¿Final de la Democracia?

No se trata de un trapo rojo. La propuesta de Nicolás Maduro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es un deliberado plan para modificar la estructura del estado, acabar con la democracia y terminar de instaurar una dictadura totalitaria y militarista. Hay que decirlo claramente, pues algunas personas parecen no haber comprendido la gravedad y alcance de la situación.

Todo lo que diré les sonará excesivamente dramático o extremo a algunos, pero no es así. Pretende, sí, advertir, alertar, sobre un devenir que será inexorable si no reaccionamos pronto, si no tomamos conciencia y le explicamos al país lo que nos estamos jugando y no encontramos una manera eficaz, unificada, de detener el proceso constituyente planteado.

Cuando se comenzó a analizar la propuesta de realizar una ANC, rápidamente salieron los argumentos obvios acerca de su inconstitucionalidad, que se resumen en un solo argumento contundente: el Presidente de la Republica no tiene facultades para convocar una Asamblea Constituyente, pues solo el pueblo lo puede hacer. Luego, esa convocatoria es inconstitucional.

Pero el Presidente lo hizo. Y lo que es más grave, el Poder Moral lo avaló, el CNE lo aceptó y la Sala Constitucional del TSJ ha guardado silencio frente a esta flagrante violación y desconocimiento de la Constitución. Y los demás poderes públicos, tanto el Legislativo como la Fiscal General, han manifestado su desacuerdo con esta fraudulenta convocatoria y su carácter ilegal, inconstitucional.

Pero repito, el Presidente lo hizo. La “convocatoria” de una ANC está allí, no podemos ignorar ese hecho político. El Presidente Maduro puso en marcha no solo la convocatoria a una Asamblea Constituyente, a la que no tiene derecho a convocar, sino que por el momento luce indetenible el que se vaya a reunir esta Asamblea, que dictará una nueva Constitución, que además ni siquiera será aprobada por los venezolanos. Léase bien. No solo es que no se va a consultar al pueblo si quiere o no la realización de una asamblea constituyente, sino que una vez que la misma apruebe la nueva constitución, entrará en vigencia automáticamente cuando así lo decida la propia ANC, sin que el pueblo venezolano se pronuncie acerca de si está de acuerdo o no con su texto, con su contenido.

Yo estaba equivocado hace tres semanas cuando afirmé en Constitución fallida,  que: “…más tarde o más temprano, el pueblo deberá pronunciarse, a favor o en contra de su convocatoria o a favor o en contra de la Constitución que de allí surja…”  (https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2017/05/06/constitucion-fallida/ ) No, no será así, al menos no en las urnas. Como están planteadas las cosas, los venezolanos nunca nos vamos a pronunciar electoralmente acerca de la nueva constitución que apruebe esta asamblea constituyente, así de claro.

Eso es ni más ni menos lo que contemplan las bases comiciales que presentó el Presidente de la República y que el CNE presurosamente está aprobando, ya hasta ha fijado una fecha aproximada para elegir los representantes a esa asamblea constituyente y –por declaraciones de su Presidente, aunque ha sido desmentida por otro rector– hasta han fijado fechas para “pre inscripción” de candidatos y número de representantes a ser elegidos en algunos de los sectores planteados.

Entiéndase bien. Al estado de derecho como lo conocemos, lo que queda de él, le resta poco tiempo de vida. Tiene fecha de caducidad: lo que tarde esa asamblea, que se elegirá a finales de julio, en aprobar la nueva constitución. Que no dudo ya está elaborada, redactada, con base a las reformas que pretendió hacer Hugo Chávez Frías en el año 2007 y que fueron negadas por el pueblo en un referéndum. Por lo tanto, no se trata ya de si el Presidente tiene el derecho o no de convocar a una asamblea constituyente o si solamente tiene la iniciativa para hacerlo, se trata de que el Presidente Nicolás Maduro, en la práctica –con complicidad del CNE y silencio igualmente cómplice del TSJ– propuso la disolución del estado de derecho.

