Dificultades del Diálogo

En la dinámica política venezolana los temas cambian y se suceden cada día; la agenda varía constantemente, sin embargo hay un punto que, aunque cambia de matices y urgencia, permanece todo el tiempo, es el tema del “dialogo.

A la agenda política esta semana habría que agregar la “Toma de Venezuela”, su rutilante éxito, significación y consecuencias; el debate en la Asamblea Nacional, acosado por las hordas salvajes y tarifadas del oficialismo, con el consentimiento de la GNB; el plan de actividades propuestas por la MUD, particularmente el Paro Cívico General, que creo se desarrolló exitosamente, habida cuenta de que entre indiferentes y oficialistas hay suficiente gente para llenar las calles con “normalidad” y aun así no pudieron evitar calles y avenidas vacías y ciudades desoladas; el juicio político al Presidente, aun cuando él no vaya a acudir a la citación de la Asamblea; la marcha a Miraflores, convocada para el jueves 3 de noviembre, a la cual me opongo, abiertamente, sin duda alguna, pero no expondré públicamente mis razones, pues no estoy dispuesto a abonar la argumentación del oficialismo. En fin, de una intensa agenda política de múltiples frentes, dictada por la oposición, escojo el del “dialogo”, para analizar algunas de sus dificultades.

Hace varias semanas ya dediqué uno de mis artículos semanales a este tema, concretamente el 16 de septiembre (http://www.noticierodigital.com/2016/09/dialogo-4/ ), en el cual entre otras cosas afirmaba: “Todo régimen autoritario, toda dictadura que acabe en un proceso democrático, forzado por la acción y voluntad popular, implica un profundo proceso de diálogo que permita cerrar heridas y continuar el camino construyendo un futuro para todos.”

En efecto, toda crisis política, que no concluya en una guerra civil, donde uno de los bandos someta al otro, concluye en un proceso de diálogo y negociación entre las partes. Aun después de una guerra civil en que uno de los bandos es sometido –como en el caso de España– y que después se instaure una dictadura, el proceso de regreso a la democracia es el producto de intensas negociaciones y procesos de diálogo.

El diálogo, por tanto, no creo que sea el problema. El problema suele ser:

  • Que quienes se sienten en la mesa a negociar, sean reconocidos por las partes, internamente, es decir, por sus propios partidarios;
  • En presencia o con mediación de quién, que tenga la autoridad y la aceptación por las partes;
  • Y sobre todo, lo más importante, cuál es la agenda de negociación, cuáles son los temas que se pondrán sobre la mesa, principales y secundarios.

En el caso de Venezuela, las partes son obviamente el Gobierno y la oposición. Del lado del Gobierno, no hay mucho problema; monolítico –como toda dictadura– y de partido prácticamente único, el PSUV, pues los demás integrantes del llamado Polo Patriótico, no cuentan. Con la oposición democrática la cosa ya no es tan sencilla, pues si bien está la MUD, no es un solo partido, hay por lo menos cuatro importantes, numéricamente hablando –AD, PJ, UNT y VP– y varios más, algunos históricos, otros más recientes; y un montón de grupúsculos, personalidades y ambiciones, que reclaman un espacio, que opinan y sobre todo critican. Pero digamos, que tras muchas discusiones internas, la MUD es la representación de todos y lo hace bien.

Los mediadores es otro tema. Traídos de la mano del Gobierno están: UNASUR, con Ernesto Samper a la cabeza y los expresidentes Omar Torrijos de Panamá, Lionel Fernández de Republica Dominicana y Rodríguez Zapatero de España; a este grupo inicial se incorpora recientemente el Vaticano, propuesto por la MUD y aceptado por el Gobierno. UNASUR es un organismo poco estructurado, sin mayor relevancia y prácticamente impuesto para tener allí a Ernesto Samper. En cuanto a los expresidentes, creo que todos buscan un segundo aire, que les permita reposicionarse de cara a una reelección en sus países de origen o recobrar cierta notoriedad internacional perdida. En cuanto al Vaticano, me luce que su único interés es que las partes se sienten y comiencen a dialogar y eso puede conducir a errores ¿ingenuos?, como el del comunicado de la semana pasada que proponía un “inicio del diálogo el 30 de octubre, en Margarita”, que ni siquiera la Conferencia Episcopal Venezolana avaló y mucho menos la MUD. Mal comienzo para un mediador.

