Propuestas para el Diálogo

Ya vemos en las tres semanas transcurridas desde la última ronda de diálogo que es más fácil “proclamar calle”, que lograr que ésta se movilice. Son muy pocas o ninguna las actividades de calle que hemos visto y ninguna de parte de aquellos que se rasgaron las vestiduras cuando la MUD suspendió el juicio al Presidente y la marcha a Miraflores y se adentró en la complicada opción del diálogo.

La oposición ahora tiene que “subir la apuesta” en la Mesa de Diálogo para acorralar al Gobierno y obligarlo a hacer concesiones, sobre todo después de lo que ha pasado con los resultados de la segunda ronda que han creado un ambiente muy pesado contra los negociadores y la MUD, que dificultan la convocatoria a cualquier movilización.

Simultáneamente, es necesario acometer “acciones periféricas” o de apoyo a los negociadores de la MUD. Hay que insistir en dos de las fortalezas de la oposición que siguen siendo: la arena internacional y por supuesto la Asamblea Nacional.

En la arena internacional, la AN y la MUD deben insistir más formalmente, con más fuerza, en la aplicación de la Carta Democrática de la OEA y –de no concretarse la exclusión de Venezuela del Mercosur el 1 de diciembre– en la aplicación del Protocolo de Ushuaia, sobre el compromiso democrático. Sobre todo porque internacionalmente ya es conocido el talante dictatorial de este régimen.

Pero la arena internacional tiene otros espacios que también deben ser utilizados, como son los diversos organismos que velan por los derechos humanos (DDHH). Los diputados, de la MUD y las ONGs venezolanas, dedicadas a la materia, deben denunciar y presentar en esos organismos especializados de DDHH, de la ONU, de la OEA, los casos de violación de los DDHH en Venezuela, la violación del “debido proceso”, la situación de los presos políticos, la violación de derechos políticos (voto, manifestar, etc.), la actuación de PNB y GN, armados y usando sustancias tóxicas, en manifestaciones pacíficas, etc. Casos, que hasta los momentos solo han sido presentados por abogados y familiares de los afectados y a los que se debe dar mucha más difusión institucional.

En cuanto a la AN, se deben dejar ya las simples amenazas y reanudar cuanto antes el “llamado juicio político” al Presidente de la República, la aplicación de los artículos 222 y 232 de la Constitución Nacional. Pareciera que la AN no estuviera consciente de su propia fuerza, que va más allá de tener la mayoría parlamentaria y de estar apoyada en un inmenso caudal de votos el 6D de 2015.

Por más que el Gobierno pretenda desconocerla y anularla a través del TSJ, el Gobierno necesita que, en materia internacional, la AN conozca y apruebe los contratos de interés nacional y los convenios internacionales que está adelantando o que eventualmente podría adelantar, con gobiernos y entidades extranjeras (art. 187.9 de la Constitución); por ejemplo, de financiamiento, de explotación de recursos naturales, etc. Aunque el TSJ se “apropie” de esa atribución o se la “conceda” al Presidente de la República, los otros Estados o entes firmantes se cuidarán de hacerlo sin que la AN lo apruebe, por la posibilidad de que en algún momento, a futuro, se declare ilegal o inconstitucional ese acuerdo o contrato. Aquí reside la fuerza de la AN frente al Gobierno. Esto es algo que el Gobierno de Maduro no puede desconocer o ignorar, ni usar para ello al TSJ, pues depende del reconocimiento de los otros países, de las legislaciones internas de los socios políticos y comerciales de Venezuela.

Sobre la derrota del Gobierno y su régimen de oprobio podemos pensar que es inminente, lo que no quiere decir que sea inmediata y el país se debe preparar para esa circunstancia, mucho más el llamado “país político”. La oposición debe estar pensando, además, en que pronto le tocará gobernar y el chavismo en cómo será su situación cuando deje el poder y tenga, probablemente, que explicar al país, rendirle cuentas al pueblo, acerca de su paso por el gobierno desde 1999, sin los mecanismos y recursos que ahora le brinda el poder.