Tal y como está planteado en las bases comiciales, con la anuencia y complicidad de los poderes públicos –a excepción del Poder Legislativo y la Fiscal General– aquí se elegirá una ANC que tendrá facultades para:

– Disolver a la Asamblea Nacional, lo que no ha podido hacer todavía el Gobierno a través del TSJ;

  • – Elegir un nuevo titular para la Fiscalía General, que ahora no pueden hacer pues no cuenta con los 2/3 de la Asamblea;
  • – Disolver todos los poderes intermedios, quitar competencias o cambiar sus formas de elección o designación, es decir, Gobernadores y Alcaldes, Asambleas Legislativas y Concejos municipales, pues ya las Juntas Parroquiales prácticamente quedaron disueltas o en poder de las llamadas Juntas Comunales o comunas, de acuerdo con la sentencia 355 del TSJ, que eliminó de paso el voto directo al darle cabida al voto indirecto para elegir las Juntas Parroquiales; y
  • – Todo lo demás que se le ocurra al régimen: disolver partidos políticos, gremios, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, eliminación del sufragio directo para designar cargos, modificación de todos los derechos de los venezolanos, en fin, todo lo que al actual régimen se le ocurra para terminar con el estado de derecho y terminar de implantar una tiranía de “nuevo cuño”, pues ni la comunista cubana habrá sido tan “perfecta” como la que aquí se pretende desarrollar e imponer al pueblo.

De paso, de elegirse los miembros de la asamblea constituyente, de acuerdo con las bases comiciales propuestas, además de eliminar el voto “directo” –que, repito, ya eliminó el TSJ con la decisión 355– se estará eliminando el carácter “universal” del sufragio, pues esos miembros se estarán eligiendo no de acuerdo con una base poblacional, como se establece en nuestra legislación, sino con base en una arbitraria y absurda división municipal y con base en unos sectores, arbitrariamente escogidos por Nicolás Maduro.

Los miembros escogidos por municipios serán con base en un criterio que iguala a todos los municipios, sin importar el número de habitantes, da lo mismo que el municipio tenga 3 mil habitantes que 200 mil, municipios con 3 mil habitantes elegirán la misma cantidad de representantes que municipios con 200 mil habitantes.

Los elegidos por sectores lo serán de acuerdo con unos criterios corporativistas –valga decir fascistas– y listados que el propio Gobierno proveerá, en donde obviamente no estarán incluidos todos los venezolanos pertenecientes a esos sectores, sino aquellos que el gobierno decida conforme a sus simpatías ideológicas y políticas. Ya tenemos amplia “experiencia” con las “listas” que elabora este régimen.

Por otra parte, sobre la posibilidad de controlar la asamblea constituyente por parte de la oposición al régimen, ésta es casi nula. De acuerdo con las reglas o bases comiciales para escoger los miembros presentadas y aprobadas por el CNE, éstas garantizan que el gobierno controlará fácilmente la asamblea constituyente, ya que:

  • Para elegir los representantes de los municipios, la base poblacional que se tomará en cuenta no es la establecida en la legislación electoral, sino una que favorece los pequeños municipios y poblaciones rurales que controla el gobierno; y en aquellas que no controla, en los municipios de las grandes ciudades, por el sistema de representación proporcional el oficialismo se garantiza que al menos sacará la mitad de los miembros a elegir, pues es muy difícil que la oposición pueda obtener en algún municipio el doble de los votos que el oficialismo.
  • Se elegirán unos representantes por la población indígena y los denominados representantes sectoriales serán seleccionados de esas “corporaciones” que decidió el Presidente y cuyo listado de electores elaborará el CNE con base en la información que le proporcionen los organismos oficiales, es decir el propio gobierno, que como ya dije, obviamente tendrá buen cuidado de seleccionar los miembros de esos sectores de acuerdo con sus inclinaciones políticas en favor del proceso revolucionario.