Pero la agenda siempre es el problema de fondo, en este y en todo los diálogos y negociaciones; también va a ser lo más difícil en este proceso donde, por el momento, hay poca disposición entre las partes de ceder.

Para el Gobierno, lo importante es mantenerse en el poder a toda costa, pero que se vea que ellos están dispuestos a dialogar, pues con el agua al cuello, el diálogo es una forma de ganar tiempo y saben que lo planteado no es algo que se resolverá en 15 días. El último proceso de diálogo en Venezuela entre Gobierno y oposición, con mediación de la OEA –presidida por Cesar Gaviria– y el Centro Carter, se desarrolló durante más de un año y concluyó con el Referendo Revocatorio de Hugo Chávez Frías en 2004, después de que él se había recuperado políticamente tras gastar miles de millones de dólares a través de las misiones. A algo similar a eso aspira el Gobierno de Nicolás Maduro, pero no tiene hoy la popularidad que tenía el del año 2004 y mucho menos los recursos en dólares, aun cuando aún tiene muchos.

En la oposición hay muchas afrentas por cobrar y con toda razón. Sin contar con las cosas que nos afectan a todos: como la inflación, la escasez y la inseguridad, producto de infames políticas que han arruinado al país, hay personas que han perdido sus fortunas, sus empresas, sus trabajos o medios de subsistencia; que han perdido familiares a manos de la violencia y la inseguridad sin que nadie haya hecho nada, o que tienen sus familias divididas y dispersas por el mundo. Hay detenidos y presos políticos, sin juicios o con juicios amañados, que languidecen en las cárceles o se han visto obligados a irse al exilio. No es fácil colocar todo eso en una agenda de negociación y hacer que coincida con la del Gobierno.

Pero además, mientras la oposición tiene todo por ganar en este proceso, el Gobierno se juega mucho más que la oposición. Se juega su salida y posiblemente sin retorno, con posibles juicios, encarcelamientos y exilio y debe, por tanto, asegurarse que tendrá una “salida” aceptable y para ello cuenta con su posición de fuerza actual. No cuenta con popularidad, más bien con un profundo e inmenso rechazo, pero cuenta con los mermados recursos del estado –que no alcanzan para resolver los problemas del país, pero si los del Gobierno y sus amigos–, con las instituciones y sobre todo con la capacidad de fuego y represión de sus grupos paramilitares armados, policías y fuerzas armadas.

Si en la oposición no comprendemos esto y no estamos dispuestos a ceder en las aspiraciones máximas, para que se abra la mesa de negociación y se instaure el diálogo, cada vez nos alejaremos más –en el tiempo– de una solución favorable a todos.

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Suspendido el RR y el Plan Zapatero

Cualquier cosa que pude haber escrito para esta entrega semanal, se ve ampliamente sobrepasada por los acontecimientos del jueves 20 de octubre, que nos ponen de hecho frente a un régimen claramente dictatorial y que ha suprimido de facto el derecho al voto, derecho ciudadano y humano fundamental del sistema democrático.

Dejaré a los juristas, obviamente más competentes que yo, el análisis a fondo de la ilegalidad de que un juez penal tome medidas administrativas y me sumiré de lleno en el análisis político de la situación. No cabe duda que lo del jueves 20 no fue una decisión judicial, sino políticamente concertada con los gobernadores de los estados donde hubo el pronunciamiento y debidamente conocida y dirigida por el poder central, hasta el punto de que Nicolás Maduro se ausentó convenientemente del país.

