El Miedo y la Duda

Tras 117 días de “resistencia” a la dictadura que nos agobia y el hastío que nos imponen dos días de paro general, sin duda hay muchos temas sobre los cuales reflexionar y comentar; decidi hacerlo sobre el miedo y la duda pues el peor enemigo que enfrentamos no es solo la dictadura, no son sus personajes y voceros, somos nosotros mismos, nuestros miedos y nuestras dudas.

A la espera de lo que ocurra el 30J, cuando la dictadura y el CNE desplegarán todos los trucos para hacernos creer que multitudes que nadie verá elegirán una ANC, estamos encerrados en nuestras casas o tras barricadas, semi incomunicados, consumidos por rumores, exageraciones, noticias semi falsas y todos los “fantasmas” de la política y las relaciones humana, por eso reflexionar sobre el miedo y la duda, quizás nos ayude a encarar mejor el futuro incierto que afrontaremos a partir del 31 de julio.

Comencemos por el miedo. No es que los GNB/PNB y FANB hacen lo que hacen por mero sadismo, no. Es una orden: ¡Repriman, repriman para que tengan miedo! Y les dan las armas y orden de reprimir y lo demás lo dejan a la “iniciativa” e “imaginación” de cada individuo. Con la represión nos siembran miedo, que se nos mete hasta los huesos. Miedo a que nos hieran o nos maten -que sabemos y hemos visto que puede ocurrir- a que se metan en los lugares donde vivimos, en nuestras casas. Infunden miedo en nuestros familiares, padres, hermanos, hijos, amigos a que nos pase algo.

Por el tiempo, por cansancio, por agotamiento de la eficacia del recurso, las marchas, manifestaciones y hasta las “trancas” y el “paro”, pueden ir perdiendo potencia. Y también por temor a la brutal represión. Seguimos yendo a las marchas, pero hay temor y las desbandadas que se producen ante la arremetida de la PNB/GNB/FANB son cada vez más peligrosas y más difíciles de contener. Por eso tenemos que hablar abiertamente de este tema.

En las marchas y barricadas hemos visto una “rutina” de represión que debemos concientizar. Cuando las marchas y manifestaciones inevitablemente pierden algo de intensidad la GNB arremete con el sadismo que los caracteriza e inician una batalla campal, obligando a replegarse a los manifestantes hacia determinados sectores de la ciudad –Las Mercedes, Chacaíto, El Rosal, Plaza Altamira– en donde la acción puede concluir con algún asesinato, heridos y varios detenidos.

Contra las pacíficas manifestaciones ciudadanas los represores del régimen no escatiman en recursos: sus “animales” –y no me refiero a los individuos, sino a las “ballenas”, “rinocerontes” y “murciélagos”–, escopetas que disparan perdigones, metras o tuercas, bombas lacrimógenas y de pimienta y armas de fuego. Además cuentan: con policías y guardias motorizados que de a dos por moto, hacen razias de terror, persiguiendo manifestantes y tirándoles bombas por la retaguardia o robándoles las pertenencias; con “paramilitares” armados, en motos, vestidos con chaquetas negras y en algunos casos uniformes militares, mercenarios que sacan en determinados momentos y lugares en los que han perdido el control; con los llamados “colectivos armados” o violentos, que en ciertas zonas populares agreden a los manifestante; con “patriotas cooperantes”, que sapean a sus vecinos y entregan a los muchachos a la policía; con “infiltrados” en las marchas, barricadas y manifestaciones, que toman fotos o incendias vehículos que aparecen en la escena misteriosamente; con los CLAP, que reparten bolsas de comida y amenazan en los barrios con dejar sin ellas a los que caceroleen o manifiesten; con “francotiradores”, que coloca en los techos y cercados de edificios públicos para amenazar y contener manifestantes; con arremetidas nocturnas con tanquetas contra zonas populares, urbanizaciones y viviendas, destruyendo y robando propiedades o desapareciendo y apresando sus habitantes.

A muchos de esos “personajes” los hemos visto actuar todos estos años, pero especialmente en estos casi cuatro meses; con el tiempo los hemos visto mutando de apariencia y nombre, pero con la única y misma misión de controlar, atemorizar e intimidar a la población, para que se paralice por el miedo e impedir que actúe. La eficacia en esa tarea ha sido relativa, a juzgar por la intensidad con que se mantiene la “resistencia” en la calle, pero no debemos menospreciar su acción y hay que desenmascarar permanentemente su intención y actividades. Sobre todo, hay que evitar caer en su provocación de violencia, no solo porque no tenemos forma de ganarles en esa ruindad, sino porque seriamos iguales a ellos, a lo que queremos evitar para construir el mejor país que nos merecemos.

Otra estrategia, como la represión brutal a la que nos someten, es la de sembrar la duda y la desconfianza en todo lo que hagamos, para que no creamos en nada y en nadie y nos paralicemos, pensando que todo puede ser una trampa.

Sembrar desconfianza, ponernos a dudar es una estrategia en la que el régimen ha sido parcialmente exitoso. La dictadura tiene “laboratorios de guerra sucia” o “salas situacionales” que monitorean constantemente lo que está ocurriendo y hacen seguimiento a los voceros de la oposición, líderes estudiantiles o de la sociedad civil, e incluso a sus propios seguidores y aliados. Producen información, que inventan, tergiversan o mienten y cuenta con televisoras, radios y periódicos diseminados por todo el país –y, en buena medida, con los medios privados que le hacen el juego cuando callan lo que ocurre– para difundir todas sus “noticias” o la información que les conviene o que hace daño a sus opositores.

Arremeten además en las redes sociales. Enviando información falsa, torcida, simulando que proviene de fuerzas opositoras, contrarias o criticas del régimen. Facebook, Instagram, Periscope, Youtube y Tuiter son monitoreados permanentemente. Y posiblemente nuestros grupos de WhatsApp o correo electrónico son vigilados también y puede que en algunos de ellos haya infiltrados que obtienen o nos “pasan” información, falsa, exagerada o confusa, que busca asustarnos o hacernos cometer errores. Se trata de información creada por ellos, por un mítico o real G2 cubano.