El guion de este plan está siendo puesto en escena con toda la maquinaria del poder haciendo su parte. Le ha dado al régimen un propósito y coherencia, reagrupando como cuerpo al círculo más comprometido y en riesgo. Le ha dado una actividad política que manipula un mensaje de “diálogo” y “paz”, tratando de pasar a segundo plano la represión y la violencia que han desatado y el hambre que asola a los más pobres del país. Pero igualmente ha producido fracturas internas de grupos en pugna que no comparten la propuesta de ANC aunque no vemos aun acciones claras para enfrentarla.

Se trata, en síntesis,  de una propuesta fraudulenta, como se ha dicho, sobre la cual ni siquiera se podrá pronunciar el pueblo y que en caso de que lo hiciera, debería rechazar junto con sus bases comiciales, pues en ningún caso se puede participar de un proceso electoral con semejantes arbitrariedades. La conclusión es simple, la propuesta es inaceptable y como quiera que no se va a llevar a referéndum, la forma de rechazarla es no participar y oponerse a ella por todos los medios de que disponga cada quien.

Les presento una desoladora pero realista visión, que se desprende del análisis de las últimas actuaciones del Gobierno: la brutal represión en las calles a toda disidencia, la sentencia 355 de la Sala Constitucional del TSJ, la presentación de las bases comiciales para la ANC que propone Nicolás Maduro y las declaraciones de la Presidenta del CNE, obviamente sesgadas pro gobierno.

Nunca como en este momento ha sido más importante la acción mancomunada,  contundente, expresada a través de la mayoría que somos la oposición, la unidad de criterios, decidida y firme de nuestros dirigentes políticos, posponiendo cualquier diferencia y sumando con todos aquellos que, sin importar su origen o procedencia, crean en la democracia y el estado de derecho, pues eso es lo que nos estamos jugando.

@Ismael_Perez

 

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Buscando una Salida

Desde el 29 de abril, durante dos semanas he publicado sendos artículos con relación a la necesidad de tender puentes hacia la “élite” del régimen dictatorial que nos gobierna para lograr que abandonen el poder al menor costo posible en sufrimientos y vidas humanas; y lo de vidas humanas no es un recurso retórico, todos conocemos, sufrimos y lamentamos la irrecuperable perdida de jóvenes venezolanos, asesinados en el último mes y medio.

El objetivo de ambos artículos era contribuir a la discusión, incipiente en ese momento, sobre el punto de la necesidad de negociar una salida con el actual gobierno que permita una transición sin más derramamientos de sangre. En las tres últimas semanas, desde que publiqué el primer artículo, ya son varios los que han opinado y se han referido al tema, varios analistas y algunos dirigentes políticos y diputados. Creo que el tema de una “negociación” ya está menos satanizado, aunque todavía hay algunos que no sé cómo se imaginan que se va a producir una salida a todo lo que estamos viviendo, como no sea a través de algún tipo de negociación, que implique ceder de parte y parte.

No se requiere de mucha imaginación para entender que las solicitudes de la oposición democrática que han animado las protestas de las últimas semanas (Fijación de un cronograma electoral, devolución de las atribuciones de la Asamblea Nacional, libertad de los presos políticos y apertura de un canal humanitario para socorrer a la población venezolana) conducen al fin del llamado socialismo del siglo XXI y a la salida del poder del actual régimen de una manera inexorable.

A esas razones, que ya eran suficientes, hay que agregar lo que ha ocurrido durante las últimas semanas, en las cuales se ha hecho evidente la violación de otros derechos ciudadanos y humanos fundamentales, como el derecho a manifestar y la libertad de expresión, al no permitir manifestaciones y reprimirlas brutalmente; el derecho al debido proceso, al detener ilegalmente manifestantes y mantenerlos encarcelados, sin las debidas ordenes y procesos judiciales; el derecho a la vida, al reprimir brutal e inconstitucionalmente las protestas con un saldo de vidas humanas, heridos y lesionados.

