Hablando de las Sentencias

La situación que se ha suscitado tras las recientes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene aspectos jurídicos, económicos y políticos a resumir y considerar.

Desde el punto de vista jurídico, ha sido suficientemente debatido y explicado el carácter inconstitucional de las dos primeras sentencias del TSJ, la 155 y la 156, así como las dos siguientes con las que pretendieron reparar el entuerto, tras la convocatoria e intervención del Consejo de Defensa Nacional, para resolver un problema para el cual no tiene facultades. De todas formas, lo ocurrido dejó más en evidencia que el criterio de la “cosa juzgada” no tiene para el Gobierno/TSJ la más mínima importancia y que en Venezuela no existe independencia y separación de poderes, pues bastó que el Presidente lo ordenara para que el TSJ procediera a “enmendar”, “corregir” o “subsanar” ambas sentencias. Y para abundar más en lo mismo, vimos como rápidamente los otros poderes del Estado, el Poder Moral y el Poder Electoral, avalaron las sentencias, 157 y 158, con las que el TSJ pretendió resolver el entuerto.

Pero el problema de fondo es que la Sala Constitucional ha venido violando la Constitución y dictando una serie de sentencias en contra de la AN y quitándole atribuciones, con base en un concepto que ni siquiera tiene basamento constitucional, el “desacato”

La mejor definición o explicación de este problema del “desacato” la dio José Luis Almagro, Secretario General de la OEA, quien afirmó que un “desacato” se produce cuando alguien desobedece una orden de un organismo superior, que obviamente no es el caso que tenemos en el país, pues el TSJ no está por encima de la AN. A partir de allí, todas las sentencias del TSJ en contra de los actos y leyes aprobadas por la AN son ilegales e inconstitucionales.

Pero con las sentencias 155 y 156, que no son una excepción a la regla de la inconstitucionalidad con la que actúa el TSJ, se dan pasos adicionales que podemos resumir de esta manera:

  • Prácticamente allanan la inmunidad parlamentaria
  • Ordenan al Presidente que proceda contra los diputados
  • Amplía competencias del Presidente de la República
  • Asume competencias de la AN

Todo eso se configura, sin ninguna duda y como ha sido aceptado incluso por la comunidad internacional, como un golpe de estado, con el cual se altera su funcionamiento y uno de los poderes, el Judicial, se otorga o asume las funciones y atribuciones de otro poder y le otorga a otro de los poderes, al Ejecutivo, al Presidente, facultades que están más allá de lo que contempla la Constitución y que son del poder Legislativo, de la AN: legislar, modificar, dictar leyes.

Con lo que probablemente no contaba el Gobierno/TSJ era que la propia Fiscal General, a quien no se puede acusar de “opositora” al régimen, señalaría el pasado viernes 31 de marzo dos de las irregularidades más resaltantes de las sentencias:

  • Que “en dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, y
  • que “constituyen una ruptura del orden constitucional.”

Desde el punto de vista económico, es obvio que la sentencia 156 pretende resolver un problema que tiene el Gobierno para obtener fondos que le permitan cumplir sus obligaciones de deuda externa y contraer o contratar algunos préstamos sin que estos y sus contratos sean aprobados por la AN, como establece la Constitución; así la sentencia 156, entre otras cosas, le permite al Presidente modificar la Ley de Hidrocarburos, para sobrepasar a la Asamblea y en todo caso, se reserva el TSJ la facultad, que es de la AN, de decidir sobre los contratos que firme el Gobierno.

Ese punto, por cierto, así como otros, no fue “resuelto” o “enmendado” o “subsanado” por las decisiones 157 y 158, y así la situación que configura el llamado Golpe de Estado de las decisiones anteriores no ha sido reparado

Así vemos que por resolver un tema económico, por un camino diferente al que señala la Constitución, pasando por encima del control que debe ejercer la AN, se vulnera, como dice la Fiscal, el “orden constitucional”

Desde el punto de vista político, hay lecciones importantes con lo ocurrido desde el pasado sábado, tras la intervención de la Fiscal y el intento del Gobierno/TSJ de enmendar el error y contrarrestar la negativa opinión de la comunidad internacional con el Consejo de Defensa Nacional.

