16J, 30J y Dos Documentos

Estamos en el punto en que creo que es necesario hablar más frecuentemente de dos temas neurálgicos: ¿Cómo salimos de esta crisis?, de la situación política que vive el país, y ¿Qué viene después?, o cómo reconstruimos el país. Aunque los dos temas son urgentes e importantes, el primero es mucho más espinoso, más difícil de abordar y encierra mucha más polémica y desacuerdos.

Ciertamente ha llegado el momento, aunque los más radicales de ambos lados no lo admitan, de sentarse a evaluar cómo se termina este conflicto. Y no es ningún secreto que ambas partes por su cuenta, están discutiendo el punto y evaluando que estará pensando la otra parte y algunos hasta piensan en cómo se podrían tender algunos puentes. Y aun cuando estén ocurriendo algunos contactos, en algún nivel, obviamente ninguna de las partes va a admitir que esto sea así. Por lo tanto, examinemos lo que está ocurriendo en uno de los sectores, en este caso el opositor.

En este sentido, el 10 de julio, aparecieron dos documentos, firmados por actores y personas distintas, y proponen algunas alternativas para salir del conflicto. No voy a cometer el abuso de decir que son documentos “de la oposición”, pero si es válido decir que hay mucho interés entre sus firmantes en que el movimiento democrático opositor, ese que se congrega alrededor de la MUD, los considere. Como quiera que los dos documentos tienen la misma fecha, los comentare en el orden en que llegaron a mis manos. No pretendo hacer un examen exhaustivo de los mismos, los resumiré brevemente sobre todo en aquellos aspectos sobre los cuales hare mis comentarios, lo que significa que obviamente resaltare algunos –los que me interesan– y omitiré otros, por lo que e invito a quienes me lean a buscar los documentos, que seguramente serán fáciles de encontrar.

El primero de ellos, denominado: “Llamado al Entendimiento Nacional”, está firmado por unas 60 personas, personalidades conocidas del mundo político, intelectual, académico, etc. que sería largo e innecesario enumerar. En el documento se hace un análisis muy somero de la situación del país, a la que sin embargo se califica de “inédita crisis política, económica y social… la mayor… de los últimos cien años de nuestra historia republicana…” y afirma que sin duda se agravara si no hacemos algo por evitar “…la escalada de la confrontación”. Esta alusión es muy clara, pero no se detiene mucho este documento en analizar o pormenorizar las características de la crisis que vive el país. En un párrafo resume a los principales males que aquejan a la población: el alto costo de los bienes, el desabastecimiento, el deterioro de los servicios públicos y la necesidad de ocuparse de manera prioritaria de “… los problemas económicos, financieros y sociales, en particular lo relacionado con alimentos y medicamentos…”.

Lo político es, para mí, lo más llamativo y destaca de manera especial este documento –y al hacerlo obviamente los condena– los infaustos hechos de violencia protagonizados “…por grupos armados al Capitolio Federal y a los diputados, invitados y periodistas…” el pasado 5 de julio. Se pronuncia también porque todos nos orientemos “… a asegurar el pleno funcionamiento de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho…” y destaca como regla básica de la democracia “…que el pueblo se exprese libremente y de que su voluntad sea respetada…”, que es toda una declaración, a mi modo de ver, de una de nuestras carencias políticas básicas y que caracterizan la dictadura bajo la cual vivimos.

En mi opinión el énfasis del documento –al menos en lo que a mi interés concierne– está en el llamado que hace “…a abordar sin demora alguna la búsqueda de entendimientos mínimos sobre las materias controversiales conforme a una agenda convenida de común acuerdo.” Y a eso me referiré a continuación.

Lo primero que resalta es la necesidad de “remover obstáculos” y como tal califica a la convocatoria de la ANC, por lo que propone al régimen suspender la elección del 30 de julio. Naturalmente estoy de acuerdo. Tanto la intención de esa convocatoria, como la forma, sus bases comiciales, etc. son no solo una violación de la constitución, sino la flagrante demostración de que vivimos en una dictadura en la que el poder, sustentado únicamente en las armas, pretende imponerle a la mayoría del país los deseo de una minoría, de un minúsculo grupo enquistado en Miraflores, el TSJ, el CNE y en parte del Poder Ciudadano.

Concluye el documento proponiendo un mecanismo para llegar a acuerdos, integrado este mecanismo por la Santa Sede, como mediador que “… ayude a construir confianza, a acercar posiciones y a promover acuerdos” y que actuaría también como vocero, complementado con un grupo de “países amigos” escogidos de mutuo acuerdo entre las partes, que además “… actúen como garantes” para verificar que se cumpla lo acordado. En síntesis, creo que este es el propósito del documento, una propuesta de mediación, previa remoción de obstáculos como la elección de la ANC.

