La Fiscal General

Cedo a la tentación de comentar el episodio aún muy confuso del helicóptero,  –ya hay bastantes análisis e hipótesis circulando– y el de las intentonas de golpes de estado –en el que por cierto este régimen es experto– y prefiero referirme a un tema muy importante, lo que está ocurriendo con la Fiscal General de la Republica, Luisa Ortega Díaz, porque desde su aparición en la escena política oponiéndose a algunas medidas inconstitucionales del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, se ha suscitado una discusión que es bueno poner en contexto.

En este momento, más allá de los objetivos que persigue la oposición con la movilización emprendida hace más de 90 días (reconocimiento de las atribuciones de la AN, apertura de canal humanitario, libertad de presos políticos, restitución de los derechos de los inhabilitados, fijación de un cronograma electoral y desarme de los colectivos paramilitares) el objetivo inmediato más importante, de todos los venezolanos y no solo de la oposición representada en la MUD, es oponerse al proceso de elección e instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como la que está planteada.

Si esa Asamblea llega a instalarse, estará en grave peligro lo que queda de democracia y estado de derecho. Más allá de las amenazas que el régimen, a través de conspicuos voceros, como Cabello, Jaua, Istúriz, Rodríguez o el propio Nicolás Maduro, han hecho a la Fiscal General, a la Asamblea Nacional y a los diputados, es un hecho objetivo e innegable que la ANC puede cambiar a su antojo, capricho y conveniencia todo el ordenamiento jurídico del país y profundizar el llamado “proceso revolucionario” para convertir a Venezuela en una sucursal del totalitarismo mas abyecto que hayamos conocido. No vale la pena caer en mayores descripciones y caracterizaciones.

Por lo tanto, en el proceso de lucha contra este ominoso proceso de una minoría en el poder por instaurar una ANC en contra de la voluntad de la mayoría del país, ninguna ayuda es despreciable. Vendrá luego algún momento para ajustar las cuentas que sea necesario ajustar, para hacer verdadera justicia, que no venganza, y poner las cosas en su sitio.

Ese es el contexto en el que debemos entender las actuaciones de la Fiscal, Luisa Ortega Díaz. Sin duda las posiciones de la Fiscal son tanto jurídicas como políticas. Jurídicamente hablando, mientras tengamos este TSJ tienen muy pocas probabilidades de obtener decisiones favorables las demandas y recursos de la Fiscal; como cualquier demanda o recurso que intente algún opositor o cualquier persona que no esté acorde con la “revolución”. Pero políticamente hablando, el impacto de lo que haga la Fiscal es otra cosa.

La posición crítica hacía el régimen de Maduro de parte de la Fiscal General tiene algún tiempo desarrollándose; veamos algunos antecedentes. Desde hace un par de años, Luisa Ortega Díaz comenzó un proceso de distanciamiento o diferenciación con el “madurismo”. No olvidemos que su última designación en diciembre de 2014, por la Asamblea Nacional que presidia Cabello, ya fue muy polémica y contra la candidata del madurismo, una comadre de la “primera combatiente”, Miriam Morandy, ex magistrada del TSJ y juez de los casos de Iván Simonóvis, Henry Vivas, Lázaro Forero y “Mazuco” y se recordará que fue partícipe de un escándalo en Maiquetía cuando fue vista viajando con un narcotraficante, en 2015.

Después del nombramiento vendrían otros “enfrentamientos” de la Fiscal con el Gobierno. Sin hacer un listado exhaustivo, destaquemos algunos casos; por ejemplo con ocasión de la Resolución 8610 del Ministerio de la Defensa, de enero de 2015, que permite –contra lo establecido en el artículo 68 de la Constitución– que se utilicen armas de fuego para el control de las manifestaciones. También se han mencionado algunas actuaciones de la Fiscalía oponiéndose a ciertas actuaciones o acusaciones contra opositores al régimen, como fue el caso de su oposición a las citaciones al Sebin de los alcaldes Ocariz y Smolansky; y lo que se ha conocido recientemente acerca de su posición en diciembre de 2015 con la inconstitucional designación de los actuales magistrados del TSJ.

