Puentes, Discusión Necesaria

Hay un tema que revolotea desde hace algunas semanas. Es un tema del que se habla en cualquier reunión que se realice en estos días, sea política o familiar o simple conversación de bar o cafetería. Algo de lo que todos hablamos en privado, pausada o acaloradamente, pero que no se ventila mucho en público, solo de manera tímida, indirecta, velada: ¿Cómo va a acabar todo esto, cómo saldremos de este oprobioso régimen?

Creo que ha llegado el momento de comenzar a abordar la necesidad de tender puentes, consciente de que es un tema que no tiene muchas simpatías, ni compresión y enciende los ánimos hasta lo más vivo.

Por lo general, sobre este tema y el electoral que lo circunda, no hay mucho análisis de fondo ni muchos argumentos. Solo opiniones, más o menos argumentadas y básicamente deseos. Propuestas que salen del estómago y del hígado, más que de la cabeza.

Varias de las posiciones coinciden en negar cualquier posibilidad electoral y  sostienen que todo desembocará en un “pronunciamiento militar”, para decirlo eufemísticamente. Los más radicales dicen claramente que será –es lo que desean– algún general o grupo de generales que se hastiará de todo lo que está pasando y saldrá a darle un “paseo en tanque” a los principales personeros del régimen. Los argumentos de esta tesis se centran en que ésta es una narco dictadura y no desalojará el poder por las buenas, sino a la fuerza. Olvídense de elecciones, dictador no sale con votos y no convoca elecciones que va a perder, dicen.

Una versión más moderada de la argumentación anterior agrega: nada de elecciones, primero hay que renovar todos los poderes del estado, no se puede ir a elecciones con este CNE, con este TSJ, con esta FAN de parte del Gobierno, que cuenta además con paramilitares armados y dispuestos a todo; por lo tanto, concluyen, “hay que desalojarlos primero del poder y reconstruir el estado”. (¡!)

Pero cuando se pregunta ¿cómo se desaloja del poder a un narco estado dictador que controla todas las instituciones y la Fuerza Armada? O ¿cómo se “restaura” el orden democrático o quien será el “restaurador”? Los argumentos enmudecen y queda flotando una respuesta, la única posible, obviamente tiene que ser por una “implosión” de esa Fuerza Armada que dé un golpe de estado. De manera que este hilo argumental termina entonces en el mismo punto que los anteriores.

Quienes creemos en la salida electoral apelamos al consabido ritornelo de que debe ser además constitucional, democrática y pacífica. Podemos aceptar y compartir gran parte de los argumentos mencionados, pero no podemos aceptar el carácter fatalista y que la salida de un régimen militarista, totalitario, sea para instaurar otro, de signo probablemente contrario, que no sabemos a dónde nos puede conducir y por cuánto tiempo. Es decir, traerá más inestabilidad e incertidumbre. Además aspiramos que la salida sea civil, la única sustentable en el tiempo.

Pero una salida electoral, estemos claros en esto, no es algo que está a la vuelta de la esquina o que va a ser aceptado sin más por el régimen, ni por la oposición. Hoy el régimen sabe, por los resultados del 6D de 2015, por las encuestas y lo que ha estado ocurriendo en las calles desde hace un año, que ha perdido la mayoría del país y eso implica que se acabaron definitivamente su racha de victorias electorales para ser ahora una franca minoría en deslave. Por eso, entre otras cosas, desconoce los resultados electorales del 6D y el derecho al voto al negar el Referéndum Revocatorio a Nicolás Maduro y posponer sin fecha definida los comicios regionales, que a decir verdad son los únicos negados hasta el momento.

Soy de los que cree que el Gobierno ha cometido todo tipo de abusos, trampas, arbitrariedades, triquiñuelas, intimidación y engaños durante los procesos electorales –y los seguirá cometiendo– pero ha ganado los procesos generales, con la excepción del Referendo Constitucional de 2007 y las elecciones de la última AN y algunas gobernaciones y alcaldías importantes, resultados que ha aceptado a regañadientes, desconociendo después los resultados en varias circunscripciones, encarcelando alcaldes, quitándoles atribuciones y presupuesto, pero ha tenido que aceptar esas derrotas. Pero también sé por experiencia que cuando hay una buena cobertura de la oposición en los centros de votación y hay observación electoral nacional e internacional, es difícil que el Gobierno pueda hacer trampa con los resultados de las votaciones, por más abusos que cometa durante el proceso electoral y que deben ser también documentados, registrados y denunciados. Ya vivimos la experiencia del 6D que nos dice que cuando se produce una avalancha de votos, no hay forma de detenerla y alterar los resultados.

Otro tema es como hacemos que se respeten los resultados, para que no vuelva a ocurrir lo que estamos viviendo con la AN. Aquí es donde debe estar el peso de la estrategia y se debe centrar en una especie de tenaza, que fortalezca a la oposición –como está ocurriendo ahora– y que debilite más al Gobierno, nacional e internacionalmente. Con la fuerza de las movilizaciones y las protestas tenemos que hacer que funcionen los restos de institución que puedan quedar, para que presionen, para que obliguen al Gobierno a entrar en razón y para que junto con demostraciones masivas del pueblo, impidan que se escamotee el triunfo electoral.

