y condiciones para que la transición ocurra. Y esa negociación obviamente debe tomar en cuenta las fortalezas, debilidades y limitaciones de las partes en conflicto.

Esta negociación final, en el sentido de que ponga fin al conflicto y obligue a la salida del régimen del poder, a su renuncia, y ceder el paso a un proceso de transición, no es algo trivial y debemos estar preparados para su complejidad.

Vamos a estar claros en que la oposición carece de la fuerza física para obligar al régimen a ceder. Será una conjunción de presiones internas y externas las que convencerán a los personeros del actual régimen que su mejor opción es abandonar el poder, y para algunos de ellos, que están en posiciones de poder muy importantes, esta decisión no es sencilla.

Probablemente para el Presidente Nicolás Maduro y su entorno más íntimo, llegar a esa conclusión es más fácil que para algunos de sus “colaboradores inmediatos”, incluidos en esa categoría algunos miembros del gabinete, la Asamblea Nacional y la FAN. Algunos de esos “colaboradores inmediatos” del régimen de Maduro, sin contar con los delitos internos que puedan haber cometido, violación de derechos humanos o actos de corrupción, están acusados de narcotráfico a nivel internacional, por lo que, a estos últimos les va a ser mucho más complejo lograr alguna “garantía” o “inmunidad” que les permita dejar el gobierno. Esos se plantearán luchar hasta el final para mantener el poder.

La estrategia opositora, por tanto, debe ser aislar al grupo de esos “colaboradores inmediatos” de los demás funcionarios gubernamentales, hacerles entender a los segundos que para ellos hay una salida, una posibilidad de continuar en el país y hasta seguir con sus actividades políticas, pues si bien se pudieran considerar participes de políticas gubernamentales que han causado daños al país, al menos no son cómplices de haber cometido delitos graves contra los derechos humanos o actos de corrupción por los cuales deban pagar y mucho menos están incursos en delitos de narcotráfico, por los que puedan ser perseguidos internacionalmente.

Hace varias semanas propuse una alternativa: Que la AN sesione y de emergencia apruebe una nueva Ley de Amnistía, favoreciendo a los inhabilitados y presos políticos, e incluya a los funcionarios del actual gobierno no incursos en faltas graves. (https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2017/04/15/tres-propuestas-polemicas-para-una-salida-2/)

Esta nueva ley debe delimitar muy bien –como hizo la anterior, la de marzo de 2016, que fue declarada inconstitucional por el TSJ– los hechos respecto de los cuales aplicará la amnistía; en ese sentido creo que debe ser clara en incluir las inhabilitaciones dictadas ilegalmente por la Contraloría General de la Republica y así mismo debe abarcar también algunos delitos cometidos por funcionarios del Gobierno desde 1999, obviamente excluyendo los de narcotráfico y contra los derechos humanos.

Este tipo de amnistías, que abarque a funcionarios del actual Gobierno, no es algo original ni osado, ni estoy diciendo nada que no hayan dicho otros o que no haya pasado en otros países del mundo con largas y cruentas dictaduras, a cuyos personeros importantes –incluidos los propios y sanguinarios dictadores– se les concedió amnistía o se les dio garantías de que sus vidas y las de sus familias no correrían peligro siempre que estuvieran dispuestos a dejar el poder.

Creo que estamos en el momento de empezar a considerar a fondo este tema de la amnistía, de ofrecer garantías a los funcionarios del actual gobierno y comenzar a poner sobre la mesa fórmulas que le ahorren sufrimientos al país, violencia, destrucción, y evitar se siga derramando valiosa sangre inocente y familias enlutadas en el dolor y la desesperanza.

Esta vía es la única que permitirá construir la Venezuela de todos sobre la fuerza de la épica ciudadana desplegada durante las últimas semanas, que nos hará crecer como sociedad y forjar el futuro de progreso y bienestar que merecemos, por el que hemos luchado y han muerto tantos jóvenes.

@Ismael_Perez

Nuevamente: Puentes, Discusión Necesaria

Hace un par de semana publique un artículo, Puentes, Discusión Necesaria, (https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2017/04/29/puentes-discusion-necesaria/ ) sobre el cual, aun con los tensos momentos que vivimos, recibí más apoyos que críticas, sobre algunas de las cuales haré comentarios, no sin antes agradecerles que lo hayan leído y se tomaran la molestia de hacer las críticas. Entro directamente a referirme a algunas de estas críticas y comentarios, las más importantes, pues no hay espacio para todas.

Comienzo resumiendo cual es el corazón de mi artículo, su finalidad, la idea central sobre la que creo necesario hacer una reflexión: Es necesario –como ha ocurrido en muchos países de férreas dictaduras, tan férreas o más que esta– llegar a acuerdos con quienes se pretende desalojar del poder para que en efecto lo hagan y así evitar más derramamientos de sangre y víctimas fatales. Este es el planteamiento central.