Quiero creer que la iniciativa anti democrática es solo de un sector radical del PSUV y que en esa organización y en algunos sectores del Gobierno hay disenso con respecto al camino que han tomado. Lo que se trasluce de las decisiones asumidas es lo que tantas veces se ha dicho: la democracia y el voto para el régimen es meramente un “bien utilitario” que sirve para acceder al poder y mantenerse en él, mientras se goce del favor popular. Cuando no es así, como se evidencia tras los resultados del 6D, por todas las encuestas y las múltiples manifestaciones de protesta de todos los días en reclamo de los más esenciales servicios e insumos básicos de alimentación y salud, entonces se recurre a las vías de hecho, la intimidación, la persecución, la fuerza y el uso de instituciones cómplices y amañadas para desconocer el estado de derecho, aferrarse al poder e instaurar la fase dictatorial de este régimen.

Son varias cosas las que hay que tener claras para una correcta interpretación de los hechos. Resulta evidente que el régimen no podía correr el riesgo de tener varios millones de venezolanos, durante tres días, buscando donde firmar para solicitar la revocatoria del mandato de Nicolás Maduro. El Gobierno y el PSUV saben que el 20% o más de las firmas necesarias iba a ser recogido y será recogido en el momento que sea necesario. Había que parar eso a como diera lugar. Lucía que los procesos de intimidación adelantados durante estos meses no habían sido suficientes y la decisión de la Sala Electoral sobre la recolección del 20% de las firmas por estado, tampoco y por eso resolvieron enmendarle la plana al TSJ mediante tribunales penales, orquestados y debidamente “domesticados”.

Un segundo elemento a tener claro es la actuación del CNE; en todo momento dócil y presto a retrasar el proceso, exigiendo requisitos que no están en la normativa, poniendo trabas burocráticas de todo tipo, fijando procesos electorales para el 2017 –en clara violación de la Constitución y sin mencionar el Referendo Revocatorio– hasta llegar al punto de suspender el proceso de recolección de voluntades del 26, 27 y 28 de octubre, “acatando” una decisión de tribunales penales, que el CNE sabe perfectamente que no tienen facultades para pronunciarse en la materia. Qué paradoja, que el organismo que debió ser garante del derecho al voto, sea quien lo elimine en abierta violación a la constitución y el ordenamiento legal.

Lo ocurrido con la suspensión del RR por parte del CNE, nos coloca en un terreno de mayor y peligrosa incertidumbre, que no sabemos donde pueda ir a parar, pues radicales los hay en todas partes. Será responsabilidad principal de las rectoras del CNE, que hacen ahora hipócritas llamadas al diálogo, lo que pueda ocurrir en el país por culpa de esta decisión.

Al momento de escribir esta nota la MUD aun no ha anunciado la pauta de acción a seguir por parte de la oposición. La prisa en este momento es mala consejera y eso de pensar que “este escenario” debió estar previsto para tener una “respuesta inmediata” no es, políticamente hablando, una respuesta adecuada a la gravedad del momento. No me corresponde, además, dar pautas de acción, pero si adelantar algunas hipótesis de explicación.

El régimen preparaba una suspensión del RR contra Nicolás Maduro, bien sea mediante alguna nueva sentencia del TSJ o creando una imposibilidad de hecho para recabar el 20% de las firmas en alguna o varias entidades federales. Pero dado que esto –que la suspensión del RR se diera por una acción directa del régimen– obviamente no sería “bien visto” internacionalmente, resultaba “mejor” que fuera  porque la oposición desistiera –que no fue nunca el caso– o porque “no lograra” recoger las firmas, aunque fuera por causa de las dificultades que el propio régimen interponía.

Según esta interpretación, el CNE ofreció al país una “alternativa” electoral, una válvula de escape –elecciones regionales en 2017–, que el Gobierno estimó que de paso le sería favorable pues tras la supuesta decepción de los sectores opositores al impedirse el RR, no solo dejaría en el poder a todo el Gobierno, sino que además ganaría algunas gobernaciones y alcaldías que en otras circunstancias no podría tener. Es obvio que a algunos más radicales del Gobierno tampoco les pareció esto suficiente y por ello apelaron a saltar claramente la talanquera de la legalidad y ponernos de hecho frente a un sistema dictatorial que descarta la vía constitucional y democrática del voto, para dirimir los conflictos políticos.