Ya sabemos que para este Gobierno la Constitución no existe, es de plastilina, hacen con ella lo que se les antoje, por ejemplo:

  • Cambian las leyes cuando les parece, incluso después de que el pueblo les negó con un Referendo, las modificaciones propuestas a la Constitución (2007)
  • Hacen Referendos sobre temas ya consultados y negados, por ejemplo el de la reelección presidencial indefinida (2009), a pesar del señalamiento expreso de la Constitución de que un mismo tema no puede ser presentado a consulta en el mismo período constitucional.
  • Le quitan atribuciones y presupuesto a funcionarios electos, cuando estos los derrotan en las elecciones, como fue el caso de la Alcaldía Mayor de la Ciudad de Caracas
  • Nombran magistrados a destiempo y sin cumplir con los requisitos de ley, como es el caso de los actuales magistrados del TSJ
  • Suspenden y retrasan elecciones cuando les parece, como es el caso de las elecciones de gobernadores que debieron realizarse en el 2016
  • Meten presos a diputados o los mantienen presos, violando su inmunidad
  • Apresan alcaldes u opositores sin juicios y sin oportunidad de defenderse y los ejemplos son incontables y bien conocidos
  • Inhabilitan políticamente a los candidatos o potenciales candidatos opositores

Y hay una serie de casos más de violaciones constitucionales que sería interminable enumerarlas todas.

Pero este momento político es para la oposición ciudadana una severa prueba pues ya esta arreciando la arremetida represora del Gobierno: amenazando con dictar autos de detención, a través de organismos militares, contra opositores, sean diputados, gobernadores, alcaldes o ciudadanos comunes; con campañas de desinformación pública, para las que cuenta con todos los medios de comunicación cuando lo desea; la campaña de amenazas con el uso de la violencia, de los “colectivos”, de “agarrar armas” –kalashnikov– para “defender” la revolución o de “defender con la vida”, si es preciso, la revolución; y la inhabilitación de Henrique Capriles Radonsky –estableciendo pena sin delito administrativo–, que es una decisión política, inconstitucional y provocación clara contra la oposición.

Frente a eso, al pueblo lo que le queda es hacer lo que se está haciendo, protestar, resistir, manifestar, denunciar ante el país y ante la comunidad internacional para obligar al Gobierno, por lo menos, a:

  • Que desista de la violación inconstitucional en la que está incurso y se restituya y respete el Estado de Derecho, devolviendo a la AN sus atribuciones
  • Se fije un cronograma electoral con las elecciones que legal y constitucionalmente están previstas

 

Creo, sin embargo, que la AN y la oposición deben dar pasos adicionales, como por ejemplo:

1) Introducir una solicitud de medida cautelar, o del tipo que sea, para que la Sala Constitucional del TSJ conmine a la Sala Electoral a tomar una decisión en el caso de los diputados indígenas de Amazonas;

2) Introducir un escrito, demanda o solicitud ante el TSJ para que obligue al CNE a convocar las elecciones de Gobernadores, ilegalmente suspendidas en el 2016;

3) Que la AN sesione y de emergencia apruebe una nueva Ley de Amnistía, favoreciendo a los inhabilitados y presos políticos, para ver sí el TSJ la niega nuevamente frente a la comunidad internacional; y

4) Solicitar que el Ministerio Público investigue a funcionarios y personeros del Gobierno y del PSUV que han estado instigando al odio y la violencia en los últimos días.

Sé que esto suena quijotesco, pero propuestas como estas o similares, contribuirán a poner, mucho más en evidencia –frente al país y el mundo– la clase de “talante democrático” que tiene el régimen y la naturaleza autoritaria, dictatorial del actual Gobierno.

@Ismael_Perez

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