En ese sentido, los dirigentes del chavismo deben tomar en cuenta cómo será ese “tránsito” hacía la oposición. Si el chavismo sale del poder a través de una negociación en la mesa de diálogo le será posible negociar un proceso de “amnistía” para sus dirigentes –que no hayan cometido delitos de lesa humanidad o contra los DDHH– que eventualmente les permita continuar en el país y continuar con su actividad pública o política; pero, si salen como producto de una derrota electoral en el 2018, no será posible esa “amnistía”, pues no habrá en la oposición ningún aliciente o presión para acordarla y les tocará enfrentar juicios de diversa índole o enfrentar exilio forzado. Muchos dirigentes y militantes del oficialismo saben, o sospechan, que eso podría ocurrir y que es una delicada circunstancia que no pueden dejar al azar.

La oposición sabe también esto y debe manejarse con tolerancia. Estoy perfectamente consciente de la polvareda que levantó al plantear una amnistía para quienes han hecho todo tipo de tropelías y cometido buena cantidad de delitos. Solo los delitos contra los derechos humanos no podrán ser perdonados, pero en los demás, al enemigo “puente de plata”; facilitar una transición en paz para recuperar la democracia, para salir sin más traumas de este proceso, será beneficioso para todos.

Así ha ocurrido en todos los países del mundo que han salido de dictaduras, en procesos más o menos largos; muchos que se vieron perjudicados en sus bienes o actividades y que legítimamente podrían tener derecho a reclamar una justa reparación, debieron posponer esa aspiración pues era indispensable erradicar el odio y la violencia que pudo haberse desatado, por el bien del país y su futuro.

Por el momento el diálogo continuará sin que sepamos muy bien que rutas y derroteros tomará, por tanto debemos trabajar en firme sobre lo ya logrado y que el Gobierno no ha cumplido, denunciando esta conducta en la mesa de diálogo ante los mediadores y facilitadores.

@Ismael_Perez

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Sobre la Segunda Ronda

En Miraflores y en el PSUV se frotan las manos. Uno de los objetivos que persiguen: dividir a las fuerzas que se les oponen y mermar su capacidad de movilización, lo están logrando. Mientras tanto, transcurrida una semana, de este lado de la acera, la tempestad no amaina y las aguas no regresan a su cauce; pero a pesar de todo es conveniente ventilar en calma algunas cosas de lo ocurrido en la segunda ronda de diálogo entre el gobierno y la oposición.

Estoy consciente de que para muchos esto es solo blanco y negro y no tiene zonas grises, como las tiene para mí. Por supuesto mi perspectiva es la de apoyar la posición de los negociadores de la MUD, que equivale a cuidar un elemento básico que estamos poniendo en juego con la diatriba despiadada: la unidad de la oposición.

Lo que no teníamos y no tenemos.

Encabezo esta parte de mi análisis con una frase, que comparto, entresacada de una entrevista en Prodavinci al Padre Luis Ugalde: “No hay que entregar nada que esté en la Constitución”, totalmente de acuerdo, pero es que ahora mismo no tenemos Constitución, no está vigente. Hay que rescatarla. De eso se trata –en mi opinión– todo este proceso de diálogo; y más aun, o más allá, de eso se trata toda la lucha que ha llevado la oposición en estos 17 años contra este régimen de oprobio: rescatar, restituir el sistema democrático. Si eso lo vemos así, es diferente la lectura que podemos tener de los resultados de la segunda ronda de la mesa de diálogo, finalizada el 12 de noviembre.

Desde que Mons. Celli, el mediador de El Vaticano comenzó a leer su discurso, al finalizar esa segunda ronda del diálogo, ya muchos estaban seguros de que los negociadores de oposición habían salido con las tablas en la cabeza, además de haber “traicionado” y “entregado” al país. Las redes sociales vinieron a confirmar esta impresión y los comentarios, artículos, noticas y entrevistas en TV y radio en días posteriores no hicieron más que reafirmar esto.

Conviene entonces, poner algunas cosas en su sitio: El viernes a las 5 pm, justo antes de la reunión, no teníamos –y aun no tenemos– Constitución vigente; es decir, no teníamos RR, no teníamos diputados de Amazonas, no teníamos posibilidad de elegir un CNE y teníamos en “desacato” (con el perdón de la palabra), por decisión del TSJ violatoria de la Constitución, a la AN que además le llegaron a cortaron la luz, el presupuesto y hasta llegaron a dejar sin sueldo y viáticos a sus diputados; y esas son solo algunas, entre muchas, de las cosas que no tenemos, que nos han quitado.