Como quiera que estamos en el continente del realismo mágico, puestos a especular, me pregunto si las declaraciones del Presidente Nicolás Maduro de un posible adelanto (?) de elecciones legislativas, el anuncio de las elecciones regionales para 2017 y la suspensión del proceso revocatorio por parte del CNE, ¿Habrán sido tema de conversación del pasado viernes 14 de octubre entre el Presidente Nicolás Maduro y José Luís Rodríguez Zapatero? Es evidente que Rodriguez Zapatero, que por lo que parece solo se reúne con una de las partes del supuesto “dialogo”, resulta ser un asesor político de lujo para el Gobierno de Nicolás Maduro. ¿Le habrá comentado a Nicolás Maduro lo negativo que resulta para su imagen internacional suspender por vía judicial el RR y estar declarando que no se realizarán elecciones por no ser una prioridad para el país?

No sé hasta dónde estará “involucrado” el ex presidente español en todo esto, pero en todo caso parece marchar estupendamente el “Plan Zapatero”: reuniones de alto nivel, con foto y todo, para demostrar amplitud y disposición al diálogo; no hay revocatorio, pero si elecciones regionales y los presos políticos se van soltando a cuenta gotas. ¿Realidad o coincidencia?

@Ismael_Perez

 

 

Transición a la Democracia

La transición a la democracia ya ha empezado en Venezuela. Es la conclusión que podríamos extraer de una entrevista de Hugo Prieto a Abraham Lowenthal, profesor de la Universidad del Sur de California que recomiendo leer en Pro Davinci y que me permito resumir y comentar libremente. Se puede buscar en el siguiente vínculo: http://prodavinci.com/2016/10/09/actualidad/abraham-lowenthal-la-transicion-implica-aceptar-cambios-y-sacrificios-por-hugo-prieto/

En efecto, como dice el mencionado profesor, muchas veces las transiciones comienzan mucho antes de que tomemos conciencia de ello. Ese sería nuestro caso. Tras 17 años de desgobierno y experimento fallido del socialismo del siglo XXI (SSXXI) o de revolución –como a ellos les gusta denominar a este oprobioso periodo– la muerte de Hugo Chávez y la cerrada votación en las elecciones presidenciales que escogieron a su sucesor, marca a mi modo de ver el inicio de la transición de regreso a la democracia en Venezuela.

Allí, claramente, se comenzó a hablar de la posibilidad de tener un Gobierno distinto al régimen que hoy tenemos y eso se confirmó en las elecciones parlamentarias del 6D, cuyos resultados han sido desconocidos por el Gobierno de Nicolás Maduro y por el Tribunal Supremo de Justicia, sin mencionar los otros dos poderes, el Electoral y el llamado Poder Moral, que de alguna forma han secundado ese desconocimiento con acciones u omisiones.

Pero la historia, como el agua, abre su curso y no se detiene. Por entre los intersticios de un poder férreo, como el que nos domina, se cuelan aires y soplos de cambio. En el propio PSUV ya se habla sin tapujos de sucesiones presidenciales y se ha destapado la olla de la competencia interna; pero además, los voceros más recalcitrantes del chavismo se desviven para tratar de desconocer una realidad que se les impone, el Referendo Revocatorio (RR).

Se realice o no el RR en 2016 ó 2017, ya es una realidad política que se impuso y que colma, sin duda, la agenda política de discusión. El hambre de una parte de la población, la búsqueda de comida entre la basura; la muerte por falta de medicinas, por inseguridad o por linchamientos en barrios y cárceles, donde se está llegando a una peligrosa anomia de tomar justicia por la propia mano; servicios públicos ineficientes e insuficientes; la parálisis progresiva de la industria del país, el cierre de empresas, el desempleo disfrazado de informalidad, bachaquerismo o buhonerismo; la perdida en caída libre del poder adquisitivo; no son más que razones y acompañantes en la discusión del tema principal: el país quiere y requiere una transición política. Toca entonces hablar de ella, organizarla.