Diariamente todos los que nos conectamos a redes sociales recibimos un texto “extraño”, con alguna información “rara” o que nos pone a dudar de algo o de alguien; de alguna actividad que se esté planificando en la MUD o de algún líder, al que se le levanta una calumnia. O recibimos algún mensaje de voz, de algún personaje, con voz tranquila que hasta se adivina “risueña”, perfectamente articulado, que nunca se identifica y que comienza su discurso con un “familia…”, “mi gente…” e intercala frases como “sé que no me van a creer”, “esto no me lo contaron, me paso a mi” y nos suelta una parrafada con algo que deseamos oír o con una noticia exagerada o falsa, que nos crea angustia, sobre algún acontecimiento actual o algo que paso en algún lugar remoto que “…no ha sido reportado en las noticias”, o nos habla de supuestos “movimientos militares” o en “los cuarteles”, a favor o en contra del régimen, pero que “…mantienen callado por razones obvias”; o se refieren a supuestas acciones del gobierno en contra de determinadas grandes empresas que han sido cercadas, tomadas o expropiadas, o información sobre trasnacionales que están dejando el país o cesando sus operaciones; o información tremendista de cosas que ocurren en supuestas “alcabalas” en las calles o en las aduanas y aeropuertos; o información falsa sobre negociación de bonos, divisas o petróleo. En fin, una gama infinita de descripciones, situaciones y circunstancias cuya única finalidad es crear “ruido”, angustiarnos, desinformarnos, sembrarnos dudas y atemorizarnos.

En esa “jungla” informativa, que se exacerba en el hastío de los días de paro, también participan supuestos opositores al régimen; y digo supuestos, porque en definitiva a lo que contribuyen es a hacerle el juego a la dictadura. Critican, o simplemente despotrican o siembran cizaña sobre los líderes opositores o los partidos políticos de la MUD; siempre con ese lenguaje ambiguo de “indignados” o anti políticos y anti partidos, en el que son todos “corruptos”, menos ellos. Al igual que algunos “bien intencionados” que inventan o difunden algún escrito, que no firman con su propio nombre y se lo atribuyen a algún personaje famoso o conocido, porque quieren que se lea y difunda para “motivar” a familiares y amigos. Están también los que circulan y recirculan información, sin criterio, sin filtrar por razonamiento o sentido común, “… tal como me llegó se las reenvío”, creyendo que con eso le hacen algún favor a alguien, sin reparar o tomar conciencia de que lo que en realidad hacen es seguirle el juego a los grupos especializados de contra información que tiene la dictadura.

Sea por temor, sea por confusión, ya hay personas que dudan sistemáticamente de todo y eso es muy peligroso, pues nos condena a la inacción, a la desconfianza, al aislamiento. Es difícil desentrañar toda esta maraña de información, rumores y chismes y en buena medida caemos en la trampa del régimen, pero se impone un esfuerzo consciente de razonamiento, verificación de información, chequeo de fuentes; porque si no, estamos contribuyendo a sembrar temor, dudas y desconfianza que limitan la eficacia de la lucha contra la dictadura, que es tarea de todos.

@Ismael_Perez

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Paro General

Es muy poco lo que se puede agregar, aclarar o comentar sobre el evento del 16J. Su éxito se puede medir en los esfuerzos de la dictadura y sus voceros para desconocerlo; por lo tanto, me parece más importante analizar que sigue después y es a uno de esos aspectos a lo que quiero referirme.

Brotes anárquicos -“dibujos libres”, como los llaman ahora- proponen desarrollar los “trancazos”, “plantones” o “paros por varias horas” que se han realizado de manera bastante exitosa cuando son parte de una actividad común y políticamente organizada, en una actividad en sí misma, en una “tranca final”, “definitiva”, “total”, “hasta que el régimen renuncie”. Esta idea surge en parte de la llamada “hora cero”, sobre la cual cada quien tiene su interpretación. Para algunos es un “momento” determinado; para otros una “escalada” del conflicto; y para otros, como estamos viendo, es una especie de “grito de guerra” para tomar la calle hasta que caiga el régimen.

Una de las variantes a lo que conduce este desarrollo, según algunos, es al llamado “paro general”. Que pareciera para algunos tener un significado mágico, al que basta invocar para que todo se arregle en el país.

Por lo que vimos en varios sectores del país cuando hemos tenido “paros” y “trancazos” por varias horas, de una vez señalo que no me parece una actividad que vaya a ser totalmente exitosa y paso a exponer mis razones, consciente de que este no es, quizás, el mejor medio para discutir el tema, pero como algunos exponen públicamente, por redes sociales o entrevistas de prensa y radio sus conclusiones y opiniones, yo quiero exponer otro punto de vista y sobre todo los argumentos.

Un éxito total de esta actividad sería que el sector empresarial y el laboral ligado a las empresas se incorporaran como tales a un paro general, total, permanente, con empresas cerradas, santamarias bajadas y trabajadores que abandonen sus trabajos y salgan a las calles a manifestar su decisión, pero me temo que esto es hoy algo utópico, difícil que vaya a ocurrir. Conozco bien al sector empresarial del país, por lo menos al industrial, tras haber sido por diez años presidente ejecutivo de una importante asociación industrial nacional, así que me tendrían que mostrar cifras muy contundentes en las cuales basan el posible éxito de un “paro general” en el que algunos están pensando y convocarlo con esta característica podría ser un error político –¡atención Henrique Capriles, María Corina Machado y Freddy Guevara!– que pondría en peligro todo lo avanzado hasta el momento.

Pensar en una “huelga general” o un “paro general” –que son dos cosas diferentes, de las que se habla indistintamente– que se prolongue en el tiempo de manera indefinida, sin medir su eficacia política y sus posibilidades de éxito, en términos de la incorporación al mismo de empresarios y trabajadores, sería un error político que la dictadura espera que cometa el movimiento democratico. Y peor aún, dar ese paso sin contar previamente con una incorporación popular a las protestas, mucho más masiva de la que hoy tenemos, no forzada por “trancas”, sería políticamente poco eficaz y podría llevar a un estruendoso fracaso. Hasta ahora el único evento realmente masivo en que todo el mundo participó, incluidos sectores populares, fue la consulta popular del 16J. Tomar eso como un cheque en blanco para convocar a cualquier otro “evento” sería un error.