De acuerdo a las encuestas y lo que hemos visto en las calles durante el último mes y medio, parece ser, además, el sentir y exigencia de la mayoría del país el que se encuentre lo antes posible una fórmula para salir de este gobierno, de este régimen dictatorial, que ha perdido toda legitimidad y se restituya el estado de derecho, el régimen de libertades y la democracia en nuestro país.

En otras palabras, lograr los objetivos que la oposición se ha trazado en este proceso de protestas y manifestaciones, implica concluir en un proceso de negociación, en el que se acuerden las formulas y condiciones para que la transición ocurra. Y esa negociación obviamente debe tomar en cuenta las fortalezas, debilidades y limitaciones de las partes en conflicto.

Esta negociación final, en el sentido de que ponga fin al conflicto y obligue a la salida del régimen del poder, a su renuncia, y ceder el paso a un proceso de transición, no es algo trivial y debemos estar preparados para su complejidad.

Vamos a estar claros en que la oposición carece de la fuerza física para obligar al régimen a ceder. Será una conjunción de presiones internas y externas las que convencerán a los personeros del actual régimen que su mejor opción es abandonar el poder, y para algunos de ellos, que están en posiciones de poder muy importantes, esta decisión no es sencilla.

Probablemente para el Presidente Nicolás Maduro y su entorno más íntimo, llegar a esa conclusión es más fácil que para algunos de sus “colaboradores inmediatos”, incluidos en esa categoría algunos miembros del gabinete, la Asamblea Nacional y la FAN. Algunos de esos “colaboradores inmediatos” del régimen de Maduro, sin contar con los delitos internos que puedan haber cometido, violación de derechos humanos o actos de corrupción, están acusados de narcotráfico a nivel internacional, por lo que, a estos últimos les va a ser mucho más complejo lograr alguna “garantía” o “inmunidad” que les permita dejar el gobierno. Esos se plantearán luchar hasta el final para mantener el poder.

La estrategia opositora, por tanto, debe ser aislar al grupo de esos “colaboradores inmediatos” de los demás funcionarios gubernamentales, hacerles entender a los segundos que para ellos hay una salida, una posibilidad de continuar en el país y hasta seguir con sus actividades políticas, pues si bien se pudieran considerar participes de políticas gubernamentales que han causado daños al país, al menos no son cómplices de haber cometido delitos graves contra los derechos humanos o actos de corrupción por los cuales deban pagar y mucho menos están incursos en delitos de narcotráfico, por los que puedan ser perseguidos internacionalmente.

Hace varias semanas propuse una alternativa: Que la AN sesione y de emergencia apruebe una nueva Ley de Amnistía, favoreciendo a los inhabilitados y presos políticos, e incluya a los funcionarios del actual gobierno no incursos en faltas graves. (https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2017/04/15/tres-propuestas-polemicas-para-una-salida-2/)

Esta nueva ley debe delimitar muy bien –como hizo la anterior, la de marzo de 2016, que fue declarada inconstitucional por el TSJ– los hechos respecto de los cuales aplicará la amnistía; en ese sentido creo que debe ser clara en incluir las inhabilitaciones dictadas ilegalmente por la Contraloría General de la Republica y así mismo debe abarcar también algunos delitos cometidos por funcionarios del Gobierno desde 1999, obviamente excluyendo los de narcotráfico y contra los derechos humanos.

Este tipo de amnistías, que abarque a funcionarios del actual Gobierno, no es algo original ni osado, ni estoy diciendo nada que no hayan dicho otros o que no haya pasado en otros países del mundo con largas y cruentas dictaduras, a cuyos personeros importantes –incluidos los propios y sanguinarios dictadores– se les concedió amnistía o se les dio garantías de que sus vidas y las de sus familias no correrían peligro siempre que estuvieran dispuestos a dejar el poder.

Creo que estamos en el momento de empezar a considerar a fondo este tema de la amnistía, de ofrecer garantías a los funcionarios del actual gobierno y comenzar a poner sobre la mesa fórmulas que le ahorren sufrimientos al país, violencia, destrucción, y evitar se siga derramando valiosa sangre inocente y familias enlutadas en el dolor y la desesperanza.