Sera necesario conciliar intereses, dentro de la coalición demócrata y con el resto del país, incluido por supuesto los partidarios del actual régimen. Para ello será preciso ponerse de acuerdo en temas espinosos como el de la justicia y por supuesto, la impunidad.

No será una tarea fácil, pues no cabe duda que en estos 17 años muchos son los actos de corrupción que se han denunciado, que constituyen delitos que ni siquiera se han investigado; mucho menos hay culpables e incluso algunos que a todas luces lo son, disfrutan en Venezuela y en el exterior de sus fortunas mal habidas o de dudosa procedencia.

Muchos son también los que han perdido patrimonios, empresas, industrias, fincas, tierras, bien porque se las quitaron, bajo la fórmula de expropiaciones fuera de los parámetros legales y constitucionales, para pasar a manos del estado o de “colectivos” que las han llevado a la destrucción, o bien se han perdido o ido a la ruina por malas políticas y decisiones económicas de parte del Gobierno.

Ni que decir de aquellos que han perdido la vida, en eventos políticos o a manos del hampa común, sin culpables ni castigos. Los que han ido a parar a la cárcel por sus ideas o por oponerse al régimen, sin juicios justos, sin poder defenderse, sin que los dejaran presentar sus casos y sus pruebas, o los que languidecen en prisión por meses y años, sin acusación o esperando un juicio. Los que se han tenido que ir al exterior, perseguidos o bien por necesidad material o espiritual, en búsqueda de una vida mejor y más tranquila.

Son muchos los agraviados por el SSXXI que buscarán que se haga justicia y castigo para los culpables de sus males, porque hay determinados delitos que no pueden ser pasados por alto, pero como bien dice Ernesto Zedillo, ex presidente mexicano, citado por Lowenthal: “…vamos a impedir la venganza y vamos a establecer el imperio de la ley. Vamos a establecer mecanismos de justicia (transicional) para aquellos involucrados en determinados delitos. Vamos a pensar más en el futuro que en el pasado”. Esa debe ser nuestra aspiración: Sin transitar por la impunidad para ciertos delitos, pero tampoco transitar por la venganza.

Posición de fuerza y tolerancia son dos temas claves para el proceso de transición. Hoy las fuerzas democráticas tenemos una posición de fuerza electoral, pero el régimen, como su nombre bien indica, es un régimen que controla todas las instituciones y cuatro de los cinco poderes, todas las policías y la FANB, tiene el poder de fuego, la fuerza física y los recursos del estado, económicos y de todo tipo, que aún son cuantiosos, para imponer sus criterios.

El Gobierno pierde todo con el RR16 y las elecciones regionales. Ese es un punto que no podemos obviar. Si además piensan que la pérdida del poder puede poner en peligro las propias vidas o la libertad, ¿Por qué habrían de cederlo?

Como bien dice Lowenthal, para continuar el proceso de transición a la democracia “… hay que tener la posición de fuerza y hacer los compromisos necesarios… implica tener una visión de largo plazo, una visión estratégica” (subrayado mío) Debemos demostrar y tener la fuerza que nos haga creíbles para lograr el objetivo. La justicia sin venganza, la tolerancia sin impunidad, serán algunos de los temas más espinosos en el proceso de transición.

@Ismael_Perez

Críticos de la MUD

 

¡Que no sea más del 20%…!, es la exclamación desesperada, la orden del Gobierno al CNE, el deseo oculto de buena parte del PSUV, que ven que se les viene encima una avalancha de firmas que amenaza con sepultarlos o barrerlos de la faz política del país y condenarlos ante el mundo.