Veamos algunos pocos hechos que nos servirán para poner en contexto y aclarar porque hago esta afirmación. Independientemente de la disposición de los empresarios y sus empresas de incorporarse a un paro, hoy el sector empresarial e industrial privado, tras la expropiación y cierre de miles de empresas y la pérdida de miles de empleos, es menos significativo desde el punto de vista del empleo y tiene menos fuerza económica que la que tenía hace 15 años y el sector público por su parte ha crecido enormemente, debido precisamente a la expropiación e intervención de empresas.

Por ejemplo, más del 60% de la banca es pública y la privada está fuertemente regulada, de allí que los bancos no se incorporan a ningún paro, el sector de la construcción está casi paralizado, y estos dos son sectores que se tendría que “parar” pues emplean mucha gente. Casi todo el sector metalúrgico, acero y aluminio, es público; al igual que buena parte del sector petroquímico y todo el cementero. Es también en buena medida público y está fuertemente regulado, el sector de alimentos. Y están muy debilitados el resto de los sectores por la situación económica general del país, por el incremento de costos y salarios, regulaciones de precios a las que están sometidos, caída de la producción y el consumo, caída de importaciones por la falta de divisas, etc. Sin contar con que las fuertes regulaciones y controles que pesan sobre las empresas que las hacen muy vulnerables a cualquier presión e intervención del régimen. Sí reprimir a miles de personas en una marcha o manifestación es difícil y sin embargo la dictadura lo hace, controlar, fiscalizar, amenazar a unas cuantas empresas es mucho más fácil y el régimen cuenta con mecanismos para ello que los hemos visto actuar de manera reiterada, “eficiente” y con saña en estos años. Los empresarios no van a arriesgar sus empresas en un paro/huelga de carácter permanente o prolongado en el tiempo, que no sea respondido masivamente, pues corren el riesgo de quedar aislados, arruinados, expropiados o “marcados” como ocurrió en 2002-2003.

Con respecto al éxito en la incorporación de trabajadores al paro, al sector público es difícil incorporarlo por el nivel de control, chantaje y amenaza al que está sometido; y no son solo los empleados del gobierno central y las empresas del estado, sino también los de las gobernaciones y alcaldías controladas por el oficialismo, que son una buena parte del país y de la fuerza laboral pública, y hay muchas regiones y zonas del país en el que el empleo y la economía son generados y dependientes del estado, no olvidemos ese “detalle”.

Con relación al sector privado, como bien me dicen algunos empresarios con los que he conversado: “…que los trabajadores se paren, en la puerta de su empresa con letreros puede tener efecto mediático, si la prensa lo recoge de esa manera pero, las calles seguirán llenas de gente, el transporte igual y la gente sufriendo las consecuencias”. Y no cabe duda que muchas ciudades, cuando no se impida la circulación, con el paso de los días se irán llenando de gente y el transporte, probablemente igual, –al menos el metro, que transporta una buena parte del contingente trabajador– por los miles, millones, de venezolanos que no se pueden dar el lujo de perder un día de ingreso y harán un esfuerzo por ir a sus lugares de trabajo, movilizándose por las ciudades y creando un efecto de que el “paro” solo es exitoso en ciertas zonas de ciudades como Caracas y otras capitales de estado.
Por otra parte, otro punto que no se debe obviar es que en el país hay millones, léase bien, millones de personas que viven de la economía informal o el trabajo por cuenta propia y de lo que ganan cada día. Día que no trabajan, día que no tienen ingreso. En el mismo sector privado, los que están empleados, hay que considerar que aunque no se les descuente el día, el día que no trabajan, en muchos casos no comen. “Ten en cuenta –me decía un empresario– que la mayoría de la gente se alimenta en su lugar de trabajo y si no hay trabajo, si la empresa está cerrada, no comen. Estuvimos fuera 15 días… (por falta de materias primas)… y uno de nuestros empleados perdió más de 2 kilos. Lucía demacrado. Tan es así que cuando hay “trancones” muchos de nuestros trabajadores hasta se vienen caminando… (desde muy lejos)… para no perder el día y es por la comida porque nosotros no les descontamos”. Es este un factor que no se debe dejar de lado al considerar la convocatoria de un evento político que pueda tener varios días de duración y que afectará el ingreso y la actividad económica de miles de personas.

Ya lo vivimos a finales de 2002, principios de 2003, con un paro previsto para tres días y que se prolongo varios meses como producto del chantaje vociferante de los que se decían “pueblo”; varias semanas de paro, afectó muy poco al gobierno, pero debilitó enormemente al sector empresarial, al movimiento político y a toda la oposición que ya entonces tenía sobradas razones para querer un cambio en el país. Sabemos que hoy la situación del país es otra y que el régimen ya no cuenta con recursos económicos como antes para enfrentar, “romper” el paro con dadivas o demagogia. Pero aun cuentan con la fuerza física y no les importa lo que ocurra con el país. Ya lo vivimos en 2002 y 2003 y lo vemos hoy en día: el país cayéndose a pedazos, la gente pasando hambre o muriéndose por la falta de medicinas y el régimen sin tomar medidas sobre la situación social y reprimiendo a mansalva, asesinando manifestantes y como si nada ocurriera, proponiendo de manera ilegal e inconstitucional una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que no va a arreglar ninguno de los problemas del país, sino que va a ocasionar mas división entre los venezolanos y va a despilfarrar recursos indispensables para solucionar los graves problemas que padecemos.

No solo los venezolanos y los opositores somos los que estamos en la “resistencia”; el régimen también es capaz de “resistir” días y días, negando todo lo que ocurre, sin hacer otra cosa que reprimir y permitir que el país se siga deteriorando, que la gente pase necesidades y hambre y ellos como si eso no ocurriera, pues ellos no pasan esas necesidades.