Pero una salida definitiva a esta situación implica, y ya se debe comenzar a hablar claro sobre esto, ofrecer una “salida” a altos funcionarios del Gobierno, que les garantice que sus vidas y familias serán respetadas, que podrán eventualmente irse del país o quedarse, bajo ciertas condiciones. No podemos olvidar, porque es así, que para muchos personajes del Gobierno se trata de “todo o nada”, con la perdida de unas elecciones pierden todo: el poder, el manejo de las instituciones, el manejo de los recursos económicos del país y la riqueza personal y prebendas que ahora tienen, el estilo de vida que disfrutan, es decir, todo, y se exponen muchos de ellos además a ir a la cárcel o el exilio; por tanto se debe estar dispuesto a negociar –si, negociar, esa es la palabra– para ofrecerles garantías de una salida que permita que desalojen el poder.

Esa “negociación” como condición para lograr la salida, debe comenzar por la base, por la carcomida base del chavismo/madurismo, entre los diputados de la AN, los alcaldes de pueblos y ciudades, los concejales municipales y diputados de asambleas legislativas, entre los líderes estudiantiles de las universidades, entre los representantes de los consejos comunales, a todas esas instancias les debe llegar el mensaje de que si se produce una salida “negociada” es posible pensar en inmunidad para ciertas faltas cometidas y el respeto para quienes no tengan nada grave  pendiente; pero que si la salida es de otra manera, violenta, por una implosión social, no será posible garantizar nada. Y cuanto más tiempo transcurra, más difícil será lograrla, pues la cruel y brutal represión y las violaciones a los derechos humanos se irán incrementando. Los altos “personajes” de las dictaduras o de este tipo de regímenes suelen tener su salida “arreglada” para disfrutar de un exilio dorado, pero los funcionarios medios y bajos son los que quedan pagando las consecuencias de cosas en las que a lo mejor no han tenido responsabilidad.

Eso implica que se nos impone también una “negociación” a lo interno de la oposición, para ponernos de acuerdo en las cosas en las que estamos dispuestos a ceder y en las que no. Obviamente los delitos de lesa humanidad, contra los derechos humanos, no pueden ser olvidados, pero sí tomar en cuenta que como esos delitos no prescriben, habrá siempre la oportunidad de obtener justicia y reparación en el futuro, como ha ocurrido en otros países, y que ahora lo importante es encontrar una salida a la situación que vivimos.

En síntesis, se trata de tender puentes, que les den garantías a ciertos funcionarios del Gobierno que podrán dejar el poder, sin correr riesgos personales o familiares; si esto no ocurre, se aferrarán al poder, con todo lo que tienen y el proceso de desalojarlos será mucho más largo, costoso y doloroso para todo el país, prolongando la tragedia que vivimos y elevando el costo de la recuperación de nuestras vidas, nuestro futuro, nuestro país.

Llegará el tiempo de aplicar y conseguir justicia en un país donde funcionen sus instituciones, el futuro este en manos de sus ciudadanos y se construyan sueños.

@Ismael_Perez

¡Hablemos claro…!

Son cuatro las solicitudes de la oposición democrática que han animado las protestas de las últimas semanas: Fijación de un cronograma electoral, devolución de las atribuciones de la Asamblea Nacional (AN), libertad de los presos políticos y apertura de un canal humanitario para socorrer a la población venezolana; no obstante todos los que hemos venido marchando –y los que no lo hacen, pero que sabemos que igualmente se oponen al régimen– en lo más profundo de nuestra alma y corazón lo que queremos es que este oprobioso Gobierno se acabe, desaloje cuanto antes.

Aunque a algunos no les parezca, los objetivos de la oposición apuntan en la dirección de ese deseo que tenemos el 75% o más de los venezolanos, según dicen las encuestas. Veamos el porqué, al comentar dos de las solicitudes u objetivos de la oposición.

La fijación de un cronograma electoral no se reduce al tema de las elecciones regionales, como algunos voceros del Gobierno y de la propia oposición han estado planteando. Fijar un cronograma electoral en efecto se refiere a restablecer las elecciones regionales de Gobernadores y Consejos Legislativos, ilegal e inconstitucionalmente suspendidas en el 2016. También se refiere a fijar la fecha en la que se van a realizar las elecciones locales, de alcaldías y concejos municipales, correspondientes a este año y la fecha de las elecciones presidenciales correspondientes a 2018. Pero un proceso electoral va mucho más allá del acto de votación mismo.

Hablemos claro, la fijación de un cronograma electoral se refiere principalmente a rescatar o y restituir el valor y el derecho al voto y la soberanía y voluntad del pueblo en Venezuela, base de la democracia, que ha sido secuestrado por el régimen a través del CNE desde el momento que entorpeció, bloqueó y negó el derecho constitucional del Referéndum Revocatorio a Nicolás Maduro. Los procesos electorales son actos de profundo significado, movilización y participación política, que van mucho más allá de lo que algunos están dispuestos a aceptar, debido a la mentalidad “electorera”, que no es exclusiva de los políticos y de los partidos, sino también de muchos ciudadanos, miembros de la llamada sociedad civil; dicho de una manera más directa para el momento político en que vivimos, hoy, abril de 2017, no tengo la menor duda de que es preciso mantener la presión que ahora el pueblo está ejerciendo en la calle y en el terreno internacional, pero es en un proceso electoral en donde se da la oportunidad de organizar y de que participe políticamente todo el pueblo, sin ninguna excepción y se garantice el ejercicio de la soberanía popular y rescate del orden constitucional.