Esta vía es la única que permitirá construir la Venezuela de todos sobre la fuerza de la épica ciudadana desplegada durante las últimas semanas, que nos hará crecer como sociedad y forjar el futuro de progreso y bienestar que merecemos, por el que hemos luchado y han muerto tantos jóvenes.

@Ismael_Perez

Nuevamente: Puentes, Discusión Necesaria

Hace un par de semana publique un artículo, Puentes, Discusión Necesaria, (https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2017/04/29/puentes-discusion-necesaria/ ) sobre el cual, aun con los tensos momentos que vivimos, recibí más apoyos que críticas, sobre algunas de las cuales haré comentarios, no sin antes agradecerles que lo hayan leído y se tomaran la molestia de hacer las críticas. Entro directamente a referirme a algunas de estas críticas y comentarios, las más importantes, pues no hay espacio para todas.

Comienzo resumiendo cual es el corazón de mi artículo, su finalidad, la idea central sobre la que creo necesario hacer una reflexión: Es necesario –como ha ocurrido en muchos países de férreas dictaduras, tan férreas o más que esta– llegar a acuerdos con quienes se pretende desalojar del poder para que en efecto lo hagan y así evitar más derramamientos de sangre y víctimas fatales. Este es el planteamiento central.

Quienes creemos que la salida debe ser a través de elecciones libres, de un proceso electoral, sostenemos que esa –la electoral– es la vía a la que tarde o temprano se va a llegar. Así ha ocurrido en todos los países del mundo, incluso en aquellos en que las salidas se han producido por vía de fuerza e insurrección popular violenta. Se llegó más tarde a la vía electoral, de una forma probablemente más dolorosa, pero se llegó. Simplemente, queremos que la salida constitucional electoral –que es una de las vías– se adopte cuanto antes, que esa sea la que se considere como primera opción y así evitar más situaciones cruentas.

Algunos de los que criticaron mi artículo hablan de que es “constitucional” pedir una “posición” de las FANB, en el sentido de que se pronuncie porque el Gobierno, sobre todo el Presidente, “abandonen” el cargo y de no hacerlo, “desalojarlo” del mismo y no consideran que eso sea un golpe de estado; yo tengo mis dudas.

Yo me conformo con que las FANB entren en razón y estén dispuestas a mantenerse neutrales, a abandonar el poder y convencer al resto del Gobierno que hagan lo mismo; pero – y disculpen las ironías–, ¿A cambio de qué? ¿De que acepten que ellos son los “malos” y nosotros los “buenos” y por lo tanto deben irse y dejarnos el poder a nosotros? ¿Es que podemos suponer que van a decir algo como: Uds. ganan, hay que hacer elecciones y como las vamos a perder, Uds. van a formar gobierno y nosotros vamos a ir todos presos, muy bien, adelante, vamos a hacerlo así? ¿Es razonable pensar en esta “respuesta” de alguien que hoy tiene el poder, que lo ha ejercido sin escrúpulos ni límites por 18 años, que tiene el control de las armas y la violencia y puede defender ese poder a sangre y fuego? Ironías aparte, dudo que las cosas operen de esa manera; por eso creo que la presión nacional e internacional debe llevar al Gobierno venezolano, como un todo, y sobre todo a los que ocupan ciertos cargos, que no han cometido delitos o que pueden tener futuro político, a convencerse de que es mejor para todos, incluidos ellos, que abandonen el poder al menor costo posible, que esa es su mejor opción. ¿Es irracional pensar esto?, yo creo que no.

¿Qué pasa entonces, me dicen algunos, con la justicia, con los desmanes, los crímenes cometidos, la corrupción, confiscaciones, delitos contra la propiedad, etc.? Sostuve claramente en mi artículo, que los delitos contra los derechos humanos no deben olvidarse y siempre es posible obtener justicia en el futuro –como ha ocurrido en muchos países– pues esos delitos no prescriben, pero de lo que se trata ahora es de encontrar una salida para que el actual régimen cese y deje el poder y no se hundan todos sus seguidores con él, como si se tratara del Titanic.