Vale la pena recordar algunos hechos.  El RR2016 ya nos lo habían quitado, el 20 de octubre, cuando de manera ilegal el CNE se hizo eco del fallo de unos tribunales penales regionales. Los diputados de Amazonas nos los habían quitado antes de juramentarse la actual AN; tampoco teníamos posibilidad de elegir un CNE como dicen la Constitución y la Ley, pues las últimas veces lo ha nombrado el TSJ y si lo hacemos con una Asamblea que ellos consideran en “desacato”, seguramente invalidarán también esa decisión.

Que tenemos ahora.

Creo, seguramente de manera inocente pensarán algunos, que ahora tras los acuerdos alcanzados –si es que tenemos la fuerza para hacerlos cumplir, cosa que empiezo a dudar– nos colocan en una vía en donde puede haber una salida: elección de un CNE como dice la Constitución y respeto a la autonomía de los poderes, que implica superación del inconstitucional “desacato” de la AN dictado por el TSJ. En este orden de ideas, el de superar la excusa del TSJ para mantener la AN suspendida, tenemos también el acuerdo de elegir diputados en Amazonas, estado del país que tiene casi un año sin representación política reconocida.

Todo eso, simplemente, no lo teníamos el 11 de noviembre. Claro que el resultado de la ronda de negociación no es lo que yo hubiera querido, hubiera preferido tener una fecha para la recolección del 20% de las firmas para realizar el RR a Nicolás Maduro y una fecha para hacerlo, pero sin esto, tampoco tengo dudas de que lo que hoy tenemos es más de lo que teníamos el 11 de noviembre.

Pues sí, agarrando aunque sea fallo, porque ¿A cambio de qué tenemos todo eso?, pues a cambio de nada; no teníamos nada con que negociar, salvo la amenaza de una posible marcha multitudinaria –que no sé quién la podría convocar ahora– y un juicio político a Nicolás Maduro que no está en ninguna parte de la Constitución, excepto en una libérrima –pero válida– interpretación de sus artículos 222 y 232. No obstante, no perdamos de vista que esos dos elementos –amenaza de marcha y juicio– ayudaron a llevar al Gobierno a la mesa de diálogo.

Lo lamentable es que algunas personas de la oposición, amparados en el derecho a crítica –que nosotros sí aceptamos– y a través de las redes sociales con calificativos y comentarios fuera de tono, desmedidamente virulentos, que poco tienen que ver con una “crítica constructiva”, están contribuyendo más que el gobierno a desmoralizarnos, sin proponer nada nuevo y poniendo en peligro el ánimo y fortaleza de la unidad, indispensable para salir de una dictadura como la que tenemos y a la que nadie puede enfrentar en forma aislada. Da la impresión de que todo estaba preparado para descalificar, fusilar, a los negociadores, sin importar lo que se acordara o dijera. O que en realidad se esté “pasando factura” de forma irresponsablemente temeraria a la MUD y sus dirigentes quien sabe por qué deuda pendiente o aspiración personal de poder.

Sobre algunos argumentos.

Ciertamente hay, en el comunicado de la MUD, algunas expresiones poco felices, como por ejemplo –y no es la única– la de “personas detenidas” para referirse a los presos políticos y así lo reconoció el propio Carlos Ocariz; pero más importante, creo yo, es que se logre la libertad de algunos, muchos, sino de todos los presos políticos. Si al final se logra, no creo que a ellos les importe mucho la forma en que los calificaba el carcelero, torturador y déspota.