En las manifestaciones actuales una buena parte de la población no está participando. Unos por temor a la represión por parte del gobierno o por temor a los grupos paramilitares que actúan en la zona donde viven y controlan con el miedo y la violencia a la población, otros porque son empleados públicos o tienen dependencia económica del Gobierno y temen perder sus empleos y fuentes de ingreso. Pero en un proceso electoral que concluye en un acto comicial, el pueblo sabe por experiencia propia, porque así lo ha experimentado, que puede votar contra el Gobierno, a favor de la oposición, sin que nadie sepa por quien votó. De allí también la importancia de defender el derecho al voto y de luchar porque este proceso de movilización y protesta cívica concluya en un proceso electoral, que es la manera de erradicar definitivamente y de forma sustentable, pacífica, democrática y constitucional la tiranía a la que estamos sometidos. Cualquier atajo llevará a situaciones de mayor incertidumbre e inestabilidad.

En resumen además, todas las tiranías que han caído con movilización de la gente, terminan en procesos electorales, y las que no, terminan en dictaduras peores, que es lo que a toda costa debemos evitar. Por eso concluir en un proceso electoral es la forma de coronar con éxito todo el inmenso esfuerzo de movilización cívica que estamos realizando.

Por último, hay que recordar que lo que se solicita no es solo la fecha del acto comicial, se refiere un cronograma electoral, es decir, se refiere también a la fecha y condiciones en que se realizarán todos los actos correspondientes al proceso de elección: fecha y lapso para postular candidatos, lapso de campaña electoral, fecha en que se cerrará el correspondiente registro electoral, fechas para las auditorias técnicas, selección de miembros de mesa, invitación a observadores nacionales e internacionales, etc.

Devolución de las atribuciones de la Asamblea Nacional, otro de los objetivo de las movilizaciones cívicas actuales, es también luchar por la raíz y la esencia de la democracia misma. Es, en primer término, devolver al pueblo, a todo el pueblo, opositor y oficialista,  la eficacia y valor del voto que depositamos el 6 de diciembre de 2015 y que también ha sido desconocido por el régimen a través del TSJ, con la pantomima del “desacato”, con el cual le han venido quitando atribuciones a la AN, en un golpe de estado continuado, que con las últimas sentencias del TSJ en el mes de marzo, terminaron conculcando y asumiendo atribuciones y funciones que solo corresponden a la AN, y otorgando algunas de ellas al Presidente de la Republica, violando de manera reiterada la Constitución y rompiendo el orden constitucional como fuese denunciado por la propia Fiscal General de la Republica, Luisa Ortega Díaz.

Es también restituir el vulnerado estado de derecho y la división de poderes en Venezuela, que en este momento están todos sometidos a los designios y directrices del Poder Ejecutivo. Restituir los poderes de la AN pasa por acabar con la pantomima del “desacato” y restituir al pueblo del Estado Amazonas su derecho a tener representación en la AN, que actualmente esta negado por el TSJ y rescatar la mayoría calificada de los 2/3 de la AN.

Rescatar la autonomía de la AN es lo que permitirá la remoción y designación de magistrados del TSJ y culminar la selección de nuevos rectores del CNE, así como designación y nombramiento del Fiscal General, Contralor y Defensor del Pueblo. Esto no es poca cosa para la renovación del gobierno y sus instituciones. Esto es clave para la transición y el desmantelamiento del actual  aparato de gobierno en el poder, de la actual tiranía y si a esto le sumamos el triunfo de la oposición en al menos 20 gobernaciones y 300 alcaldías del país, le estaremos dando un certero golpe al régimen totalitario que oprime al país desde hace 18 años.

Debemos estar conscientes que tan solo estos dos objetivos, sin mencionar la libertad de los presos políticos y la apertura de un canal humanitario, significan que el régimen actual llega a su fin. Que los que ahora ejercen de forma totalitaria el poder y el control del Estado lo pierdan, lo dejen de tener; otra vez hablemos claro, esa no será una decisión fácil de tomar, pues para ellos significa perderlo todo, además de que para muchos podría significar cárcel y exilio y tenemos que estar preparados para ofrecer una salida que nos permita alcanzar el objetivo que nos proponemos a un costo razonable y en el menor plazo posible.

Vienen situaciones y eventos complejos, que día a día irán dando curso a los acontecimientos y que los debemos enfrentar con mente amplia, para evitar errores cometidos en el pasado y delinear el mejor futuro para el país.

@Ismael_Perez

Tres Propuestas Polemicas para una Salida

La semana pasada, en Hablando de las sentencias, propuse cuatro puntos como tareas de la oposición, para mantener la presión nacional e internacional sobre el Gobierno, sobre las cuales he recibido algunos comentarios solicitando aclaratorias y explicación, que me propongo hacer a continuación, perfectamente consciente de lo polémico de su contenido, pero también de lo necesario que es abrir la discusión al respecto.

