Respuesta: Movilización Popular!

Lo meramente jurídico es que La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), resolvió un recurso de interpretación constitucional respecto de los artículos 339 y 136 de la Constitución y los artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en recurso intentado por partidarios del Gobierno: Comunas, Consejos Comunales y otros movimientos u organizaciones populares. Lo real, lo político es que en un acto de bucanería y agavillamiento jurídico con el Poder Ejecutivo, el TSJ desconoció la voluntad de la mayoría de los venezolanos, desconoció el estado de derecho, desconoció a la Asamblea Nacional (AN) y declaro con vigencia el Decreto 2184, sobre el Estado de Emergencia de Nicolás Maduro.
La mencionada Sala argumentó que el control político de la Asamblea Nacional sobre los decretos de estados de excepción no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica y Constitucional de los mismos. Pero además, en una especie de consideración “ultra petita” –que no venía a cuento, pero si al caso– el “máximo” tribunal, sin ser requerido por los demandantes, desaplicó el artículo 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, es decir dejo sin efecto dicho artículo, el cual señala que la Sala Constitucional omitiría todo pronunciamiento si la Asamblea Nacional desaprobase el decreto de estado de excepción o negase su prórroga. Un artículo, que claramente le impedía al TSJ tomar alguna decisión con respecto a la decisión de la AN.
Y además, señaló el Tribunal, la Asamblea violó los procedimientos establecidos para ejercer el control político de este tipo de actos de gobierno, pues debió debatir el asunto como punto único de una sesión especial, dentro de las 48 horas después de haberse hecho público. Pero yo enfatizo que esto fue “solo además” y no la razón de fondo, como pretenden argumentar algunos para de paso endilgar la culpa de lo ocurrido a los voceros de la AN o de la oposición, con lo cual le hacen un buen servicio al Gobierno al calificar de descuidados, indolentes o mermados mentales a los líderes de oposición.
El TSJ da así un nuevo espaldarazo al Gobierno de Nicolás Maduro y demuestra que esta amelcochado con él, totalmente imbricado en sus decisiones económicas, las cuales apoya y está dispuesto a brindar su “concurso legal o jurídico” cuando sea necesario.
Lo ocurrido no es un tema jurídico. Es un tema político. Y no es de poca monta, pues configura una suerte de golpe al estado de derecho al desconocer lo expresado textualmente en la Constitución y lo decidido por los representantes del pueblo, la AN, en decisión soberana, apegados, como dijimos, a la Constitución Nacional.
Por supuesto que la conducta de la AN tiene que seguir siendo la misma: Ejercer sus atribuciones constitucionales aprobando las leyes que la representación de la mayoría del país considere adecuadas, aun cuando no sean del agrado de los pretendidos amos del país y estos utilicen todo su bagaje de armas abusivas para desconocerlas.
Pero la decisión del TSJ nos pone frente a una verdad de bulto: Este gobierno no va a dialogar. Este gobierno no va a retroceder de sus errores, ni va a rectificar sus políticas. Esa es una vana esperanza. Este Gobierno debe ser derrotado y golpeado en el lugar donde le duele, donde lo pone al descubierto frente a los suyos y frente al mundo: En la movilización popular y en las urnas electorales pues ante el problema político que enfrentamos, debe haber también una respuesta política de movilización, que no corresponde a la Asamblea sino a los partidos políticos, a los ciudadanos y al país como un todo.
Esa respuesta, en mi opinión, debe ser de carácter masivo, de movilización popular. Por supuesto no me refiero a la pretendida “rebelión” que quieren algunos, especialmente en el gobierno; no se trata de la rebelión de un pueblo inerme frente a todas las fuerzas represivas del Estado, incluyendo el ejército. Tampoco se trata de unas “guarimbas” en el este de la ciudad que más estorban a los vecinos que al Gobierno. El Gobierno provoca pues anhela disturbios para reprimir y apresar a algunos, atemorizar a la mayoría y eventualmente terminar de implantar un estado de terror o un gobierno militar, por la calle del medio.
No tengo una propuesta completa ante este complejo problema, pero en mi opinión, la movilización clásica en un régimen democrático se da en torno a los procesos electorales. Esa es una ocasión propicia, al alcance de cualquier ciudadano, para movilizarse por todo el país y que además se puede concretar en una jornada electoral que no deje ninguna duda acerca de lo que el pueblo opina.
Creo, como algunos líderes opositores, que de todas las opciones que se barajan para salir lo antes posible de este Gobierno es el referendo revocatorio y la movilización que eso implica. Reunamos siete millones seiscientas mil firmas y luego siete millones seiscientos mil votos –pues deben ser más votos de los que saco Nicolás Maduro en 2013– y le daremos un golpe mortal a este régimen de oprobio.
@Ismael_Perez

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