¿Es criticable que, tras 17 años, estemos adoptando el lenguaje o “neo lenguaje” del régimen para referirnos a muchos aspectos de la cotidianidad económica, política y social?, probablemente sí, el bombardeo del “neo lenguaje” ha sido diario, inclemente y continuo y pero de ese vicio no están exentos algunos de los que critican este aspecto en la declaración de los negociadores de la MUD. Que cada quien se examine, el lenguaje y conceptos que utiliza, y el que esté libre de culpas…

Pero algunos de los argumentos, contra la MUD y los negociadores, son curiosos, por decirlo de alguna manera. Como ese de que la oposición ha aceptado la “guerra económica”. Leo y releo el comunicado que leyó Mons. Celli y los demás documentos de los acuerdos y no veo la expresión “guerra económica” en ninguna parte. Por supuesto quienes tienen la habilidad de leer lo que está oculto o entre líneas podrán leer cualquier cosa, yo no tengo esa habilidad ni quiero leer entre líneas. Yo ni soy boicoteador, ni soy saboteador ni agredo nada, no me siento aludido en esos calificativos, por lo tanto no tendría ningún problema en suscribir esas palabras.

Pero cuando hablo de división de las fuerzas que se oponen al Gobierno, me refiero también a los empresarios, pues algunos se hacen eco de esas palabras y pareciera que se sienten aludidos como que se refieren a ellos; mientras que otros opinan, correctamente, que esos términos se refieren, con razón, a las políticas gubernamentales, pues en verdad esas son las que boicotean, sabotean y agreden la economía. ¿Por qué no adoptar esta segunda interpretación en vez de la primera?

Otro de los logros de las reuniones del pasado fin de semana, del cual no se ha hablado mucho, es que las organizaciones de la sociedad civil también tendrán la posibilidad de participar formalmente del proceso de diálogo. ¿Lo van a aceptar o la “indignación” les impedirá a algunos sentarse a la mesa de diálogo?

Que esperar y que no.

Lo que no era de esperarse era que en una segunda reunión de dialogo íbamos a resolver los problemas que tenemos desde hace 18 años. Mucho menos pensar que el régimen –que tiene el poder institucional, el poder económico del estado y el poder de las armas– por el solo hecho de que el RR es un “derecho constitucional”, nos iba a entregar la posibilidad de hacer unas elecciones y retirarse del país, abandonando todo el poder que hoy tienen, con el riesgo para algunos de ellos de ir a parar a la cárcel o al exilio.

¿Qué esperaban algunos? ¿En qué quedamos? ¿Estamos enfrentando una dictadura marxista o a un gobierno democrático que respeta la Constitución? Vamos a ubicarnos, no tenemos una democracia, no tenemos RR, no tenemos derecho al voto, no tenemos derecho a manifestar libremente, no tenemos AN con plenos poderes, no tenemos división de Poderes Públicos ni un TSJ legal y constitucional, no tenemos derecho a ser juzgados en libertad o al debido proceso, no tenemos plena libertad de expresión; en realidad, no tenemos ningún derecho constitucional que el Gobierno no nos quiera “conceder”, hay que luchar por todos ellos, por restablecer el orden constitucional y la democracia.

Hoy al menos tenemos acuerdos, por los que habrá que luchar para que se logren de manera efectiva. Tenemos un acuerdo para escoger un CNE, que puede abrir un camino para rescatar el derecho al voto que hoy no tenemos; tenemos un acuerdo para elegir diputados en Amazonas que desde hace casi un año están sin representación y tenemos un acuerdo para respetar la autonomía de la AN y superar la figura del “desacato” que la tiene paralizada y anulada. Sí tener esos acuerdos no es estar mejor que antes, no sé que es estar mejor.

@Ismael_Perez

Mitolgía del Diálogo y Algunas Propuestas

Querámoslo o no, el país está sumido en los vericuetos del dialogo político, entre el gobierno y la oposición, para salir de esta aguda crisis política, económica y social. Y alrededor del tema se tejen todo tipo de mitos, interpretaciones y conjeturas, que es necesario analizar.

El diálogo es el tema de todas las conversaciones políticas del país. Discutimos sus bondades y defectos. Las características de los mediadores, del Presidente  de Unasur, Ernesto Samper y sus simpatías por el Chavismo y la idoneidad de los expresidentes Rodríguez Zapatero, Fernandez y Torrijos y su imparcialidad, en la que no creemos. Nos enzarzamos en especulaciones sobre la mediación de El Vaticano, las supuestas inclinaciones “izquierdistas” del Papa Francisco y como su vinculación con las negociaciones entre los Estados Unidos y Cuba, pudiera favorecer al régimen de Maduro. Se especula también acerca de la posible influencia sobre los negociadores de la Santa Sede que pueda haber ejercido el Papa Negro, Arturo Sosa, y sus conceptos acerca del proceso venezolano y el hecho de que, en su criterio, no necesariamente correcto, de que la oposición no tiene una opción que ofrecer al país.