De los cuatro puntos mencionados en mi artículo la pasada semana, (https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2017/04/08/hablando-de-las-sentencias/), me referiré a los tres primeros, pues considero que el cuarto (Solicitar que el Ministerio Público investigue a funcionarios y personeros del Gobierno y del PSUV que han estado instigando al odio y la violencia en los últimos días) es obvio y no requiere mayor profundización. Los puntos mencionados y las propuestas son:

1) Introducir una solicitud de medida cautelar, o del tipo que sea, para que la Sala Constitucional del TSJ conmine a la Sala Electoral a tomar una decisión en el caso de los diputados indígenas de Amazonas. El caso de los diputados de Amazonas es de donde arranca el conflicto de poderes entre la Asamblea Nacional (AN) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); como se recordará, en diciembre de 2015 la Sala Electoral del TSJ ordenó suspender la totalización, adjudicación y proclamación de todas las elecciones de diputados en el estado Amazonas, afectando así a 3 diputados de la MUD y 1 del PSUV y logrando con esta rápida decisión –que además se basaba en noticia criminis y una grabación telefónica ilegalmente obtenida– eliminar la mayoría calificada de 2/3 de la oposición en la AN.

Como es obvio, el objetivo del TSJ era despojar a la oposición de la mayoría de 2/3 de los diputados que le hubiera permitido a la AN, entre otras cosas, destituir los magistrados del TSJ ilegalmente nombrados unos días antes, nombrar los nuevos rectores del CNE, interpelar ministros y presidentes de empresas del estado, etc. A partir de que la AN, en contra de lo ilegalmente decidido por el TSJ, juramentó a los diputados de Amazonas, sobrevino la decisión de la Sala Electoral y se armó toda la tramoya del denominado “desacato” de la AN, que ha producido unas cincuenta decisiones del Tribunal en las que, en la práctica, el TSJ desconoce a la AN –y en consecuencia al pueblo venezolano que la eligió y el derecho al voto en Venezuela– y le arrebata sus funciones, asumiendo atribuciones y funciones que solo corresponden a la AN y otorgando algunas de ellas al Presidente de la Republica, además de otorgarle inconstitucionalmente y de forma reiterada la aprobación del decreto de emergencia económica.

Las recientes sentencias del TSJ –155 a 158–, no son más que un ejemplo de esta maniobra; pero no son las únicas, pues en sentencias anteriores, el TSJ ya le había arrebatado funciones a la AN (Designación de Rectores del CNE, Presentación del Mensaje Anual del Presidente a la AN y de la Memoria y Cuenta del Gobierno ante el TSJ, Decreto de Emergencia Económica, etc.)

Por lo tanto, una de las luchas opositoras debe ser también restituir el derecho del pueblo del Estado Amazonas a tener sus representantes y que el TSJ se termine de pronunciar sobre la materia de fondo en este tema –que no lo hizo en la sentencia 260 del 30 de diciembre de 2015– y de ser el caso que el CNE proceda a convocar la repetición de las elecciones en esta entidad. Obviamente hay resistencia del Gobierno a esta solución pues muy seguramente en unas nuevas elecciones la oposición terminaría en ese Estado con 4 diputados en vez de 3 y la AN tendría entonces nuevamente la mayoría calificada de los 2/3 de los diputados.

Cómo será el mecanismo concreto para esta lucha, es una decisión que se debe discutir en otra estancia, que no es el artículo de un comentarista político.

2) Introducir un escrito, demanda o solicitud ante el TSJ para que obligue al CNE a convocar las elecciones de Gobernadores, ilegalmente suspendidas en el 2016. Naturalmente este tema se ha vuelto muy polémico, especialmente desde que el Presidente Maduro lo mencionó en su programa dominical y ya muchos lo ven como una estratagema del Gobierno para “desviar” a la oposición de las protestas de calle que se desarrollan en estos días y “darle oxigeno” nuevamente al Gobierno.

No me cabe la menor duda que el Gobierno lo que se propone con esa medida es seguir ganando tiempo y sobre todo lo que busca es enfrentarnos con nosotros mismos, dividir a la oposición. Sin ceder en la protesta actual y en la presión de calle e internacional, que es lo que en este momento tiene acorralado al Gobierno, debemos tener claro que de lo que se trata con la lucha por que se celebren las elecciones de Gobernadores –y posteriormente las correspondientes a este año de alcaldes y consejos legislativos– es de restituir el derecho al voto a todos los venezolanos, que fuimos ilegalmente privados de él por el CNE, que es paradójicamente el organismo responsable de velar por ese derecho.

La Constitución establece taxativamente el periodo de duración del mandato de los Gobernadores de Estado; el articulo160 claramente dice que:

El Gobernador o Gobernadora será elegido o elegida por un período de cuatro años por mayoría de las personas que voten. El Gobernador o Gobernadora podrá ser reelegido o reelegida. (Art. 160, subrayado mío)

El CNE, sin motivación, sin razón, sin facultades para ello, pospuso la elección de Gobernadores para una fecha indefinida de 2017, prorrogando además ilegalmente el periodo constitucional de los actuales Gobernadores, modificando así la Constitución o en el mejor de los casos, “reinterpretándola” –usurpando, de paso y para mayor ironía, funciones de la Sala Constitucional del TSJ– y privando a los venezolanos del derecho a elegir sus Gobernadores.