En mi propuesta no me refiero al trato y tolerancia que debe mantenerse con quienes rompen con el Gobierno actual, deslindándose y fijando posición con críticas y señalamientos públicos. Siempre es posible rectificar. Pero no es a ellos a quien me refiero. En el artículo me refiero a la necesidad, de tender puentes hacia los altos funcionarios del actual Gobierno, e incluso ceder en algunas posiciones para extenderles algún tipo de salvoconducto, inmunidad o tolerancia por acciones cometidas, a condición de que abandonen el poder.

Reitero, insisto, de lo que se trata ahora es de encontrar una salida, hoy, en este momento, que nos evite más penurias y violencia a los que vivimos en el país, pues no digo algo que sea secreto o que no sea verdad y es que quienes nos mal gobiernan en este momento tienen aun el control de la fuerza y de las armas –las oficiales, las de los malandros y las de los paramilitares– y nosotros lo que tenemos es nuestra capacidad de movilización de ciudadanos desarmados en rebeldía pacífica, con determinación y coraje. ¿Vamos a ir como ciudadanos desarmados, a una situación de enfrentamiento directo en la que tenemos muchísimo que perder, o estamos dispuestos a ceder en algunos puntos, con la condición de que los actuales gobernantes se vayan? Esa es la discusión planteada, sin romanticismos ni moralismos que no conducirán a nada.

Sí como cuenta la “leyenda urbana”, en el año 2002 se hubiera permitido que Hugo Chávez Frías tomara aquel avión que pidió para irse a Cuba después de presentar su renuncia, en vez de llevarlo preso para La Orchila, a lo mejor estaríamos contando otra historia. Eso nunca lo sabremos. Pero ya dije que a lo mejor se trata solo de una leyenda urbana; lo que sí sabemos es que sea esa una “leyenda” o algo cierto, fue un error y no volveremos a cometer el mismo error con los gobernantes actuales.

Hay un último punto que quiero considerar y es que el ciudadano es siempre el que más sufre y paga, sobre todo los más humildes, los más desposeídos, los que tienen menos recursos para soportar la carestía de la vida, la escasez de alimentos y medicinas, la escalada de la violencia urbana y del hampa, no los dictadores que se mantienen a sangre y fuego y que al llegar el final muchas veces se libran.

Por eso mi propuesta es clara y directa, tenemos que estar en la disposición de negociar –sí, así se llama eso, negociar–, darles un salvoconducto e inmunidad, a los funcionarios del Gobierno, lo antes posible para que se vayan a donde lo deseen o puedan, para que dejen el poder y evitar así más tragedia, dolor, derramamiento de sangre y sufrimientos a los venezolanos.

@Ismael_Perez

Constitución Fallida

No debe distraernos mucho el tema de la “convocatoria” de una Asamblea Constituyente que formuló el Presidente Nicolás Maduro el 1º de Mayo. Un solo argumento: el Presidente de la República no tiene facultades para “convocar” una Constituyente y si en este país funcionaran los tribunales y el TSJ de manera independiente, ese argumento sería suficiente. Los detalles legales y de fondo de esta mal llamada “convocatoria” se los dejo a los especialistas en la materia, que ya han formulado muy acertadas observaciones acerca de su inconstitucionalidad, yo solo quiero resaltar algunos puntos, uno de carácter jurídico y los demás de carácter político.

El primero, el de carácter jurídico, se refiere al derecho al voto, muy bien resumido por el Rector del CNE, Luis E. Rondón, al señalar que lo dicho por el Presidente Maduro sobre una supuesta base comicial de esa iniciativa viola el carácter de “universalidad” del voto. El voto libre, universal, directo y secreto es un derecho político y humano fundamental, establecido en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que también lo establece claramente la Constitución venezolana en el artículo 63; por lo tanto, convocar una constituyente y plantear que sus “constituyentistas” serán electos por “ámbitos sectoriales” no es más que un engaño o fraude a la Constitución que nos rige y a la Declaración de los Derechos Humanos.