Con los resultados del 16J en la mano aun estamos en la fase de “masificar” la protesta. Aun estaremos en la fase de convencer a los sectores más populares del país que es posible enfrentar con éxito a la dictadura y su proyecto de ANC, para lograr una abstención masiva el 30J. Aun estamos en la etapa de promover acciones, que por exitosas ayuden a organizar a la población mientras vencen el escepticismo, el miedo y las dudas. No sé cuáles son estas acciones, por eso apelemos nuevamente a la consulta popular, pero ahora en “asambleas de ciudadanos” y los alcaldes en “cabildos abiertos”, que son medios de participación y protagonismo popular, de carácter vinculante según la constitución, para que promuevan acciones y actividades contra la ANC. Promovamos tareas de contacto directo, divulgación y educación con relación a los efectos perversos de la ANC. Profundicemos los resultados de la consulta popular del 16J, que movilizó millones de personas en todo el país y el exterior.

Por tanto, cabeza fría, cero romanticismos con ideas o recetas -como huelgas generales- que además se ha demostrado desde hace años que no son del todo eficaces, políticamente hablando, para enfrentar gobiernos dictatoriales. Se comprende el ansia de pasar a nuevas etapas, pero sin verdadera masificación de la protesta, por todo el país, un paro general, total, definitivo, sin que se incorpore la mayor parte de la población y con carácter de tales empresarios y trabajadores, es una aventura que puede traer como consecuencia no solo perder fuerza para luchar contra la ANC sino contribuir al atornillamiento de la dictadura.

@Ismael_Perez

16J, 30J y Dos Documentos

Estamos en el punto en que creo que es necesario hablar más frecuentemente de dos temas neurálgicos: ¿Cómo salimos de esta crisis?, de la situación política que vive el país, y ¿Qué viene después?, o cómo reconstruimos el país. Aunque los dos temas son urgentes e importantes, el primero es mucho más espinoso, más difícil de abordar y encierra mucha más polémica y desacuerdos.

Ciertamente ha llegado el momento, aunque los más radicales de ambos lados no lo admitan, de sentarse a evaluar cómo se termina este conflicto. Y no es ningún secreto que ambas partes por su cuenta, están discutiendo el punto y evaluando que estará pensando la otra parte y algunos hasta piensan en cómo se podrían tender algunos puentes. Y aun cuando estén ocurriendo algunos contactos, en algún nivel, obviamente ninguna de las partes va a admitir que esto sea así. Por lo tanto, examinemos lo que está ocurriendo en uno de los sectores, en este caso el opositor.

En este sentido, el 10 de julio, aparecieron dos documentos, firmados por actores y personas distintas, y proponen algunas alternativas para salir del conflicto. No voy a cometer el abuso de decir que son documentos “de la oposición”, pero si es válido decir que hay mucho interés entre sus firmantes en que el movimiento democrático opositor, ese que se congrega alrededor de la MUD, los considere. Como quiera que los dos documentos tienen la misma fecha, los comentare en el orden en que llegaron a mis manos. No pretendo hacer un examen exhaustivo de los mismos, los resumiré brevemente sobre todo en aquellos aspectos sobre los cuales hare mis comentarios, lo que significa que obviamente resaltare algunos –los que me interesan– y omitiré otros, por lo que e invito a quienes me lean a buscar los documentos, que seguramente serán fáciles de encontrar.

El primero de ellos, denominado: “Llamado al Entendimiento Nacional”, está firmado por unas 60 personas, personalidades conocidas del mundo político, intelectual, académico, etc. que sería largo e innecesario enumerar. En el documento se hace un análisis muy somero de la situación del país, a la que sin embargo se califica de “inédita crisis política, económica y social… la mayor… de los últimos cien años de nuestra historia republicana…” y afirma que sin duda se agravara si no hacemos algo por evitar “…la escalada de la confrontación”. Esta alusión es muy clara, pero no se detiene mucho este documento en analizar o pormenorizar las características de la crisis que vive el país. En un párrafo resume a los principales males que aquejan a la población: el alto costo de los bienes, el desabastecimiento, el deterioro de los servicios públicos y la necesidad de ocuparse de manera prioritaria de “… los problemas económicos, financieros y sociales, en particular lo relacionado con alimentos y medicamentos…”.

Lo político es, para mí, lo más llamativo y destaca de manera especial este documento –y al hacerlo obviamente los condena– los infaustos hechos de violencia protagonizados “…por grupos armados al Capitolio Federal y a los diputados, invitados y periodistas…” el pasado 5 de julio. Se pronuncia también porque todos nos orientemos “… a asegurar el pleno funcionamiento de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho…” y destaca como regla básica de la democracia “…que el pueblo se exprese libremente y de que su voluntad sea respetada…”, que es toda una declaración, a mi modo de ver, de una de nuestras carencias políticas básicas y que caracterizan la dictadura bajo la cual vivimos.

En mi opinión el énfasis del documento –al menos en lo que a mi interés concierne– está en el llamado que hace “…a abordar sin demora alguna la búsqueda de entendimientos mínimos sobre las materias controversiales conforme a una agenda convenida de común acuerdo.” Y a eso me referiré a continuación.

Lo primero que resalta es la necesidad de “remover obstáculos” y como tal califica a la convocatoria de la ANC, por lo que propone al régimen suspender la elección del 30 de julio. Naturalmente estoy de acuerdo. Tanto la intención de esa convocatoria, como la forma, sus bases comiciales, etc. son no solo una violación de la constitución, sino la flagrante demostración de que vivimos en una dictadura en la que el poder, sustentado únicamente en las armas, pretende imponerle a la mayoría del país los deseo de una minoría, de un minúsculo grupo enquistado en Miraflores, el TSJ, el CNE y en parte del Poder Ciudadano.

Concluye el documento proponiendo un mecanismo para llegar a acuerdos, integrado este mecanismo por la Santa Sede, como mediador que “… ayude a construir confianza, a acercar posiciones y a promover acuerdos” y que actuaría también como vocero, complementado con un grupo de “países amigos” escogidos de mutuo acuerdo entre las partes, que además “… actúen como garantes” para verificar que se cumpla lo acordado. En síntesis, creo que este es el propósito del documento, una propuesta de mediación, previa remoción de obstáculos como la elección de la ANC.