Desde luego que pueden ser comprensibles las dudas en cuanto a la motivación que está por detrás del Gobierno para promover ahora una elección que se pospuso inconstitucionalmente el año pasado, pero tampoco me cabe ninguna duda que los venezolanos a lo largo y ancho del país, en cada uno de los Estados, ven en la elección de los gobernadores una oportunidad para librarse de sus oprobiosos mandatarios regionales y de allí que esa lucha por las elecciones regionales sea adecuada, justa y políticamente importante. Es bueno recordar que el país no acaba en su capital, por más que el Gobierno tenga su sede aquí.

Estas elecciones que tanto teme el gobierno son la oportunidad de ampliar de forma muy importante, inmediata y de alcance nacional los espacios políticos para la acción de la oposición y su área de influencia, al tener la ocasión cierta de ganar al menos 20 gobernaciones y –más importante aun– desmantelar al chavismo en sus cuadros medios de dirigencia, que significaría una inmensa perdida para el PSUV y sus activistas que se traduciría en la división y fractura de la base de apoyo que aún conserva el chavismo-madurismo y la pérdida del control regional, que es el más cercano a la gente. No olvidemos que una buena parte del empleo del país se genera en los espacios regionales, al igual que una buena parte del poder de represión del Gobierno se hace en esos espacios estatales, que se verían afectados por el triunfo opositor en las regiones.

3) Que la AN sesione y de emergencia apruebe una nueva Ley de Amnistía, favoreciendo a los inhabilitados y presos políticos, para ver si el TSJ la niega nuevamente frente a la comunidad internacional; Como se recordará, en el mes de marzo de 2016 la AN aprobó una Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que fue declarada inconstitucional por el TSJ en sentencia del 11 de abril de 2016. Se trata de una farragosa sentencia de más de 100 páginas en las cuales, una vez más, la Sala Constitucional por razones políticas y mostrarse obsecuente con el régimen, vulneró atribuciones privativas de la AN, como lo es la de legislar en esta materia. (De acuerdo con el numeral 5 del artículo 187 de la Constitución)

En realidad no importan mucho las razones esgrimidas por el TSJ, porque independientemente de las mismas, la motivación de fondo era desconocer una vez más a la AN y reafirmarse frente a ella como un “poder superior”, que es lo que ha estado haciendo desde que asumió funciones a finales de 2015 e inicios de 2016, e impedir que la AN se anotara un “triunfo” político en materia de derechos humanos.

Esta nueva ley que se propone debe delimitar muy bien –como hizo la anterior, la de marzo de 2016, que fue declarada inconstitucional por el TSJ– los hechos respecto de los cuales aplicará la amnistía, y en ese sentido creo que debe ser clara en abarcar también las inhabilitaciones dictadas ilegalmente por la Contraloría General de la Republica, pero así mismo –y sé que esto será muy polémico– debe abarcar también algunos delitos cometidos por los funcionarios del Gobierno desde 1999, obviamente excluyendo los delitos de narcotráfico y contra los derechos humanos.

Al hacer esta afirmación, de que la amnistía debe abarcar a funcionarios del actual Gobierno, no estoy siendo original ni osado, ni estoy diciendo nada que no hayan dicho otros o que no haya pasado en otros países del mundo, con largas y cruentas dictaduras, a cuyos personeros importantes –incluidos los propios y sanguinarios dictadores– se les concedió amnistía o se les dio garantías de que sus vidas y las de sus familias no correrían peligro siempre que estuvieran dispuestos a dejar el poder o a “negociar” –con el perdón de la palabra– una salida para dejar el poder.

Admitido el punto de que estamos bajo una dictadura, que se nos impone a través de un golpe de estado, desconociendo la constitución y las leyes hay que reconocer también que esta dictadura controla todo el poder, todas las instituciones del Estado, excepto la AN y unas pocas gobernaciones y alcaldías. Siendo esto así, ¿cómo pensar que el actual Gobierno va a ceder todo el poder y los recursos del Estado, partiendo del supuesto de que va a tener que pagar penas de encarcelamiento o extrañación del territorio, por delitos cometidos o abusos ejercidos durante el uso del poder?

Aquí no valen buenos deseos o que nos supongamos, y en efecto seamos, mayoría en el país o que los actuales gobernantes sean corruptos y se merezcan todos los males que les podamos desear. Se trata de constatar que controlan el uso de las armas, las repartidas en barriadas o las que tienen la Fuerza Armada y policial, que a menos que se me demuestre fehacientemente lo contrario está de su parte –y lo ocurrido estos días así lo prueba– y lo que es peor, están dispuestos a utilizar las armas de la Nación para defender sus cabezas si las ven amenazadas y no se les ofrece una salida.

Disculpen el realismo puro y duro, pero lo demás es fantasía, idealismo o buenos deseos. Sí, en efecto se trata de salir cuanto antes de este oprobioso Gobierno, pero al hacerlo hay que dejar al país en condiciones para que pueda recuperarse y eso no se logrará si lo que está planteado es una especie de “guerra de exterminio total”. Y esta advertencia vale para los dos bandos en pugna, el Gobierno tampoco puede pensar que va a permanecer en el poder indefinidamente, ileso tras todos los desmanes cometidos. Si los personeros del régimen no toman la oportunidad de esa Ley de Amnistía, será de su sola autoría y responsabilidad la suerte que corran.