Y por supuesto, están sus últimas acciones, comenzando por sus declaraciones públicas en contra de la ruptura del orden constitucional, la más reciente después de las sentencias 469 y 470 en la cuales se crea una especie de Fiscalía paralela, confiriendo atribuciones propias del Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo (Sentencia 469) y la anulación –sin que nadie lo solicitara– del acto por la cual la Fiscal nombra al Vice Fiscal (Sentencia 470); recordemos también las declaraciones en contra de las sentencias 155 y 156 del TSJ, las declaraciones en contra de la convocatoria de la ANC, sus declaraciones contra la represión del Gobierno en las manifestaciones recientes –especialmente sobre las causas de la muerte del joven Juan Pernalete– y por supuesto, más allá de las declaraciones, su actuación con las demandas contra las bases comiciales de la ANC, la convocatoria de la ANC, contra la designación ilegal de los Magistrados del TSJ y su solicitud de antejuicio de mérito contra los magistrados de la Sala Constitucional.

Todo eso, sin duda, ha tenido un impacto político importante e innegable, que ha sacudido buena parte de las bases del Chavismo y ha puesto en dificultades al régimen madurista. ¿Cuáles son las intenciones de la Fiscal, más allá de lo aparente? ¿Tiene una vocación política de poder que motive estas actuaciones? ¿Hay algún grupo importante de chavistas, no maduristas, que la apoyan y que tienen interés político en el país? ¿Es Rodríguez Torres el “poder detrás del trono” que apoya a la Fiscal? ¿Tienen la Fiscal y el grupo que la apoya alguna carta escondida o documentos o pruebas comprometedoras en contra de los altos funcionarios del régimen? ¿Si es así porque no las han utilizado todavía? Para todas esas preguntas y parecidas, muy legítimas, no tengo ninguna respuesta, pero no me quitan el sueño.

Lo que sí confieso es que me pareció fuera de lugar en su última rueda de prensa su alusión negativa hacia la Asamblea Nacional (AN) y los diputados cuando hizo referencia –acertada por demás– al tema del “desacato” como no ajustado a derecho; porque eso es desconocer o negar lo que ha venido haciendo la AN, oponiéndose y negando el desacato, rechazando y desconociendo las sentencias del TSJ e invocando los artículos 333 y 350 de la constitución, mucho antes de que la Fiscal comenzara a actuar y criticar a la dictadura. Pero esa “velada” crítica tampoco me quita el sueño.

Como tampoco me lo quita que sus seguidores la promuevan y endiosen, mientras en la oposición democrática representada en la MUD, nadie se ponga a “glorificar” su actuación, ni trate de convertirla en la “heroína de turno” de la política venezolana; y –por los vientos que soplan por los lados del TSJ que ya ha fijado su juicio y ha tomado medidas en su contra– tampoco traten de convertirla en una Juana de Arco de la lucha contra la dictadura madurista.

Independientemente de sus reales intenciones, las que estén detrás de sus recientes actuaciones, si es que hay algunas intenciones ocultas, es innegable que no se trata de cualquier funcionario; se trata de un altísimo funcionario del Estado, que hasta hace muy poco era de la confianza del régimen y en su carácter de Fiscal General fue responsable o corresponsable de muchas acusaciones y detenciones de políticos opositores o ciudadanos comunes.

Lo cierto y lo importante es que la Fiscal ha dicho, con mayor o menor tino, lo que muchos abogados, políticos, periodistas y “formadores de opinión” u “opinadores” de oficio hemos dicho y denunciado sobre el régimen dictatorial, la ilegal convocatoria de la ANC, la eliminación del derecho a manifestar, la brutal actuación de la fuerza pública, la corrupción del Gobierno, etc., pero qué duda cabe que el impacto cuando lo dice la Fiscal –especialmente en el denominado sector chavista– es mucho mayor. Y es eso lo que nos debe importar.

La invocación de los artículos 333 y 350 que han hecho, primero la Asamblea Nacional y luego la Fiscal, no es un acto demiúrgico, como muchos esperaban y piensan. La dictadura no va a caer y desaparecer por la sola mención e invocación del derecho a rebelión y a restablecer el mancillado orden jurídico que plantean estos artículos constitucionales. Requiere mucho más que eso y es una lucha muy desigual.

En esa desigual lucha contra la dictadura, que cuenta con los recursos económicos del Estado, los medios de comunicación y el resto de los poderes públicos –sobre todo el CNE– para imponer su Asamblea Constituyente, no podemos despreciar el apoyo de ningún aliado, circunstancial o no, como es el caso de los ex ministros chavistas que se oponen al madurismo, algunos conspicuos representantes del chavismo, organizaciones como Marea Socialista u otras y, por supuesto, la Fiscal General.

@Ismael_Perez

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