Discutimos y nos quejamos de que no estamos informados adecuadamente por nuestros negociadores acerca de cuáles son sus objetivos en la negociación y afirmamos alegremente que nos han “entregado” al haberse sentado a negociar con el Gobierno tirano de Nicolás Maduro y de haber entregado las joyas de la corona –el juicio al Presidente y la marcha a Miraflores– tan solo porque nos lo pidió la Iglesia y El Vaticano, sin exigir nada a cambio o que primero que estuvieran dadas toda una serie de condiciones que nos garanticen una supuesta paridad de fuerza. Pareciera, por los reclamos de información y participación, que algunos creen en una especie de democracia asamblearia, en donde los negociadores deben informar en detalle, a viva voz y a las multitudes cuales son, paso a paso, sus actividades y esperar que de una amplia consulta salgan los “consejos” y opiniones para volver a la mesa de discusión con las propuestas “frescas”, recién salidas de esa sabia asamblea multitudinaria.

Trivializando la situación, algunos piensan que el método de discusión a aplicar para resolver los graves problemas del país es como si se tratara de una junta de condominio discutiendo acerca del problema de los ascensores o de la junta comunal del barrio resolviendo el problema de la basura acumulada en una de las calles. En el fondo, sí, el método pudiera ser el mismo, pues  ambos son problemas de negociación y diálogo, pero el de la negociación entre la oposición y el gobierno es algo más complejo y sobre todo involucra no unas decenas de afectados, sino varios millones, a los cuales es materialmente imposible consultar en cada uno de los pasos que se deben dar.

Ya he argumentado porque considero que el diálogo es nuestra mejor alternativa y no creo necesario repetir los argumentos. Basta con decir lo que ya muchos han dicho, que la fuerza de la oposición es tal que ha obligado al Gobierno a sentarse a la mesa y aceptar a el Vaticano como mediadores, que seguramente no es de su agrado, pues se sentía muy bien con la triada de expresidentes más Unasur. A pesar de esa fuerza innegable y de que es imprescindible negociar con toda la fuerza de nuestra mayoría, sobre todo electoral, no hay que olvidar que del otro lado hay también una fuerza, sobre todo institucional y represiva, de cuyos efectos tenemos experiencia de la que pueden atestiguar cientos de víctimas –y sus familiares– que están en la cárcel y en régimen de presentación en tribunales, sin olvidar los heridos y victimas fatales de este proceso.

Pero también he afirmado que es preciso negociar manteniendo la presión, nacional e internacional. Criticar a la oposición y la MUD, como muchos han hecho por los errores cometidos –y que la propia MUD ha reconocido– en los inicios del proceso de negociación es importante y es necesario para mantener alertas a nuestros negociadores y corregir el rumbo; pero más importante es que asumamos una actitud más proactiva y propositiva y nos preguntemos que podemos aportar, que podemos hacer los ciudadanos para ser útiles al proceso y mantener esa presión nacional e internacional, ese ambiente de agitación que existe en el país, que esta soterrado y a punto de estallar en cualquier momento.

En vez de limitarnos solo a criticar en nuestros círculos íntimos, familiares, de amigos o trabajo, a los miembros de la MUD y el equipo negociador, hay sobrados motivos para mantener una actitud de permanente movilización en el país. Por problemas menos graves que lo ocurrido hasta ahora con el diálogo y la falta de comunicación adecuada, en el pasado, en años recientes, realizamos asambleas de ciudadanos, reuniones de vecinos, para mantenernos informados, para informar a nuestros líderes locales, regionales y nacionales y dirigentes de partidos acerca de nuestros puntos de vista, acerca de nuestras preocupaciones, sobre muchos de los problemas del país. ¿Por qué no las estamos haciendo ahora? ¿Qué le impide a los vecinos de cualquiera de las ciudades y pueblos del país, reunirse por ejemplo en sus Asambleas de Ciudadanos, como ya hicieron en el pasado, e invitar a los negociadores de la MUD o a algunos de sus integrantes o a los comandos locales o regionales de oposición, para intercambiar puntos de vista y que estos escuchen los comentarios del ciudadano común?