@Ismael_Perez

 

Hablando de las Sentencias

La situación que se ha suscitado tras las recientes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene aspectos jurídicos, económicos y políticos a resumir y considerar.

Desde el punto de vista jurídico, ha sido suficientemente debatido y explicado el carácter inconstitucional de las dos primeras sentencias del TSJ, la 155 y la 156, así como las dos siguientes con las que pretendieron reparar el entuerto, tras la convocatoria e intervención del Consejo de Defensa Nacional, para resolver un problema para el cual no tiene facultades. De todas formas, lo ocurrido dejó más en evidencia que el criterio de la “cosa juzgada” no tiene para el Gobierno/TSJ la más mínima importancia y que en Venezuela no existe independencia y separación de poderes, pues bastó que el Presidente lo ordenara para que el TSJ procediera a “enmendar”, “corregir” o “subsanar” ambas sentencias. Y para abundar más en lo mismo, vimos como rápidamente los otros poderes del Estado, el Poder Moral y el Poder Electoral, avalaron las sentencias, 157 y 158, con las que el TSJ pretendió resolver el entuerto.

Pero el problema de fondo es que la Sala Constitucional ha venido violando la Constitución y dictando una serie de sentencias en contra de la AN y quitándole atribuciones, con base en un concepto que ni siquiera tiene basamento constitucional, el “desacato”

La mejor definición o explicación de este problema del “desacato” la dio José Luis Almagro, Secretario General de la OEA, quien afirmó que un “desacato” se produce cuando alguien desobedece una orden de un organismo superior, que obviamente no es el caso que tenemos en el país, pues el TSJ no está por encima de la AN. A partir de allí, todas las sentencias del TSJ en contra de los actos y leyes aprobadas por la AN son ilegales e inconstitucionales.

Pero con las sentencias 155 y 156, que no son una excepción a la regla de la inconstitucionalidad con la que actúa el TSJ, se dan pasos adicionales que podemos resumir de esta manera:

  • Prácticamente allanan la inmunidad parlamentaria
  • Ordenan al Presidente que proceda contra los diputados
  • Amplía competencias del Presidente de la República
  • Asume competencias de la AN

Todo eso se configura, sin ninguna duda y como ha sido aceptado incluso por la comunidad internacional, como un golpe de estado, con el cual se altera su funcionamiento y uno de los poderes, el Judicial, se otorga o asume las funciones y atribuciones de otro poder y le otorga a otro de los poderes, al Ejecutivo, al Presidente, facultades que están más allá de lo que contempla la Constitución y que son del poder Legislativo, de la AN: legislar, modificar, dictar leyes.

Con lo que probablemente no contaba el Gobierno/TSJ era que la propia Fiscal General, a quien no se puede acusar de “opositora” al régimen, señalaría el pasado viernes 31 de marzo dos de las irregularidades más resaltantes de las sentencias:

  • Que “en dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, y
  • que “constituyen una ruptura del orden constitucional.”

Desde el punto de vista económico, es obvio que la sentencia 156 pretende resolver un problema que tiene el Gobierno para obtener fondos que le permitan cumplir sus obligaciones de deuda externa y contraer o contratar algunos préstamos sin que estos y sus contratos sean aprobados por la AN, como establece la Constitución; así la sentencia 156, entre otras cosas, le permite al Presidente modificar la Ley de Hidrocarburos, para sobrepasar a la Asamblea y en todo caso, se reserva el TSJ la facultad, que es de la AN, de decidir sobre los contratos que firme el Gobierno.

Ese punto, por cierto, así como otros, no fue “resuelto” o “enmendado” o “subsanado” por las decisiones 157 y 158, y así la situación que configura el llamado Golpe de Estado de las decisiones anteriores no ha sido reparado

Así vemos que por resolver un tema económico, por un camino diferente al que señala la Constitución, pasando por encima del control que debe ejercer la AN, se vulnera, como dice la Fiscal, el “orden constitucional”

Desde el punto de vista político, hay lecciones importantes con lo ocurrido desde el pasado sábado, tras la intervención de la Fiscal y el intento del Gobierno/TSJ de enmendar el error y contrarrestar la negativa opinión de la comunidad internacional con el Consejo de Defensa Nacional.

Ya sabemos que para este Gobierno la Constitución no existe, es de plastilina, hacen con ella lo que se les antoje, por ejemplo:

  • Cambian las leyes cuando les parece, incluso después de que el pueblo les negó con un Referendo, las modificaciones propuestas a la Constitución (2007)
  • Hacen Referendos sobre temas ya consultados y negados, por ejemplo el de la reelección presidencial indefinida (2009), a pesar del señalamiento expreso de la Constitución de que un mismo tema no puede ser presentado a consulta en el mismo período constitucional.
  • Le quitan atribuciones y presupuesto a funcionarios electos, cuando estos los derrotan en las elecciones, como fue el caso de la Alcaldía Mayor de la Ciudad de Caracas
  • Nombran magistrados a destiempo y sin cumplir con los requisitos de ley, como es el caso de los actuales magistrados del TSJ
  • Suspenden y retrasan elecciones cuando les parece, como es el caso de las elecciones de gobernadores que debieron realizarse en el 2016
  • Meten presos a diputados o los mantienen presos, violando su inmunidad
  • Apresan alcaldes u opositores sin juicios y sin oportunidad de defenderse y los ejemplos son incontables y bien conocidos
  • Inhabilitan políticamente a los candidatos o potenciales candidatos opositores

Y hay una serie de casos más de violaciones constitucionales que sería interminable enumerarlas todas.