Naturalmente esta propuesta tendrá que vencer dos resistencias iniciales de las malas experiencias anteriores. Una, la ronda de “dialogo” que se celebro entre octubre y diciembre de 2016, con actores algo similares –la Santa sede y tres expresidentes– que fue un estruendoso fracaso por el incumplimiento por parte de Gobierno de los acuerdos a los que se había comprometido en las reuniones de dialogo. Y dos, la experiencia que tuvimos como resultado de las rondas de negociaciones de 2003 – la que encabezó Gaviria, por parte de la OEA– y que se demoró más de un año en aplicarse lo acordado, sin que los “países garantes” o “amigos” hicieran nada por impedir ese retraso lo que dio tiempo al gobierno de Hugo Chávez Frías de desarrollar una serie de políticas populistas para recuperar su imagen y ganar el referendo revocatorio. Si esa “resistencia” se vence, en lo personal creo que el camino de la mediación puede ser adecuado, siempre y cuando las partes, especialmente la dictadura, que es quien tiene que ceder más en una serie de puntos, cumpla con lo que se acuerde.

El segundo documento, está encabezado por la frase:“Detengamos la violencia con un diálogo nacional incluyente” y viene firmado por un grupo de organizaciones entre las que destacan –sin ser las únicas– las integradas por ex altos funcionarios y ministros del gobierno de Hugo Chávez Frías; entre las organizaciones firmantes se encuentran Alternativa 1, De Frente con Venezuela, Fundahumanos, La Plataforma Ciudadana de Defensa de la Constitución, Movimiento Amplio Desafío de Todos, Movimiento al Socialismo y Soluciones.

En la parte descriptiva con relación a la crisis, no tengo mayores diferencias, excepto algunos matices, que no viene al caso resaltar. En materia política los firmantes del documento se declaran: “partidarios de un diálogo y un acuerdo nacional, que incluya al Gobierno, a la MUD y a los sectores políticos y sociales no polarizados, que permita iniciar el rescate de Constitución” y señalan que esa posibilidad se dificulta por la convocatoria a  “…elegir una Constituyente monopartidista el próximo 30 de julio, y la convocatoria por la dirección de la MUD de un plebiscito para la conformación de un ‘gobierno de unión nacional’”, que de concretarse produciría “… un ‘gobierno paralelo’ claramente inconstitucional versus un gobierno real autoinvestido con ‘poderes supra constitucionales’ ” que al extremarse podría concluir en una guerra civil. Esta caracterización política me parece un tanto dura con la MUD, al calificar su opción como “gobierno paralelo claramente inconstitucional” y una tanto “blanda” al caracterizar de “gobierno real autoinvestido con poderes supra constitucionales” a lo que no es más que una dictadura. Pero entiendo que la MUD ocupa el espacio político que este grupo desea ocupara, en tanto que el régimen, para una buena parte de ellos fue su referencia durante casi tres lustros y no es algo de lo uno se desprende fácilmente.

De allí pasan a concretar sus propuestas, y aquí si debo decir que me parecen sesgadas y desubicadas; en síntesis, y con mis comentarios, el documento propone a la oposición que:

  • dejen la calle –que ha sido uno de los factores que en esta fase ha acorralado a la dictadura– y vengan al dialogo, del cual la oposición salió apaleada la última vez
  • desmonten el plebiscito del 16J, que es claramente una propuesta que ha descolocado a la dictadura, que no encuentra como manejar
  • abandonen la solicitud de que Maduro se vaya, que es uno de los elementos de fuerza de la oposición desde que el régimen cancelo inconstitucionalmente el referendo revocatorio
  • incorporen en la discusión y negociación a otros grupos, empezando obviamente por ellos, que ya algunos se quejaban de no haber sido incluidos en las pasadas sesiones de dialogo de finales de 2016

Y a cambio de eso, la propuesta hacia el gobierno de Nicolás Maduro seria que:

  • abandone la convocatoria a la ANC; que debo decir que es un acontecimiento sobrevenido con el cual la dictadura se pretende defender del apuro en que la colocó la oposición tras tres meses de protestas
  • se realicen las elecciones de gobernadores y alcaldes; que en realidad son un derecho constitucional que el régimen arrebató al país
  • Maduro se quede hasta el 2019; al frente de una dictadura que trae sobre sus espaldas, además de la ineficiencia de varios años, 3 y 1/2 meses de protestas, mas de 90 muertos, miles de heridos, cientos de presos políticos, la AN asaltada 2 veces, dirigentes políticos inhabilitados, etc.

La propuesta de este documento, en mi opinión, solo restablece la situación al momento en que se iniciaron las protestas en el mes de abril. Menciona apenas de pasada el desconocimiento a la AN, pero nada dice de las sentencias 155 y 156 del TSJ que siguen vigentes y utilizándose, tampoco de las sentencias anteriores del TSJ, dictadas desde diciembre de 2015, que vulneran todo el estado de derecho; tampoco habla de los diputados de Amazonas; tampoco dice nada del nombramiento del vicefiscal ni el antejuicio de mérito a la fiscal, ni menciona a los presos políticos, ni a los inhabilitados, ni menciona nada del desarme de los paramilitares del régimen. Plantea una amenaza de guerra civil con participación extranjera, pero no menciona tampoco que es el régimen el que tiene las armas a su disposición (los fusiles que ahora menciona Arias Cárdenas) para someter a sus opositores.

Creo que es un documento, sin decir que ese sea su propósito, que por la manera en que se formulan sus propuestas, estas favorecen la opción del gobierno actual, desconoce el escalamiento que la dictadura ha hecho del conflicto y toma poco en cuenta los avances de la MUD y la sociedad civil en la lucha contra la dictadura.

@Ismael_Perez

Plebiscito, la Consulta Popular

Vale la pena destacar que, a pesar de la violencia desplegada por los agresores de la dictadura, no pudieron evitar que el pasado 5 de julio –además de escuchar el magnífico discurso de Inés Quintero– la Asamblea Nacional alcanzara otro de sus objetivos ese día: aprobar un Acuerdo sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución, por el cual se convoca a la consulta popular que había sido solicitada un par de días antes en un acto de la sociedad civil y los partidos de oposición.