Naturalmente esta propuesta tendrá que vencer dos resistencias iniciales de las malas experiencias anteriores. Una, la ronda de “dialogo” que se celebro entre octubre y diciembre de 2016, con actores algo similares –la Santa sede y tres expresidentes– que fue un estruendoso fracaso por el incumplimiento por parte de Gobierno de los acuerdos a los que se había comprometido en las reuniones de dialogo. Y dos, la experiencia que tuvimos como resultado de las rondas de negociaciones de 2003 – la que encabezó Gaviria, por parte de la OEA– y que se demoró más de un año en aplicarse lo acordado, sin que los “países garantes” o “amigos” hicieran nada por impedir ese retraso lo que dio tiempo al gobierno de Hugo Chávez Frías de desarrollar una serie de políticas populistas para recuperar su imagen y ganar el referendo revocatorio. Si esa “resistencia” se vence, en lo personal creo que el camino de la mediación puede ser adecuado, siempre y cuando las partes, especialmente la dictadura, que es quien tiene que ceder más en una serie de puntos, cumpla con lo que se acuerde.

El segundo documento, está encabezado por la frase:“Detengamos la violencia con un diálogo nacional incluyente” y viene firmado por un grupo de organizaciones entre las que destacan –sin ser las únicas– las integradas por ex altos funcionarios y ministros del gobierno de Hugo Chávez Frías; entre las organizaciones firmantes se encuentran Alternativa 1, De Frente con Venezuela, Fundahumanos, La Plataforma Ciudadana de Defensa de la Constitución, Movimiento Amplio Desafío de Todos, Movimiento al Socialismo y Soluciones.

En la parte descriptiva con relación a la crisis, no tengo mayores diferencias, excepto algunos matices, que no viene al caso resaltar. En materia política los firmantes del documento se declaran: “partidarios de un diálogo y un acuerdo nacional, que incluya al Gobierno, a la MUD y a los sectores políticos y sociales no polarizados, que permita iniciar el rescate de Constitución” y señalan que esa posibilidad se dificulta por la convocatoria a  “…elegir una Constituyente monopartidista el próximo 30 de julio, y la convocatoria por la dirección de la MUD de un plebiscito para la conformación de un ‘gobierno de unión nacional’”, que de concretarse produciría “… un ‘gobierno paralelo’ claramente inconstitucional versus un gobierno real autoinvestido con ‘poderes supra constitucionales’ ” que al extremarse podría concluir en una guerra civil. Esta caracterización política me parece un tanto dura con la MUD, al calificar su opción como “gobierno paralelo claramente inconstitucional” y una tanto “blanda” al caracterizar de “gobierno real autoinvestido con poderes supra constitucionales” a lo que no es más que una dictadura. Pero entiendo que la MUD ocupa el espacio político que este grupo desea ocupara, en tanto que el régimen, para una buena parte de ellos fue su referencia durante casi tres lustros y no es algo de lo uno se desprende fácilmente.

De allí pasan a concretar sus propuestas, y aquí si debo decir que me parecen sesgadas y desubicadas; en síntesis, y con mis comentarios, el documento propone a la oposición que:

  • dejen la calle –que ha sido uno de los factores que en esta fase ha acorralado a la dictadura– y vengan al dialogo, del cual la oposición salió apaleada la última vez
  • desmonten el plebiscito del 16J, que es claramente una propuesta que ha descolocado a la dictadura, que no encuentra como manejar
  • abandonen la solicitud de que Maduro se vaya, que es uno de los elementos de fuerza de la oposición desde que el régimen cancelo inconstitucionalmente el referendo revocatorio
  • incorporen en la discusión y negociación a otros grupos, empezando obviamente por ellos, que ya algunos se quejaban de no haber sido incluidos en las pasadas sesiones de dialogo de finales de 2016

Y a cambio de eso, la propuesta hacia el gobierno de Nicolás Maduro seria que:

  • abandone la convocatoria a la ANC; que debo decir que es un acontecimiento sobrevenido con el cual la dictadura se pretende defender del apuro en que la colocó la oposición tras tres meses de protestas
  • se realicen las elecciones de gobernadores y alcaldes; que en realidad son un derecho constitucional que el régimen arrebató al país
  • Maduro se quede hasta el 2019; al frente de una dictadura que trae sobre sus espaldas, además de la ineficiencia de varios años, 3 y 1/2 meses de protestas, mas de 90 muertos, miles de heridos, cientos de presos políticos, la AN asaltada 2 veces, dirigentes políticos inhabilitados, etc.

La propuesta de este documento, en mi opinión, solo restablece la situación al momento en que se iniciaron las protestas en el mes de abril. Menciona apenas de pasada el desconocimiento a la AN, pero nada dice de las sentencias 155 y 156 del TSJ que siguen vigentes y utilizándose, tampoco de las sentencias anteriores del TSJ, dictadas desde diciembre de 2015, que vulneran todo el estado de derecho; tampoco habla de los diputados de Amazonas; tampoco dice nada del nombramiento del vicefiscal ni el antejuicio de mérito a la fiscal, ni menciona a los presos políticos, ni a los inhabilitados, ni menciona nada del desarme de los paramilitares del régimen. Plantea una amenaza de guerra civil con participación extranjera, pero no menciona tampoco que es el régimen el que tiene las armas a su disposición (los fusiles que ahora menciona Arias Cárdenas) para someter a sus opositores.

Creo que es un documento, sin decir que ese sea su propósito, que por la manera en que se formulan sus propuestas, estas favorecen la opción del gobierno actual, desconoce el escalamiento que la dictadura ha hecho del conflicto y toma poco en cuenta los avances de la MUD y la sociedad civil en la lucha contra la dictadura.

@Ismael_Perez

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