Para evitar que esto ocurra, fue que el CNE tomó las decisiones que tomó y está haciendo lo posible para impedir el referendo revocatorio en 2016, poniendo trabas y dificultades para que millones de venezolanos no podamos ir a manifestar nuestra voluntad de revocar a Nicolás Maduro. No le busquemos otra explicación, no la tiene. No se violan la Constitución y sentencias del TSJ para justificar una decisión burocrática; se irrumpe contra el estado de derecho, como lo ha hecho el CNE, cuando lo que está en juego es todo el poder. Revocar a Maduro en el 2016 no es solamente revocar a Maduro, es revocar todo un sistema, todo el Gobierno, desmantelar el régimen, desalojarlos del poder… hacerlo en cambio en el 2017, sí es solo revocar a Maduro, aunque personalmente creo que también es válido hacerlo y constituye un acto de profunda significación política que deja tambaleándose lo que quede del régimen, sin legitimidad, sin liderazgo ni autoritas para gobernar.

Contra ese deseo del Gobierno, secundado por el CNE, irrumpe toda la oposición. La representada en la MUD y otra más “radical” que dice a voz en cuello y con sus propuestas, no sentirse representada en la MUD y que ésta, al aceptar las condiciones impuestas por el Gobierno/CNE se “rinde” y “traiciona” a todo el país. Pero, ¿Es que decir –como hizo la MUD—que no se aceptan las condiciones planteadas por el CNE y que se recogerán las firmas conforme a lo que dice la Constitución, no es también defender la Constitución, la democracia y los derechos de los electores? Por supuesto que sí, pero para muchos es más fácil denigrar y montarse en la crítica frenética y estéril que causa ruido y hace daño.

Sin duda son válidos algunos señalamientos que se le hacen a la MUD con relación, por ejemplo, a la falta de información o consulta a otros sectores, a pesar de que para tomar la decisión de aceptar o no las condiciones planteadas para la recolección del 20% se hizo una consulta muy amplia que fue además bien comunicada al país.

Coincidir con algunos señalamientos de opositores radicales es fácil, incluso, con las críticas que se hace a la MUD, pero al hacerlas hay que reflexionar con relación al ambiente que tenemos en el país, donde prevalece una mentalidad anti política que vemos resurgir y florecer estos días, con críticas a veces sin sentido y propuestas que van desde el extremo más radical, hasta el más ingenuo. La antipolítica, la crítica acerba a los partidos y a los políticos que practicamos en Venezuela, de manera indiscriminada, desde finales de los años 70, fue uno de los factores que dio paso al surgimiento de la figura de Hugo Chávez Frías y que éste utilizó de manera consciente para destruir a los partidos en Venezuela.

Toda crítica válida es bienvenida. No soy de los que denigra de los que la hacen desde el exterior, alejados del país, alguna vez estuve en esa posición y sé que a veces la distancia te da perspectiva y te permite reflexionar mejor. Por otra parte, oponerse a una dictadura es válido desde cualquier parte o sitio del planeta en el que se esté; es más, lo deseable es que todo el que pueda hacer algo lo haga, alce su voz, denuncie, participe en cualquier actividad, por pequeña que sea o parezca. Toda propuesta es además bienvenida, lo cual no quiere decir que sea válida o aceptada. Pero muchas de esas propuestas se basan en posturas de “no responsabilidad”, para no calificarlas de irresponsables.

Es muy fácil frente a un teclado o desde la comodidad de miles de Km de distancia, deshacerse de las frustraciones personales del pasado en la actividad política y decirle a los que están hoy frente al día a día, que deben emprender ésta o la otra táctica, ésta o la otra acción, sobre todo enfrentarse inermes a quien si usa la represión y tiene armas y ha demostrado hasta la saciedad que está dispuesto a utilizarlas de forma cruel y a mansalva o a utilizar su poder “institucional” para llevar a juicio y encarcelar a sus “enemigos”, que puede ser cualquiera que se le oponga. Toda propuesta de acción, sobre todo si implica arriesgarse físicamente exige que quien la formule sea el primero en arriesgarse de manera personal, asumir la primera fila de la acción y encabezar la protesta que proponga.