Dicha consulta, que algunos denominan plebiscito, será nacional, se llevará a cabo el 16 de julio, en Venezuela y por todo el mundo, y constará de tres preguntas, que al mismo tiempo se constituyen en el programa de acción de la oposición para salir de la dictadura; se preguntará: 1) si se rechaza o no la elección de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva constitución; 2) si se aprueba o no que la Fuerza Armada Nacional y todo funcionario obedezca y defienda la actual Constitución Nacional; y 3) si se aprueba o no la renovación de los Poderes Públicos mediante elecciones libres y –sobre todo– la conformación de un Gobierno de Unión Nacional para restituir el orden constitucional del país. Dicho mas resumidamente: rechazo a la ANC madurista, apelación a la FAN y empleados públicos para que defiendan el orden constitucional vigente y conformación de un gobierno de unidad nacional.

No dedicaré tiempo a explicar los aspectos jurídicos de esta consulta, que el propio texto del Acuerdo explican y varios notables juristas han hecho y están haciendo, entre ellos recomiendo el texto de José Ignacio Hernández.

(http://prodavinci.com/blogs/sobre-la-constitucionalidad-de-la-consulta-popular-del-16-de-julio-por-jose-ignacio-hernandez/ )

Tampoco dedicaré tiempo a justificar las implicaciones y ventajas políticas de esta actividad. Baste decir dos cosas, una, que es una extraordinaria manera de movilizar, organizar y poner a participar a varios millones de venezolanos, para decirle al país, a la FAN, al régimen dictatorial y al mundo, que el tiempo de la dictadura llega a su fin y hay varios millones de venezolanos que así lo declaran, lo desean y están comprometidos en lograrlo. Y dos, que no dudo que será una masiva movilización con el entusiasmo y la motivación ciudadana, equiparable a la de las últimas jornadas de recolección de firmas para dar inicio al proceso de referéndum revocatorio –inconstitucionalmente suspendido por el CNE, en complicidad y bajo órdenes de la dictadura– y que se lograrán varios millones de votos y firmas a nivel nacional y sin duda una cifra cercana al millón de votos y firmas  en el exterior, en cada rincón en donde haya un venezolano, ratificando y rescatando de esta manera el valor del voto.

Precisamente porque se vislumbra ese éxito, es bueno dedicar tiempo entonces  a analizar cuáles serán los esfuerzos que desarrollará el régimen para tratar de impedir –que no podrá– o mitigar el impacto político de esta consulta popular.

El régimen inmediatamente entendió el impacto de esta actividad y el riesgo político que representa para él. No es “tolerable” para la dictadura el espectáculo de un país movilizado, masivamente, haciendo largas filas, para expresar su rechazo al actual régimen, ante los ojos del mundo, de sus cada vez más escasos seguidores y las FAN, su único soporte efectivo. No es difícil anticipar, por tanto, que el régimen hará lo posible, como dije, por intentar detener la consulta o mitigar su impacto político. Ahora que ya no cuenta con recursos económicos para comprar tiempo, apelará a sus “armas” acostumbradas: la amenaza, la intimidación y sobre todo la violencia directa de sus cuerpos represivos, o la de los matones armados con los que cuenta y que hemos visto actuar contra los manifestantes en estos tres meses, o sin ir muy lejos, contra la AN el pasado 5 de julio.

Sin caer en triunfalismos, generación de falsas expectativas o estimular excesos de confianza que hagan bajar la guardia, esta vez, no será  fácil el empleo de la violencia, al menos generalizada geográficamente, por parte del régimen y sus matones. Son muchos los “puntos soberanos” en los cuales la gente estará ejerciendo su derecho a elegir y son puntos que se pueden “mover” fácilmente hacia lugares más seguros, de ser el caso. Además, será muy fácil para quienes viven en barriadas o en zonas muy populares, en donde los malandros del régimen ejercen la intimidación y el “control” político, moverse a votar y firmar hacia zonas de la ciudad donde ese “control” no es posible ejercerlo. Ya eso lo hemos visto y vivido en procesos anteriores de recolección de firmas.

La intimidación y la generación de confusión, será entonces, el arma más eficaz. Y en ese sentido, tres han sido ya las reacciones inmediatas. Primero una declaración de Nicolás Maduro, al día siguiente del anuncio de la oposición, afirmando que: “… nadie puede pretender convocar consultas públicas que tengan carácter vinculante violando la constitución…”. ¿Quién le abra dicho a Nicolás Maduro que se pretende hacer una consulta “vinculante” para él? si todos sabemos que para él y su régimen nada es “vinculante”, comenzando por la Constitución y las leyes, que violan cómo y cuando les parece. El carácter “vinculante” que él teme lo determinará la decisión de un pueblo dispuesto a rescatar la democracia y acabar con la dictadura y la consulta popular del 16 de julio será un paso muy importante en esa dirección. Aunque puedo entender que su temor real lo expresa esta frase, dicha el mismo día: “Nadie puede pretender instalar un Estado paralelo, ilegal, inconstitucional, improvisado”. Ese si es el temor de todo dictador que ha usurpado el poder y sabe que eso ocurrirá en la medida en que su dictadura siga cerrando todas las salidas democráticas, como ha sido, por ejemplo, cerrar la vía del voto. Pero sin duda lo que pretende el dictador con esta declaración es justificar las acciones que pueda emprender para impedir que se celebre esta consulta, amenazando a quienes la lleven adelante, entorpeciendo la libre circulación por el país el 16J, impidiendo el ingreso al país de periodistas y observadores invitados, con la excusa de que se trata de una actividad “ilegal”, o no amparada por el CNE, etc. Tratar de impedir esta consulta, sería como tratar de impedir que alguien hiciera una encuesta de opinión o seria violar todos los derechos políticos de los venezolanos que, entre otros, consagran la libertad de asociarse y la libre expresión de las ideas.

Otra reacción característica fue la del Alcalde del Municipio Libertador, jefe del comando de campaña Zamora 200, Jorge Rodríguez, quien rechazó la consulta popular afirmando que: “Esa pantomima del 16 de julio, no es más que un golpe de Estado”. Pero ojo, que con esta frase introduce un elemento adicional de amenaza, pues si se sienten muy presionados nada de raro tiene que empiecen o continúen los allanamientos de viviendas, apresamiento injustificado de opositores, sin pruebas y sin ordenes de tribunales –como es el caso de Roberto Picón Herrera, ilegalmente encarcelado en el SEBIN– para acusarlos de delitos como traición a la patria, subversión, o como dijo Rodríguez, de intento de golpe de estado.