¿Qué impide a nuestras ONGs, defensoras de los derechos humanos, las que se ocupan de los temas educativos, del ambiente, de los temas de salud, de los temas electorales, de los problemas regionales específicos, etc. exponer por escrito o a viva voz, a los mediadores del dialogo, la situación real de la crisis en Venezuela desde sus puntos de vista? ¿Por qué esas ONGs no los tienen atiborrados de cartas, solicitudes de entrevistas y reuniones, exponiéndoles nuestros problemas y preocupaciones?

Se trata además de insistir y presionar para que en el proceso de diálogo se den acciones reciprocas frente a lo que hace el Gobierno, que además de manera palmaria insulta, amenaza y desconoce lo que los mediadores han señalado que son acuerdos ya alcanzados en el proceso de diálogo; como por ejemplo, actitudes como las de esta semana del Procurador General de la Republica quien anunció que interpuso una acción de amparo autónomo contra la Asamblea Nacional por haber emitido amenazas contra los Poderes Públicos; en reciprocidad la Asamblea Nacional debe reanudar de inmediato el juicio político al Presidente de la Republica que fue suspendido la semana pasada a instancias de la Iglesia Católica Venezolana y el mediador de El Vaticano. Más aún, la oposición debe reanudar también de inmediato la solicitud de aplicación de la carta Democrática de la OEA y el Protocolo de Ushuaia que reafirma el compromiso democrático de los firmantes de Mercosur, del cual se supone que Venezuela forma parte.

De manera pues que además de criticar y hablar sobre los errores cometidos, se trata de dar apoyo activo, en la calle, a nuestros negociadores y proponerles ideas y alternativas.

@Ismael_Perez

Diálogo, Marcha a Miraflores y Juicio al Presidente

Pues sí, yo sí estoy de acuerdo con el diálogo entre la oposición y el gobierno y con que se hayan suspendido el juicio al Presidente en la Asamblea Nacional y la marcha a Miraflores el 3N.

Con relación a la marcha, sea que hubiera terminado en violencia o que no hubiera pasado nada, hubiera sido un precio político muy alto para la oposición. Lo de la violencia, creo que no hace falta ni siquiera comentarlo, está más que claro el por qué. Pero si no hubiera terminado en violencia, después de la marcha, ¿Qué?, ¿Cuál hubiera sido el próximo paso? ¿O es que alguien todavía cree que este gobierno va a salir por manifestaciones multitudinarias pidiendo la renuncia del Presidente? Recuerden 2002 y 2003. Por eso creo que es bueno dedicarle algo de tiempo a analizar las fuerzas en conflicto, para que nadie vaya a ser sorprendido en su ingenuidad.

No es que la oposición no sea más fuerte que el gobierno, sino que las fuerzas de ambos son de naturaleza distinta y eso es conveniente tomarlo en cuenta. La fuerza de la oposición reside en que busca una salida pacífica, democrática, electoral y constitucional. Hoy la oposición es mayoría en el país, es más fuerte, numéricamente, de eso no hay duda, lo prueban los resultados de las elecciones del 6D, todas las encuestas y la capacidad de movilizar millones de personas por todo el país, como quedó demostrado el 1 Sept. y el 26 de Oct.

La “marcha a Miraflores”, la marcha que nunca existió, fue la más efectiva de todas las que se han hecho, la amenaza resultó creíble. Esa fuerza de la oposición fue la que obligó al Gobierno a sentarse en la mesa de diálogo y aceptar una agenda de negociación que fue prácticamente impuesta por la MUD. Claro, al gobierno y a los que le hacen el juego, lo que les interesa es resaltar que la MUD perdió este round y mostrar la foto de Maduro en el centro de la mesa o apretando la mano de Chuo Torrealba.