Por otra parte, creo que algunas de esas posturas críticas hacia la MUD, hacia los partidos y hacía los políticos en general, son una forma de abaratarle la tarea al régimen; más costoso políticamente para el régimen es enfrentarlo en la defensa concreta de los derechos, exigiendo como ciudadanos el cumplimiento de la constitución y las leyes, dejando en evidencia al régimen y sus atropellos, ejerciendo esos derechos, denunciando, firmando, votando, etc.

En algunos casos no se entiende muy claramente cuál es la propuesta que envuelve alguna de las críticas, pues no proponen nada, salvo una velada –y ni tan velada– alusión a la necesidad de intervención de la FFAA, ¿Es esa la propuesta?  ¿O la propuesta es que como las condiciones son inaceptables, no se debe participar en la recolección del 20% de las firmas? ¿Volver a lo que hoy todo el mundo concuerda que fue una ilusa, errática y equivocada decisión en 2005, cuando la oposición no participó en las elecciones para Asamblea Nacional?

La verdad es que nos dejan desconcertados algunos de los planteamientos de los críticos de la MUD y reitero, para algunos de los más extremos, lo menos que uno aspira es que quien te sugiere enfrentarte al Gobierno en la calle esté en la primera línea del combate, frente a los escudos, cascos, gases y armas de la GNB.

@Ismael_Perez

 

 

La Constitución de Plastilina

¿Cómo explicarlo? No me sorprendió la decisión del CNE sobre lo del 20% de las firmas por estado, porque todo se puede esperar de los secuaces del régimen; pero debo reconocer que no me esperaba tamaño descaro. Por otra parte, la MUD asumió la posición que le tocaba asumir: rechazar las condiciones del CNE y disponerse a recoger las firmas que corresponden, conforme al artículo 72 de la Constitución, para solicitar el Referendo Revocatorio.

No voy a comentar acerca de la posición de la MUD, al menos por lo momentos, pues creo importante detener unos instantes el análisis del fragor político, para evaluar las violaciones a la Constitución, que es un tema recurrente e inagotable.

La Constitución Bolivariana ejerce sobre mí una extraña fascinación, a pesar de que en 1999 voté en contra de ella y junto con otros venezolanos fuimos al Consejo Nacional Electoral de la época, a inscribirnos por el NO a la Constitución e hicimos abierta campaña en su contra.

Una de sus características, no intrínsecas, sino circunstanciales, es que la Constitución Bolivariana es como la plastilina: “flexible”, moldeable, adaptable. Concebida por el régimen de Chávez Frías para reemplazar a la “moribunda” de 1961, como la calificó el propio Chávez Frías y sobre la cual juró, se suponía que iba a dar sostén al “proceso”, pero son notables y muy significativas las violaciones que ha sufrido en su corta vida como Constitución.

Haciendo memoria y recordando eventos, la venezolana tiene el poco envidiable registro de ser la única Constitución, que yo sepa al menos, que ha sido violada “intrauterinamente”. Aun no había nacido, es decir, no había entrado en vigencia, cuando aquella Comisión Legislativa de infausta memoria, llamada también “Congresillo”, que sustituyó a la Constituyente, comenzó a violarla, designando cargos como: Fiscal, Contralor, Defensor del Pueblo y otros, a “dedo”, sin cumplir con los pasos, procedimientos y requisitos que ya demandaba la novísima Constitución.

El entonces Presidente de ese órgano, el Sr. Luís Miquilena, hoy conspicuo opositor del régimen, justificaba esta acción con el dudoso argumento de que el país aún no estaba listo para cumplir con los mandatos constitucionales y que además seguíamos en un “régimen transitorio” –del que por lo visto aún no hemos salido–  en el cual el mandato popular dio para todo, hasta para nombrar el mencionado “Congresillo” con “congresillistas” que nunca fueron electos popularmente y que sin embargo nombraron cargos, organismos como el CNE de entonces, aprobaron el presupuesto nacional, legislaron y promulgaron leyes, aprobaron viajes presidenciales, etc.