Quienes creemos que la salida debe ser a través de elecciones libres, de un proceso electoral, sostenemos que esa –la electoral– es la vía a la que tarde o temprano se va a llegar. Así ha ocurrido en todos los países del mundo, incluso en aquellos en que las salidas se han producido por vía de fuerza e insurrección popular violenta. Se llegó más tarde a la vía electoral, de una forma probablemente más dolorosa, pero se llegó. Simplemente, queremos que la salida constitucional electoral –que es una de las vías– se adopte cuanto antes, que esa sea la que se considere como primera opción y así evitar más situaciones cruentas.

Algunos de los que criticaron mi artículo hablan de que es “constitucional” pedir una “posición” de las FANB, en el sentido de que se pronuncie porque el Gobierno, sobre todo el Presidente, “abandonen” el cargo y de no hacerlo, “desalojarlo” del mismo y no consideran que eso sea un golpe de estado; yo tengo mis dudas.

Yo me conformo con que las FANB entren en razón y estén dispuestas a mantenerse neutrales, a abandonar el poder y convencer al resto del Gobierno que hagan lo mismo; pero – y disculpen las ironías–, ¿A cambio de qué? ¿De que acepten que ellos son los “malos” y nosotros los “buenos” y por lo tanto deben irse y dejarnos el poder a nosotros? ¿Es que podemos suponer que van a decir algo como: Uds. ganan, hay que hacer elecciones y como las vamos a perder, Uds. van a formar gobierno y nosotros vamos a ir todos presos, muy bien, adelante, vamos a hacerlo así? ¿Es razonable pensar en esta “respuesta” de alguien que hoy tiene el poder, que lo ha ejercido sin escrúpulos ni límites por 18 años, que tiene el control de las armas y la violencia y puede defender ese poder a sangre y fuego? Ironías aparte, dudo que las cosas operen de esa manera; por eso creo que la presión nacional e internacional debe llevar al Gobierno venezolano, como un todo, y sobre todo a los que ocupan ciertos cargos, que no han cometido delitos o que pueden tener futuro político, a convencerse de que es mejor para todos, incluidos ellos, que abandonen el poder al menor costo posible, que esa es su mejor opción. ¿Es irracional pensar esto?, yo creo que no.

¿Qué pasa entonces, me dicen algunos, con la justicia, con los desmanes, los crímenes cometidos, la corrupción, confiscaciones, delitos contra la propiedad, etc.? Sostuve claramente en mi artículo, que los delitos contra los derechos humanos no deben olvidarse y siempre es posible obtener justicia en el futuro –como ha ocurrido en muchos países– pues esos delitos no prescriben, pero de lo que se trata ahora es de encontrar una salida para que el actual régimen cese y deje el poder y no se hundan todos sus seguidores con él, como si se tratara del Titanic.

En mi propuesta no me refiero al trato y tolerancia que debe mantenerse con quienes rompen con el Gobierno actual, deslindándose y fijando posición con críticas y señalamientos públicos. Siempre es posible rectificar. Pero no es a ellos a quien me refiero. En el artículo me refiero a la necesidad, de tender puentes hacia los altos funcionarios del actual Gobierno, e incluso ceder en algunas posiciones para extenderles algún tipo de salvoconducto, inmunidad o tolerancia por acciones cometidas, a condición de que abandonen el poder.

Reitero, insisto, de lo que se trata ahora es de encontrar una salida, hoy, en este momento, que nos evite más penurias y violencia a los que vivimos en el país, pues no digo algo que sea secreto o que no sea verdad y es que quienes nos mal gobiernan en este momento tienen aun el control de la fuerza y de las armas –las oficiales, las de los malandros y las de los paramilitares– y nosotros lo que tenemos es nuestra capacidad de movilización de ciudadanos desarmados en rebeldía pacífica, con determinación y coraje. ¿Vamos a ir como ciudadanos desarmados, a una situación de enfrentamiento directo en la que tenemos muchísimo que perder, o estamos dispuestos a ceder en algunos puntos, con la condición de que los actuales gobernantes se vayan? Esa es la discusión planteada, sin romanticismos ni moralismos que no conducirán a nada.

Sí como cuenta la “leyenda urbana”, en el año 2002 se hubiera permitido que Hugo Chávez Frías tomara aquel avión que pidió para irse a Cuba después de presentar su renuncia, en vez de llevarlo preso para La Orchila, a lo mejor estaríamos contando otra historia. Eso nunca lo sabremos. Pero ya dije que a lo mejor se trata solo de una leyenda urbana; lo que sí sabemos es que sea esa una “leyenda” o algo cierto, fue un error y no volveremos a cometer el mismo error con los gobernantes actuales.

Hay un último punto que quiero considerar y es que el ciudadano es siempre el que más sufre y paga, sobre todo los más humildes, los más desposeídos, los que tienen menos recursos para soportar la carestía de la vida, la escasez de alimentos y medicinas, la escalada de la violencia urbana y del hampa, no los dictadores que se mantienen a sangre y fuego y que al llegar el final muchas veces se libran.

Por eso mi propuesta es clara y directa, tenemos que estar en la disposición de negociar –sí, así se llama eso, negociar–, darles un salvoconducto e inmunidad, a los funcionarios del Gobierno, lo antes posible para que se vayan a donde lo deseen o puedan, para que dejen el poder y evitar así más tragedia, dolor, derramamiento de sangre y sufrimientos a los venezolanos.

@Ismael_Perez