En efecto, en el artículo 2º del Decreto que el Presidente presentó al CNE dice que la conformación de esta “constituyente” tendrá carácter sectorial y territorial. Este carácter territorial, regional o geográfico, el Presidente lo entiende de una manera muy particular al decir que tendrá “constituyentistas” provenientes de los concejos municipales, pero obviamente los dominados por el Gobierno, como el propio Presidente admitió en su declaración televisada la misma noche del 1 de mayo. Con respecto a lo que el Presidente entiende por “ámbito sectorial”, fue también esbozado en esa misma intervención televisiva en la cual firmó el Decreto; según el Presidente, en la Asamblea que él “convoca” participarán: la clase obrera, las comunas, las misiones socialistas, los indígenas, los campesinos, los barrios, los movimientos sociales, personas con discapacidad, los pensionados, los estudiantes, la juventud, los CLAP… es decir, los participantes o “constituyentistas” serían de todas las “corporaciones” que en ese momento se acordó o se le ocurrieron al Presidente, varias de ellas creadas con clara inclinación pro gobierno y dirigidas por el PSUV. Más allá de lo inconstitucional que sea –y evidentemente lo es– la propuesta de “constituyente madurista” tiene un carácter que se puede llamar “corporativista” y en política se conoce como “fascista” a este tipo de conformación de asambleas o cuerpos deliberantes, aunque al Presidente le enardezca este término.

Otro elemento que llama la atención ocurrió durante el acto de la entrega del Decreto Presidencial al CNE. En el supuesto negado de que esta convocatoria proceda, en algún momento, más tarde o más temprano, el pueblo deberá pronunciarse, a favor o en contra de su convocatoria o a favor o en contra de la Constitución que de allí surja, si la ilegalidad persiste; pero ya la Presidenta del CNE, Tibisay Lucena, se pronunció, al decir que: “una nueva constituyente consolidará la República y conducirá a la paz de todos los venezolanos”, tomando posición, cuando su papel era ser neutral, y viciando así de nulidad cualquier actuación futura del ente comicial. Demostrando de paso la dependencia o sumisión del Poder Electoral al Poder Ejecutivo.

El segundo punto que quiero resaltar, ya de carácter político, es que esta convocatoria presidencial es un verdadero “pote de humo”, un evidente esfuerzo, desesperado, del Gobierno para ganar tiempo y distraernos de la grave situación política en que han sumido al país con la escalada represiva de los últimos días y que se suma a la ya muy grave crisis económica y social que estamos sufriendo. El objetivo del Gobierno no es otro, además de ganar tiempo, que distraer a la oposición de los objetivos de su lucha.

¡Foco! ¡Foco! No debemos permitir que las mefistofélicas triquiñuelas gubernamentales nos aparten de los cinco principales objetivos trazados por la oposición: 1) Un cronograma electoral para 2017, 2) la restitución de los plenos poderes de la Asamblea Nacional (AN), 3) la apertura de un canal humanitario para aliviar las penurias de la población, 4) la liberación de los presos políticos y 5) la desmovilización y el desarme de los grupos paramilitares.

La alianza opositora, la MUD, ante esta propuesta y la invitación de Elias Jaua para reunirse a considerarla, debe insistir en la posición de que el diálogo político con el Gobierno se debe dar en la AN, escenario natural para ello, por ser la representación de todo el pueblo y de todos los sectores políticos del país. Lo que implica, obviamente, que se defina la  situación de los diputados de Amazonas y se restituyan los plenos poderes de la AN.

De resto, dejemos que sean principalmente los juristas y constitucionalistas quienes libren la batalla legal contra la “constituyente madurista” y mantengamos al grueso de la oposición y de la población centrada en lo que han sido los motivos y motores de la protesta popular durante el último mes.