Tras este acto contra natura, en el cual el padre viola a su hija aun no nacida, ¿Cómo habría de sorprendernos que hoy esté desbocada la cadena de violaciones? No pretendo enumerarlas todas, pues sería interminable, pero glosaré algunas de las más notables y recientes.

Comencemos por el Ejecutivo, desde luego, que es el Poder que siempre ha marcado la pauta en eso de violar la Constitución y desde la más alta magistratura. Por lo tanto, ya nadie se escandaliza con que en estas circunstancias sea el propio Presidente de la Republica quien mediante el último decreto de “emergencia económica” elimine facultades a la Asamblea Nacional, la esté dejando sin presupuesto y amenace sin recato y abiertamente con disolverla, hasta el punto de que el próximo presupuesto de la nación, ha dicho el Presidente Nicolás Maduro, no lo va a pasar a la aprobación de la Asamblea Nacional, sino que buscara su aprobación en el “Congreso de la Patria” (?).

Con este ejemplo, que de raro tiene entonces que una Asamblea Nacional, la anterior a la actual, con el voto favorable de todos sus integrantes, haya aprobado la Ley Orgánica del Poder Electoral con un artículo, el 19, en el cual se reservó para sí 11 de los 21 cargos del Comité de Postulaciones, con el pretexto de que ellos son también sociedad civil, contradiciendo el artículo 295 de la Constitución, y de paso una sentencia del TSJ donde claramente se establece:

“…  que las organizaciones políticas no conforman la sociedad civil, sino la sociedad política cuyos espacios están delimitados por la Constitución y las leyes.” (Sentencia de la Sala Constitucional N° 1395/2000)

En el mismo sentido, era perfectamente “natural” que dicha Asamblea, a la carrera, entre gallos y medianoche escogiera entre diciembre de 2015 y enero de 2016 nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia, sin importar o no si estos cumplían con los requisitos constitucionales para el cargo o las normas mínimas del “decoro” político.

En ese contexto, nada de raro, aunque sí de lamentable, tiene que el TSJ esté tomando un conjunto de decisiones que violando la Constitución, estén algunas de ellas en contra de atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional, desconociendo de paso el valor del voto y e irrespetando la voluntad y soberanía popular que la Constitución ordena preservar. Estas decisiones son por todos conocidas y describirlas y enumerarlas aquí sería prolijo y hacer este artículo interminable. Baste citar la última, según la cual la Sala Constitucional –nada menos– del TSJ, el pasado 2 de septiembre de 2016, dictó la sentencia N° 808/2016, según la cual cualquier acto de la Asamblea resulta nulo y sin ningún tipo de validez legal o jurídica.

En este contexto, ¿Qué de particular tiene que el CNE tome una decisión, al definir las normas para recoger el 20% de las firmas para solicitar un referendo revocatorio, que viola flagrantemente el artículo 72 de la Constitución?

¿Y ahora qué? Y la pregunta no es meramente retórica.

El Gobierno parece dispuesto a defender, con todo su “poder de fuego”, su permanencia en el poder: Sin estado de derecho, ejerciendo en la práctica una dictadura, sin leyes que acatar, salvo las “propias”, las que él defina, sin procesos electorales y con presos políticos y perseguidos por oponerse a sus designios.

Mientras, el país sigue, desangrándose por el hampa y la inseguridad, desabastecido de alimentos y medicinas, con recién nacidos en cajas de cartón, con una inflación galopante, con recesión económica, sin inversión, al borde de una crisis financiera y resignado, ¡Por ahora!, a interminables colas para proveerse de lo indispensable.

Pero lo dicho ya la semana pasada: “A la larga, el pueblo que ha ido despertando en Venezuela del sopor del socialismo del siglo XXI es el cauce de un río que arrasará todo aquello que intente contenerlo”.

@Ismael_Perez