Pero no nos engañemos, formulémonos claramente algunas preguntas cruciales: ¿Hasta dónde está dispuesto ese 80% que rechaza a Maduro a moverse activamente para sacarlo, a cualquier precio? ¿Qué pasa, si cómo ha sido el caso, el otro no acepta la fuerza que tienes e impone la suya?

La fortaleza del Gobierno es de otra naturaleza; apenas cuenta con cierto apoyo popular, que solo es capaz de movilizar bajo presión o chantaje, está prácticamente aislado internacionalmente y con muy poca credibilidad, pero domina 4 de los 5 poderes del Estado y tiene la fuerza institucional y real (el poder de fuego); lo digo más claro, tiene la capacidad de reprimir, con las diferentes policías, nacional y estatales, la GNB, el SEBIN, con sus grupos civiles armados e impunes, e incluso el ejército en última instancia, como hemos visto en diferentes manifestaciones, algunas muy recientes.

Además no es poca cosa contar con el sistema judicial, que le permite desconocer o encarcelar a quien sea y tiene las fuerzas represivas para ejecutarlo y si no que lo digan los cientos de detenidos, algunos recién liberados, muchos aun en la cárcel; y por si fuera poco, cuenta con todos los medios de comunicación, propios y ajenos –a través de cadenas– y cuenta con los recursos económicos del estado, para hacer demagogia y chantajear al pueblo y cuando estos no le alcanzan, dispone de los ajenos a través aumentos salariales por decreto, expropiaciones, confiscaciones de productos, guías de movilización de alimentos, etc.

Puesta contra la pared, para una dictadura, como la que gobierna al país, el pueblo no existe, no es tomado en cuenta. Se puede morir de hambre, de mengua, de enfermedades y la oposición puede manifestar hasta la saciedad, e incluso ir a Miraflores y al gobierno no le importa; si todo terminare en violencia ¿Qué son unos muertos más, unos presos más?, nada, para ellos lo único importante es mantener el poder –cueste lo que cueste– y a quien “culpar” de lo que ocurra y para ello tienen los medios de comunicación, las cadenas y todos los recursos del estado, frente a una oposición que se ve relegada a redes sociales o a algunos espacios en la prensa o TV internacional, que la mayoría del pueblo no ve.

La única opción sensata es dialogar con la fuerza de nuestra mayoría, ¿Cuál es la otra? ¿Dejarnos matar en las calles o que metan presos a todos los líderes opositores? Claro que 15 millones de opositores no cabemos en las cárceles, pero algunos cientos de líderes, sí, de hecho ya hay más de 120 presos políticos. Por supuesto, negociar manteniendo la presión, nacional e internacional, pero negociar. Ningún país ha salido de dictaduras, gobiernos autoritarios o de guerras sin negociar, sin dialogar y los ejemplos sobran y han sido repetidos hasta el cansancio.

Por último, un par de ideas sobre el juicio al Presidente en la Asamblea Nacional (AN), por ahora suspendido. Creo que es una estrategia adecuada, la AN debe condenar políticamente a Nicolás Maduro, quien es “…responsable de sus actos y de las obligaciones inherentes a su cargo”, como dice el artículo 232 de la Constitución. Por lo tanto, es el responsable del caos y la emergencia humanitaria que vive el país, por ser la cabeza de un estado fallido, la cabeza –junto con Hugo Chávez Frías– del peor gobierno que ha tenido Venezuela desde que llegó Cristóbal Colón a esta “tierra de gracia”, hoy convertida en “tierra de desgracias”, sumida en incertidumbres y secuestrada su democracia.

Pero otra cosa, que no comparto, es “el abandono del cargo” aunque lo mencione el artículo 233 de la Constitución, me parece un argumento débil, literal, ajustado ad hoc y hasta pueril. ¿Cómo justificar legalmente e internacionalmente que se esté pidiendo un referendo para revocar a alguien que no ejerce su cargo por haberlo abandonado? Y no abundaré en más  argumentos que abonen en defensa del Gobierno.

Falta ver ahora si el Gobierno cumple con las demandas minimas o pruebas de buena voluntad que se hicieron para suspender la marcha a Miraflores y el juicio al Presidente, el plazo es hasta el 11 de noviembre y el reloj está corriendo.

@Ismael_Perez