Pero este momento político es para la oposición ciudadana una severa prueba pues ya esta arreciando la arremetida represora del Gobierno: amenazando con dictar autos de detención, a través de organismos militares, contra opositores, sean diputados, gobernadores, alcaldes o ciudadanos comunes; con campañas de desinformación pública, para las que cuenta con todos los medios de comunicación cuando lo desea; la campaña de amenazas con el uso de la violencia, de los “colectivos”, de “agarrar armas” –kalashnikov– para “defender” la revolución o de “defender con la vida”, si es preciso, la revolución; y la inhabilitación de Henrique Capriles Radonsky –estableciendo pena sin delito administrativo–, que es una decisión política, inconstitucional y provocación clara contra la oposición.

Frente a eso, al pueblo lo que le queda es hacer lo que se está haciendo, protestar, resistir, manifestar, denunciar ante el país y ante la comunidad internacional para obligar al Gobierno, por lo menos, a:

  • Que desista de la violación inconstitucional en la que está incurso y se restituya y respete el Estado de Derecho, devolviendo a la AN sus atribuciones
  • Se fije un cronograma electoral con las elecciones que legal y constitucionalmente están previstas

Creo, sin embargo, que la AN y la oposición deben dar pasos adicionales, como por ejemplo:

1) Introducir una solicitud de medida cautelar, o del tipo que sea, para que la Sala Constitucional del TSJ conmine a la Sala Electoral a tomar una decisión en el caso de los diputados indígenas de Amazonas;

2) Introducir un escrito, demanda o solicitud ante el TSJ para que obligue al CNE a convocar las elecciones de Gobernadores, ilegalmente suspendidas en el 2016;

3) Que la AN sesione y de emergencia apruebe una nueva Ley de Amnistía, favoreciendo a los inhabilitados y presos políticos, para ver sí el TSJ la niega nuevamente frente a la comunidad internacional; y

4) Solicitar que el Ministerio Público investigue a funcionarios y personeros del Gobierno y del PSUV que han estado instigando al odio y la violencia en los últimos días.

 

Sé que esto suena quijotesco, pero propuestas como estas o similares, contribuirán a poner, mucho más en evidencia –frente al país y el mundo– la clase de “talante democrático” que tiene el régimen y la naturaleza autoritaria, dictatorial del actual Gobierno.

 

@Ismael_Perez

Hablando de las Sentencias

La situación que se ha suscitado tras las recientes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene aspectos jurídicos, económicos y políticos a resumir y considerar.

Desde el punto de vista jurídico, ha sido suficientemente debatido y explicado el carácter inconstitucional de las dos primeras sentencias del TSJ, la 155 y la 156, así como las dos siguientes con las que pretendieron reparar el entuerto, tras la convocatoria e intervención del Consejo de Defensa Nacional, para resolver un problema para el cual no tiene facultades. De todas formas, lo ocurrido dejó más en evidencia que el criterio de la “cosa juzgada” no tiene para el Gobierno/TSJ la más mínima importancia y que en Venezuela no existe independencia y separación de poderes, pues bastó que el Presidente lo ordenara para que el TSJ procediera a “enmendar”, “corregir” o “subsanar” ambas sentencias. Y para abundar más en lo mismo, vimos como rápidamente los otros poderes del Estado, el Poder Moral y el Poder Electoral, avalaron las sentencias, 157 y 158, con las que el TSJ pretendió resolver el entuerto.

Pero el problema de fondo es que la Sala Constitucional ha venido violando la Constitución y dictando una serie de sentencias en contra de la AN y quitándole atribuciones, con base en un concepto que ni siquiera tiene basamento constitucional, el “desacato”

La mejor definición o explicación de este problema del “desacato” la dio José Luis Almagro, Secretario General de la OEA, quien afirmó que un “desacato” se produce cuando alguien desobedece una orden de un organismo superior, que obviamente no es el caso que tenemos en el país, pues el TSJ no está por encima de la AN. A partir de allí, todas las sentencias del TSJ en contra de los actos y leyes aprobadas por la AN son ilegales e inconstitucionales.

Pero con las sentencias 155 y 156, que no son una excepción a la regla de la inconstitucionalidad con la que actúa el TSJ, se dan pasos adicionales que podemos resumir de esta manera:

  • Prácticamente allanan la inmunidad parlamentaria
  • Ordenan al Presidente que proceda contra los diputados
  • Amplía competencias del Presidente de la República
  • Asume competencias de la AN

Todo eso se configura, sin ninguna duda y como ha sido aceptado incluso por la comunidad internacional, como un golpe de estado, con el cual se altera su funcionamiento y uno de los poderes, el Judicial, se otorga o asume las funciones y atribuciones de otro poder y le otorga a otro de los poderes, al Ejecutivo, al Presidente, facultades que están más allá de lo que contempla la Constitución y que son del poder Legislativo, de la AN: legislar, modificar, dictar leyes.

