Crisis y Gobernabilidad

Crisis económica y crisis política, los dos temas sobre la mesa; ¿Cuál es más grave, a cuál dedicarle la prioridad? ¿O es posible dedicársela a ambos por igual? Pareciera que así debe ser, pues juntas o por separado nos pueden conducir a la imprevisible consecuencia de la ingobernabilidad del país.

La sentencia del TSJ no es más que la manifestación de la crisis política; es la señal inequívoca de que este régimen no está dispuesto al diálogo. Comenzando porque no está dispuesto a reconocer que fue políticamente derrotado, apaleado, por el pueblo el 6D.
El régimen se resiste y buscando como mantenerse en el poder, emplea todas sus argucias. Su TSJ dicta sentencias absurdas, contra derecho, contra la Constitución, pero que siguen la “lógica revolucionaria” de buscar como aferrarse al poder. Sus grupos camorreros y armados persiguen manifestantes opositores y diputados, los agreden verbal y físicamente, buscando imposibilitar su acción e intimidar. Sus funcionarios, comenzando por el Presidente, se declaran en rebeldía frente a las leyes que promueva la Asamblea y frente a la propia Asamblea Nacional; se niegan a ser interpelados, a rendir cuentas frente a la representación del pueblo, frente al pueblo. Sus dirigentes o líderes profieren amenazas veladas o abiertas hacia la oposición o quien ose hacer alguna crítica a la gestión gubernamental.

Insisto, no le busquemos una lógica a lo que no lo tiene; las decisiones del TSJ son decisiones políticas y adefesios jurídicos. Así ocurrirá con cualquier ley que promueva la Asamblea: la de Amnistía, la de Producción Nacional, la del Banco Central de Venezuela, la de Divulgación y Acceso a la Información Pública, incluso contra la enmienda a la Constitución si llegara a aprobarse. Sus “sicarios judiciales” del TSJ se encargarán por cualquier medio de sentenciar que son inconstitucionales, que no deben ser obedecidas, las desconocerán o desaplicarán aquellas que pudieran hacer alguna mella al poder.

Mientras, la otra crisis, la económica, sigue su marcha devastadora contra el pueblo. En el país no hay comida, no hay medicinas, no hay hospitales ni servicio de salud, no hay agua, las calles están sucias y deterioradas, tenemos la grave amenaza de que nos podremos quedar sin electricidad por muchas horas al día. ¿Cómo se remedia esto? No hay solución aparente dentro de las actuales reglas de juego.

La producción nacional, que lleve alimentos y medicinas a los hogares venezolanos pasa porque se les reconozca la deuda con sus acreedores, que les permita restablecer sus circuitos de abastecimiento y de provisión de materias primas, insumos y repuestos. No basta con demagógicas “mesas” de producción o de consulta para discutir problemas. Se requiere de algo que no hay: voluntad para resolver los problemas y dólares. La falta de agua y la amenaza sobre el servicio eléctrico, no solo requiere que se adelanten las lluvias. Ahora hay aplicar medidas de emergencia y duros racionamientos, mientras se hace lo que no se hizo a tiempo: invertir en generación y nuevas facilidades eléctricas, en líneas de distribución, en mantenimiento. Y nuevamente el mismo problema: no hay los dólares, ni la voluntad para atraer inversión privada que lo haga, pues va contra la esencia y lógica misma del régimen que gobierna. Más grave aún, ¿Tendrá el Gobierno la fuerza para imponer ese duro racionamiento u otras medidas necesarias?

Y así llegamos a la amenaza latente: la ingobernabilidad.

La gobernabilidad, la capacidad de gobernar, se convierte en motivo de reflexión. Cualquier libro de texto elemental de política nos dice que la única manera de gobernar, no solo la mejor, es aquella que cuenta con el consentimiento de los gobernados. No con el “temor” de los gobernados.

La gobernabilidad es el resultado de dos elementos, la eficacia del gobierno en sus funciones y la legitimidad de sus actos frente a los ciudadanos. ¿Es este gobierno eficaz? La eficacia es la capacidad de alcanzar objetivos. La crisis económica parece desmentir esa capacidad de alcanzar cualquier objetivo. Entonces la pregunta, ¿Es este gobierno legítimo? La llamada legitimidad de origen, por la elección de Maduro, perdida al tenor de todas las encuestas y confirmada por la derrota electoral el 6D, aunque no lo quieran reconocer, a este gobierno le resta muy poca de esa legitimidad que llaman de desempeño.

La continuación y exacerbación, violenta, de la crisis política por parte del gobierno y sus seguidores nos hace vislumbrar una creciente pérdida de la legitimidad y gobernabilidad, que de producirse en manifestaciones –violentas o no– harán cada día más difícil la continuidad del régimen por vía pacífica.

La ingobernabilidad, así como la crisis política y económica, no solo afectan al régimen, nos afectan a todos los venezolanos por igual y ante eso es menester que el sector político opositor y la MUD estén preparados y preparen a la población para afrontar momentos cada vez más complejos y difíciles, que exigen temple y firmeza en las respuestas al Gobierno.

@Ismael_Perez

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