Precario Estado de Derecho

En un precario Estado de Derecho, como el que vivimos en Venezuela, los poderes públicos están concentrados o secuestrados por el Poder Ejecutivo. Desde Miraflores se escribe el guion que todos los demás poderes ejecutan, la partitura que todos tocan al unísono. Cuando se da una orden o se hace un comentario desde Miraflores, aun sin aclarar o entender muy bien de que se trata, rápidamente los voceros del Palacio, el Vicepresidente, el Canciller y varios ministro mas, repiten el coro y todos se desviven por ejecutar la orden y los deseos presidenciales.

De darse el caso que amerite su intervención, el TSJ encontrará “razones jurídicas” y vericuetos de la ley para que lo propuesto por el Ejecutivo tenga apariencia de legalidad y sea factible. La Fiscalía, Defensoría del Pueblo o Contraloría se harán la vista gorda o reaccionaran tardíamente ante cualquier denuncia que alguien plantee. Y por supuesto, el CNE o no dirá nada o encontrará la manera de invalidar cualquier cosa que propongan los opositores del Gobierno.

El Gobierno hace caso omiso de las leyes, viola la Constitución, que él creó y promovió hace 16 años; abusa del poder y utiliza los recursos del estado para promover políticamente sus proyectos y especialmente su modelo económico; lo único que escapa a este escenario de sometimiento total al Poder Ejecutivo, son unas pocas Gobernaciones y alcaldías y por supuesto la Asamblea Nacional, cuyo margen de acción es desafortunadamente pequeño, pues ni maneja presupuesto ni tiene ámbito ejecutivo, más allá de denunciar y ejercer –o intentar ejercer– algún control público. Así es ridículo y absurdo pensar que los argumentos que se esgriman para oponerse a este orden de cosas puedan ser de naturaleza jurídica.

Todos los argumentos jurídicos son inútiles ante el TSJ, porque dar argumentos jurídicos solo tiene sentido en un estado de derecho normal. Aquí prevalece el criterio político, el cargo, el bozal de arepa para todos. Desde una sentencia de un tribunal contra un opositor que manifiesta su descontento, hasta la decisión del Contralor o del CNE de invalidar determinadas candidaturas, de nada sirven los argumentos jurídicos, como no sea simplemente para que quede constancia histórica, que ya es algo. La discusión, por tanto, no es en el ámbito jurídico, sino político.

Como proceso político o como alternativa política la oposición carece de la fuerza física para imponer su criterio; no así el Gobierno, que la tiene y utiliza para mantenerse en el poder, para intimidar y obligar a los demás a aceptar sus directivas; tiene también el dinero, los recursos, que aunque no son suficientes para resolver los graves problemas del país, si lo son para imprimir afiches de Chávez y empapelar con ello la ciudad, financiar a sus partidarios, llevarlos a actos, mítines, reuniones, o simplemente –como han hecho siempre– sacarlos de su casa y llevarlos a votar el día de las elecciones, utilizando descaradamente, sin que ninguna autoridad lo impida, los recursos y medios del Estado.

Además del absurdo de algunos de pensar en “fuerza física”, quienes de la oposición esperen una solución que provenga del estamento militar lo que se pueden encontrar es una sorpresa como aquella del lejano 11 de abril de hace 14 años o algo similar a lo que ocurrió después en la Plaza Altamira, cuando un grupo de uniformados de alto rango al verse aislados en los cuarteles, sale al encuentro y búsqueda de la protección de los ciudadanos.

Otro error común es pensar que este gobierno “revolucionario” tiene nuestra misma lógica o que le importa el país como nos importa a nosotros o que van a reaccionar como nosotros reaccionamos frente a la grave crisis económica y social que vivimos. Vemos lo que ha ocurrido en el pasado y lo que está ocurriendo ahora, que pensamos que por orgullo, vergüenza, lástima, amor propio, sensibilidad ante la miseria y las colas de miles de personas buscando comida y medicinas, el Gobierno reaccionaría para impedirlo y constatamos como no le importa lo más mínimo lo que pasará en el país y que este se destruya. Lo importante era y es mantenerse en el poder.

Este es un Gobierno que fue electo democráticamente, pero no es un Gobierno democrático. Como se ha argumentado hasta el cansancio, se trata de un “régimen”, más que un Gobierno y su líder no fue tal, sino un caudillo, popular sin duda, pero que no todo el pueblo estaba con él, porque —como alguien bien dijo— en Venezuela no hay cuatro millones de oligarcas ricos, que fue el número de votantes que solicitamos la revocatoria de su mandato y que casi se duplico para la elección del pasado 6D.

Este un gobierno que habla del hombre nuevo, de un “socialismo nuevo”, del siglo XXI, que muestra en sus franelas y camisetas la imagen del Che —el supuesto “guerrillero heroico”— pero que viola los derechos humanos, que persigue con saña a sus oponentes, que se burla y abusa de los opositores que captura y están indefensos. Que en el pasado no tuvo vergüenza en reconocer que durante meses persiguió y amenazó a los que firmaron en su contra, pero que un buen día decidió que ya bastaba, que ya estaba bien, que ya eso había pasado y ordeno enterrar aquella infame “lista de Tascón”, como si nada hubiera ocurrido. Que habla en contra del imperialismo en foros internacionales, pero que negocia con él el petróleo y que no duda en amenazar con tomar medidas “imperialistas” contra los que son más débiles, por ejemplo algunos países de Centro América y el Caribe si no acatan sus propuestas en los foros regionales.

Este “orden” que lucía monolítico se ha resquebrajado y enfrenta, sin los recursos del petróleo, una grave crisis que él fue creando durante 16 años con políticas erróneas. Este es el orden de cosas que la población venezolana tiene que enfrentar y oponerse firmemente, con casi ocho millones de votantes, con mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional, con tres gobernaciones y varias decenas de alcaldías, que no es poca cosa ni una fuerza despreciable, si se logra coordinar.

@Ismael_Perez

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