Por último, está el intento de confundir. Mata Figueroa, Gobernador de Nueva Esparta y figura del PSUV anuncia en su cuenta de tuiter que para ese mismo día 16 de julio realizarán un “simulacro electoral para la constituyente”. No sé si esto es una decisión ya tomada y si contará con la complicidad del CNE, o si se trata de un evento regional o nacional, pero encaja perfectamente con las estrategias o respuestas que han hecho otras veces para provocar o sabotear eventos opositores, proponiendo actividades similares para el mismo día.

Como ya he dicho, para el régimen no es tolerable que a los ojos de sus partidarios y del mundo se vean multitudes haciendo largas filas expresando su rechazo al actual régimen; como creo que la violencia no les dará resultado –como ya han constatado tras tres meses de brutal represión a las manifestaciones opositoras, sin que estas mermen significativamente– una alternativa es generar confusión y seguramente sus medios televisivos –VTV y Telesur– y sus redes sociales saldrán diciendo que toda esa multitud que se ve en las calles por todo el país son los partidarios del régimen “apoyando la ANC”. Ya Telesur lo ha hecho en otros eventos opositores, que se los atribuyen como pro gobierno, y nada de raro tiene que lo vuelva a hacer.

Pero esta estrategia de intimidación y violencia será derrotada por los venezolanos, por ese 85% que quiere cambio, con millones de votos y firmas que se recogerán el 16 de julio, día que se expresará ese venezolano cansado de la falta de comida y medicinas, acorralado por el hampa, harto del alto costo de la vida y malos empleos, cansado de quedarse sin agua, sin gas y sin luz, mientras ve como se dilapidan los ingresos petroleros, harto de falsas promesas y de que ahora le vengan a decir que después de 18 años todo se va a resolver con una Asamblea Constituyente, que ni siquiera le consultaron si la quería convocar.

Pero eso solo será posible si mantenemos claro que el objetivo es realizar un evento masivo, que movilice millones de venezolanos en Venezuela y en el exterior; y para ello se requiere aplicar y mantener algunas reglas elementales:

  • Que se garantice el secreto del voto y la confidencialidad de los que firmen el Acta Compromiso, para que nadie sienta temor de votar y firmar, dada la desafortunada y trágica experiencia de la “Lista Toscón”.
  • Que estemos conscientes de que no se trata de complicar el proceso, como usualmente hace el CNE, sino mantenerlo simple y directo, para que la mayor cantidad de venezolanos, inscritos o no en el REP, se puedan expresar y lo hagan rápidamente.
  • Que se mantengan “flexibles” los llamados “puntos soberanos” para que puedan moverse rápidamente en el caso de agresiones.
  • Que para que los venezolanos se puedan expresar libremente, se deben poder desplazar a sitios seguros a votar y firmar; para ello es importante que en el encabezado del Acta de Compromiso, a firmar después de la votación, no se identifique estado, municipio o parroquia, datos que no agregan nada a la consulta, pues por ser una consulta nacional, no importa donde se vote o firme.
  • Que a quienes se acerquen a votar y firmar en el exterior solo se les exija C.I. o pasaporte, para comprobar su identidad y edad; los problemas de residencia que puedan tener es algo que solo conciernen al expatriado y el país anfitrión.
  • Que se facilite un mecanismo de “voto a distancia” en el exterior, para aquellos que no se puedan desplazar físicamente a los puntos designados.

Si estas reglas se mantienen, se dispone del material suficiente y se apela a la voluntad organizativa de los miles de venezolanos que se han manifestado en similares eventos anteriores y que durante estos tres meses han resistido la brutal represión del régimen, sin ceder espacios, el éxito estará garantizado.

@Ismael_Perez

La Fiscal General

Cedo a la tentación de comentar el episodio aún muy confuso del helicóptero,  –ya hay bastantes análisis e hipótesis circulando– y el de las intentonas de golpes de estado –en el que por cierto este régimen es experto– y prefiero referirme a un tema muy importante, lo que está ocurriendo con la Fiscal General de la Republica, Luisa Ortega Díaz, porque desde su aparición en la escena política oponiéndose a algunas medidas inconstitucionales del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, se ha suscitado una discusión que es bueno poner en contexto.

En este momento, más allá de los objetivos que persigue la oposición con la movilización emprendida hace más de 90 días (reconocimiento de las atribuciones de la AN, apertura de canal humanitario, libertad de presos políticos, restitución de los derechos de los inhabilitados, fijación de un cronograma electoral y desarme de los colectivos paramilitares) el objetivo inmediato más importante, de todos los venezolanos y no solo de la oposición representada en la MUD, es oponerse al proceso de elección e instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como la que está planteada.

Si esa Asamblea llega a instalarse, estará en grave peligro lo que queda de democracia y estado de derecho. Más allá de las amenazas que el régimen, a través de conspicuos voceros, como Cabello, Jaua, Istúriz, Rodríguez o el propio Nicolás Maduro, han hecho a la Fiscal General, a la Asamblea Nacional y a los diputados, es un hecho objetivo e innegable que la ANC puede cambiar a su antojo, capricho y conveniencia todo el ordenamiento jurídico del país y profundizar el llamado “proceso revolucionario” para convertir a Venezuela en una sucursal del totalitarismo mas abyecto que hayamos conocido. No vale la pena caer en mayores descripciones y caracterizaciones.

Por lo tanto, en el proceso de lucha contra este ominoso proceso de una minoría en el poder por instaurar una ANC en contra de la voluntad de la mayoría del país, ninguna ayuda es despreciable. Vendrá luego algún momento para ajustar las cuentas que sea necesario ajustar, para hacer verdadera justicia, que no venganza, y poner las cosas en su sitio.

Ese es el contexto en el que debemos entender las actuaciones de la Fiscal, Luisa Ortega Díaz. Sin duda las posiciones de la Fiscal son tanto jurídicas como políticas. Jurídicamente hablando, mientras tengamos este TSJ tienen muy pocas probabilidades de obtener decisiones favorables las demandas y recursos de la Fiscal; como cualquier demanda o recurso que intente algún opositor o cualquier persona que no esté acorde con la “revolución”. Pero políticamente hablando, el impacto de lo que haga la Fiscal es otra cosa.

