¿Y después, qué?

El tema de lo que ocurrirá después del 6D es necesario discutirlo asumiendo, como hoy es previsible, la victoria de la oposición o, mejor dicho, la derrota del Gobierno. No importa si la diferencia de votos a favor de la oposición es mucha o poca, porque lo que no cabe duda es que se abrirá una nueva era en la política del país. Inédita. Por primera vez en quince años tendremos un cuerpo legislativo contrario y enfrentado al poder central.

Para ese momento debemos prepararnos desde ahora. En primer término, mentalizándonos con que eso va a ocurrir y que en el país tendremos una mayoría opositora, pero también una minoría oficialista, del PSUV y otros partidos, que seguirán actuando en política.

Ya algunos analistas políticos han hecho referencia a este tema y han comenzado a tratarlo. Por solo mencionar algunos, el Padre Luis Ugalde S.J. en varios artículos de prensa y en un panel reciente en Analítica.com (22 de junio 2015); a Jean Maninatt en un artículo de prensa (El Universal, viernes 24 de julio de 2015); a Boris Muñoz, en su trilogía de artículos, Demonios de la Transición, publicada en Pro Davinci (25 de junio, 4 de julio y 28 de julio); y la más reciente entrevista radial a Fernando Mires por Cesar Miguel Rondón (6 de agosto de 2015). Pero, como dije, estos son solo ejemplos, no son los únicos en tratar el ineludible tema.

Por lo pronto, al ganar la Asamblea Nacional, la oposición debe encabezar un proceso de negociación con el llamado Polo Patriótico, —PSUV, PPT, Partido Comunista, entre otros—, donde lo mas menudo será escoger la Directiva de la Asamblea, pero sobre todo, la integración de las Comisiones Legislativas que deben hacer el seguimiento y control del Gobierno Nacional.

Sin contar con las demás atribuciones constitucionales del cuerpo legislativo en materia administrativa, presupuestaria y económica, a la mayoría opositora que lo dominará, corresponderá también negociar la integración de los demás poderes públicos y políticos en el país: elegir las vacantes que vayan quedando en el Tribunal Supremo de Justicia y en su momento, renovar este cuerpo; así como al Consejo Nacional Electoral, al Poder Ciudadano: Fiscal General, Defensor del Pueblo, Contralor y además autorizar el nombramiento del Procurador y los embajadores del país. Ejercer esas funciones supondrá un complejo proceso de negociación, al interior del cuerpo y con el Poder Ejecutivo, vale decir, con el Presidente de la República.

Pero el proceso negociador más importante que se abrirá en esta nueva era se dará en el país como un todo, en el centro de la sociedad misma, para reconstruir la base de la democracia y las instituciones, demolidas en estos 16 años de ruina y malos gobiernos.

Eso comienza por aceptar que la sociedad venezolana está dividida en tres bloques monolíticos y bastante homogéneos en número. Uno integrado por quienes defienden el régimen, otro por quienes lo adversamos; y un bloque, que pareciera indiferente, pero que es el que inclina la balanza en los diferentes procesos electorales.

No podemos seguir ignorando políticamente esta realidad y se hace necesario abrir un proceso de negociación que, sin temor a los lugares comunes, supone un nuevo pacto social.

La idea no es nueva y ha sido expuesta no solo por los referidos analistas políticos ya citados, sino que se remonta a varios años e intentos; desde los políticos adelantados por los partidos opositores —con la Coordinadora Democrática y la Mesa de la Unidad Democrática— hasta los de carácter menos partidista y más amplios, cuyo mejor ejemplo fue aquel Pacto de Gobernabilidad firmado entre Fedecámaras y la CTV —con la facilitación de la Iglesia Católica, en la Quinta la Esmeralda, el 5 de marzo de 2002— que me recordó recientemente un amigo.

Ese Pacto de la Esmeralda —que fue enterrado tras los acontecimientos conocidos de abril de 2002— fue el intento más acabado y elaborado de los últimos 13 años y no tengo ninguna vergüenza ni temor en reconocerlo y proponer su lectura y reflexión, con una nueva visión; la visión que nos proponen las actuales circunstancias políticas, en las proximidades de una nueva correlación de fuerzas en el país, que será sancionada por el proceso electoral que se cumplirá el 6D.

Tras pasearse por un diagnóstico y diversos temas, el Pacto hacía un llamado a incorporarse en la discusión a: la academia, la sociedad civil, los partidos políticos, los medios de comunicación social y llegaba a un consenso en diez puntos. (Ver documento completo en: http://www.efemeridesvenezolanas.com/sec/doc/id/14/?show=1 )

Desde luego que no pretendo desenterrar ese pacto sin más, pero sus planteamientos, recogidos en una especie de decálogo, son una buena base para la discusión actual: Superación de la pobreza; plan inclusivo y unidad nacional; civil democrático y constitucional; pacífico y tolerante; una Fuerza Armada Nacional no deliberante e institucional; eficiencia, productividad y transparencia de las políticas públicas; un Estado que se equilibre y se complemente con la sociedad; capital, trabajo y consumidor; recuperación de la imagen y la confianza internacional de Venezuela; y ética, valores y educación.

Díganme con sinceridad si estos no son puntos claves para arrancar la discusión de un nuevo pacto social.

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