Con lo que probablemente no contaba el Gobierno/TSJ era que la propia Fiscal General, a quien no se puede acusar de “opositora” al régimen, señalaría el pasado viernes 31 de marzo dos de las irregularidades más resaltantes de las sentencias:

  • Que “en dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, y
  • que “constituyen una ruptura del orden constitucional.”

Desde el punto de vista económico, es obvio que la sentencia 156 pretende resolver un problema que tiene el Gobierno para obtener fondos que le permitan cumplir sus obligaciones de deuda externa y contraer o contratar algunos préstamos sin que estos y sus contratos sean aprobados por la AN, como establece la Constitución; así la sentencia 156, entre otras cosas, le permite al Presidente modificar la Ley de Hidrocarburos, para sobrepasar a la Asamblea y en todo caso, se reserva el TSJ la facultad, que es de la AN, de decidir sobre los contratos que firme el Gobierno.

Ese punto, por cierto, así como otros, no fue “resuelto” o “enmendado” o “subsanado” por las decisiones 157 y 158, y así la situación que configura el llamado Golpe de Estado de las decisiones anteriores no ha sido reparado

Así vemos que por resolver un tema económico, por un camino diferente al que señala la Constitución, pasando por encima del control que debe ejercer la AN, se vulnera, como dice la Fiscal, el “orden constitucional”

Desde el punto de vista político, hay lecciones importantes con lo ocurrido desde el pasado sábado, tras la intervención de la Fiscal y el intento del Gobierno/TSJ de enmendar el error y contrarrestar la negativa opinión de la comunidad internacional con el Consejo de Defensa Nacional.

Ya sabemos que para este Gobierno la Constitución no existe, es de plastilina, hacen con ella lo que se les antoje, por ejemplo:

  • Cambian las leyes cuando les parece, incluso después de que el pueblo les negó con un Referendo, las modificaciones propuestas a la Constitución (2007)
  • Hacen Referendos sobre temas ya consultados y negados, por ejemplo el de la reelección presidencial indefinida (2009), a pesar del señalamiento expreso de la Constitución de que un mismo tema no puede ser presentado a consulta en el mismo período constitucional.
  • Le quitan atribuciones y presupuesto a funcionarios electos, cuando estos los derrotan en las elecciones, como fue el caso de la Alcaldía Mayor de la Ciudad de Caracas
  • Nombran magistrados a destiempo y sin cumplir con los requisitos de ley, como es el caso de los actuales magistrados del TSJ
  • Suspenden y retrasan elecciones cuando les parece, como es el caso de las elecciones de gobernadores que debieron realizarse en el 2016
  • Meten presos a diputados o los mantienen presos, violando su inmunidad
  • Apresan alcaldes u opositores sin juicios y sin oportunidad de defenderse y los ejemplos son incontables y bien conocidos
  • Inhabilitan políticamente a los candidatos o potenciales candidatos opositores

Y hay una serie de casos más de violaciones constitucionales que sería interminable enumerarlas todas.

Pero este momento político es para la oposición ciudadana una severa prueba pues ya esta arreciando la arremetida represora del Gobierno: amenazando con dictar autos de detención, a través de organismos militares, contra opositores, sean diputados, gobernadores, alcaldes o ciudadanos comunes; con campañas de desinformación pública, para las que cuenta con todos los medios de comunicación cuando lo desea; la campaña de amenazas con el uso de la violencia, de los “colectivos”, de “agarrar armas” –kalashnikov– para “defender” la revolución o de “defender con la vida”, si es preciso, la revolución; y la inhabilitación de Henrique Capriles Radonsky –estableciendo pena sin delito administrativo–, que es una decisión política, inconstitucional y provocación clara contra la oposición.

Frente a eso, al pueblo lo que le queda es hacer lo que se está haciendo, protestar, resistir, manifestar, denunciar ante el país y ante la comunidad internacional para obligar al Gobierno, por lo menos, a:

  • Que desista de la violación inconstitucional en la que está incurso y se restituya y respete el Estado de Derecho, devolviendo a la AN sus atribuciones
  • Se fije un cronograma electoral con las elecciones que legal y constitucionalmente están previstas

 

Creo, sin embargo, que la AN y la oposición deben dar pasos adicionales, como por ejemplo:

1) Introducir una solicitud de medida cautelar, o del tipo que sea, para que la Sala Constitucional del TSJ conmine a la Sala Electoral a tomar una decisión en el caso de los diputados indígenas de Amazonas;

2) Introducir un escrito, demanda o solicitud ante el TSJ para que obligue al CNE a convocar las elecciones de Gobernadores, ilegalmente suspendidas en el 2016;

3) Que la AN sesione y de emergencia apruebe una nueva Ley de Amnistía, favoreciendo a los inhabilitados y presos políticos, para ver sí el TSJ la niega nuevamente frente a la comunidad internacional; y

4) Solicitar que el Ministerio Público investigue a funcionarios y personeros del Gobierno y del PSUV que han estado instigando al odio y la violencia en los últimos días.

Sé que esto suena quijotesco, pero propuestas como estas o similares, contribuirán a poner, mucho más en evidencia –frente al país y el mundo– la clase de “talante democrático” que tiene el régimen y la naturaleza autoritaria, dictatorial del actual Gobierno.

@Ismael_Perez