La posición crítica hacía el régimen de Maduro de parte de la Fiscal General tiene algún tiempo desarrollándose; veamos algunos antecedentes. Desde hace un par de años, Luisa Ortega Díaz comenzó un proceso de distanciamiento o diferenciación con el “madurismo”. No olvidemos que su última designación en diciembre de 2014, por la Asamblea Nacional que presidia Cabello, ya fue muy polémica y contra la candidata del madurismo, una comadre de la “primera combatiente”, Miriam Morandy, ex magistrada del TSJ y juez de los casos de Iván Simonóvis, Henry Vivas, Lázaro Forero y “Mazuco” y se recordará que fue partícipe de un escándalo en Maiquetía cuando fue vista viajando con un narcotraficante, en 2015.

Después del nombramiento vendrían otros “enfrentamientos” de la Fiscal con el Gobierno. Sin hacer un listado exhaustivo, destaquemos algunos casos; por ejemplo con ocasión de la Resolución 8610 del Ministerio de la Defensa, de enero de 2015, que permite –contra lo establecido en el artículo 68 de la Constitución– que se utilicen armas de fuego para el control de las manifestaciones. También se han mencionado algunas actuaciones de la Fiscalía oponiéndose a ciertas actuaciones o acusaciones contra opositores al régimen, como fue el caso de su oposición a las citaciones al Sebin de los alcaldes Ocariz y Smolansky; y lo que se ha conocido recientemente acerca de su posición en diciembre de 2015 con la inconstitucional designación de los actuales magistrados del TSJ.

Y por supuesto, están sus últimas acciones, comenzando por sus declaraciones públicas en contra de la ruptura del orden constitucional, la más reciente después de las sentencias 469 y 470 en la cuales se crea una especie de Fiscalía paralela, confiriendo atribuciones propias del Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo (Sentencia 469) y la anulación –sin que nadie lo solicitara– del acto por la cual la Fiscal nombra al Vice Fiscal (Sentencia 470); recordemos también las declaraciones en contra de las sentencias 155 y 156 del TSJ, las declaraciones en contra de la convocatoria de la ANC, sus declaraciones contra la represión del Gobierno en las manifestaciones recientes –especialmente sobre las causas de la muerte del joven Juan Pernalete– y por supuesto, más allá de las declaraciones, su actuación con las demandas contra las bases comiciales de la ANC, la convocatoria de la ANC, contra la designación ilegal de los Magistrados del TSJ y su solicitud de antejuicio de mérito contra los magistrados de la Sala Constitucional.

Todo eso, sin duda, ha tenido un impacto político importante e innegable, que ha sacudido buena parte de las bases del Chavismo y ha puesto en dificultades al régimen madurista. ¿Cuáles son las intenciones de la Fiscal, más allá de lo aparente? ¿Tiene una vocación política de poder que motive estas actuaciones? ¿Hay algún grupo importante de chavistas, no maduristas, que la apoyan y que tienen interés político en el país? ¿Es Rodríguez Torres el “poder detrás del trono” que apoya a la Fiscal? ¿Tienen la Fiscal y el grupo que la apoya alguna carta escondida o documentos o pruebas comprometedoras en contra de los altos funcionarios del régimen? ¿Si es así porque no las han utilizado todavía? Para todas esas preguntas y parecidas, muy legítimas, no tengo ninguna respuesta, pero no me quitan el sueño.

Lo que sí confieso es que me pareció fuera de lugar en su última rueda de prensa su alusión negativa hacia la Asamblea Nacional (AN) y los diputados cuando hizo referencia –acertada por demás– al tema del “desacato” como no ajustado a derecho; porque eso es desconocer o negar lo que ha venido haciendo la AN, oponiéndose y negando el desacato, rechazando y desconociendo las sentencias del TSJ e invocando los artículos 333 y 350 de la constitución, mucho antes de que la Fiscal comenzara a actuar y criticar a la dictadura. Pero esa “velada” crítica tampoco me quita el sueño.

Como tampoco me lo quita que sus seguidores la promuevan y endiosen, mientras en la oposición democrática representada en la MUD, nadie se ponga a “glorificar” su actuación, ni trate de convertirla en la “heroína de turno” de la política venezolana; y –por los vientos que soplan por los lados del TSJ que ya ha fijado su juicio y ha tomado medidas en su contra– tampoco traten de convertirla en una Juana de Arco de la lucha contra la dictadura madurista.

Independientemente de sus reales intenciones, las que estén detrás de sus recientes actuaciones, si es que hay algunas intenciones ocultas, es innegable que no se trata de cualquier funcionario; se trata de un altísimo funcionario del Estado, que hasta hace muy poco era de la confianza del régimen y en su carácter de Fiscal General fue responsable o corresponsable de muchas acusaciones y detenciones de políticos opositores o ciudadanos comunes.

Lo cierto y lo importante es que la Fiscal ha dicho, con mayor o menor tino, lo que muchos abogados, políticos, periodistas y “formadores de opinión” u “opinadores” de oficio hemos dicho y denunciado sobre el régimen dictatorial, la ilegal convocatoria de la ANC, la eliminación del derecho a manifestar, la brutal actuación de la fuerza pública, la corrupción del Gobierno, etc., pero qué duda cabe que el impacto cuando lo dice la Fiscal –especialmente en el denominado sector chavista– es mucho mayor. Y es eso lo que nos debe importar.

La invocación de los artículos 333 y 350 que han hecho, primero la Asamblea Nacional y luego la Fiscal, no es un acto demiúrgico, como muchos esperaban y piensan. La dictadura no va a caer y desaparecer por la sola mención e invocación del derecho a rebelión y a restablecer el mancillado orden jurídico que plantean estos artículos constitucionales. Requiere mucho más que eso y es una lucha muy desigual.

En esa desigual lucha contra la dictadura, que cuenta con los recursos económicos del Estado, los medios de comunicación y el resto de los poderes públicos –sobre todo el CNE– para imponer su Asamblea Constituyente, no podemos despreciar el apoyo de ningún aliado, circunstancial o no, como es el caso de los ex ministros chavistas que se oponen al madurismo, algunos conspicuos representantes del chavismo, organizaciones como Marea Socialista u otras y, por supuesto, la Fiscal General.

@Ismael_Perez