Pero hay otro tema, alrededor de la “constituyente” que es bueno destacar. Además de ganar tiempo y distraer a la oposición, ¿Qué más persigue el Presidente con esta propuesta? La respuesta a esta pregunta tiene varias aristas. La primera, es evidente que el Presidente pretende rescatar, a nivel nacional e internacional, algo de la deteriorada imagen de su gobierno –ineficaz en resolver los graves problemas del país– y de él como gobernante dictatorial y represor.

A nivel interno, el Presidente está encerrado en un círculo perverso; por una parte, su gobierno se ha mostrado incapaz para resolver los problemas que ha creado –hambre, desabastecimiento, inflación, desempleo, inseguridad personal y jurídica y un largo etcétera– producto de erradas políticas, propias y heredadas, que han llevado a la destrucción de la economía y a la ruina del aparato productivo del país; y por otra parte, ante la reacción y protestas de la población frente a sus políticas y medidas, la respuesta ha sido represión salvaje con un saldo cercano ya a los 40 muertos y cientos de detenidos y heridos, mientras él –cual Fiesta del Chivo, como dijera un agudo periodista–baila, pasea en automóvil con sus colaboradores cercanos y presenta una solución –la constituyente– que buena parte del pueblo, que lo que tiene es hambre, no entiende y no sabe cómo ni con qué se come eso.

Internacionalmente tampoco ha podido lavar su imagen. La falta de independencia de poderes y de democracia en el país es algo que pesa demasiado y si a eso se le agregan el retiro del país de la OEA y las imágenes que el mundo ha visto de la represión en Venezuela, se forma un coctel difícil de digerir por la comunidad internacional. En este contexto, la propuesta de una “constituyente” para llamar al diálogo, tras eliminar los poderes, atribuciones y recursos de la AN, del parlamento, hace que se le vean demasiado las costuras de que se trata de una propuesta para ganar tiempo.

Lo peor de todo, para el régimen, es que la situación ya comienza a tener visibles costos políticos al interior de la alianza gubernamental. Y no me refiero solo a la posición de disenso de la Fiscal General, la de algún diputado oficialista, la de notorias figuras del mundo artístico o los familiares de algunos de sus colaboradores; hay otra arista del problema que debe preocupar a sus colaboradores. Es evidente que estamos en presencia de una lucha interna, de un reacomodo de fuerzas, en la cual el sector madurista busca imponerse a los otros sectores de la “alianza” oficial, y en este sentido la propuesta de la “constituyente” es un torpedo que golpea la línea de flotación de la alianza política gubernamental.

A muchos “chavistas” no les debe agradar que uno de los estandartes del “legado” del Presidente Hugo Chávez, la Constitución de 1999, que era “la mejor del mundo”, la que estaba llamada a ser “modelo de constitución” y a “durar mil años”, vaya a ser desechada y sustituida por otra a la medida de su “heredero”. En efecto, por más que quiera ocultarlo o disimularlo uno de los conspicuos asesores jurídicos del Presidente, el objetivo de una Asamblea Constituyente, de acuerdo con el artículo 347 de la vigente constitución es: “…crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.” (Subrayado mío)

De allí que algunos sectores intelectuales del chavismo –y al menos un diputado– ya hayan reaccionado negativamente. Mientras que otros, sin que nadie se los pida, se apresuran a cuadrarse del lado de la propuesta presidencial. Todo esto sigue carcomiendo a la dirigencia chavista/madurista, pues su base popular hace tiempo es minoría y está en vías de extinción, a juzgar por las últimas encuestas y lo que estamos viviendo en las calles, en las barriadas y zonas populares que cacerolean y se manifiestan en las noches, cuando los llamados “colectivos” o fuerzas “paramilitares” están ocupadas en “otras tareas” y por tanto pierden el “control” de la población.

Son demasiados errores juntos, difíciles de corregir y hacerlo tiene un elevadísimo costo político que a toda costa quieren evitar: el abandono del cargo y la pérdida del poder.

@Ismael_Perez